Menos ‘magia’ financiera; más banca ‘funcional’

Es de sobra conocida la relevancia que, desde siempre, ha tenido el crédito bancario en la financiación de la actividad económica en España. Así, mientras que los préstamos bancarios representaron más del 140% del PIB (Producto Interior Bruto) español en el año 2005, el volumen de títulos de renta fija emitidos y la capitalización bursátil no superan el 80% del PIB. Eso sí, en los dos últimos años, el mercado de crédito se ralentizó primero y luego cayó. Y eso ha agravado la situación.

El predominio de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el tejido empresarial español realza todavía más la importancia del sector bancario, en la medida en que los datos referidos a la estructura financiera de este tipo de empresas apuntan hacia la mayor dependencia respecto al crédito bancario. Por todo ello, no nos debe sorprender que en la última etapa de expansión económica en España se registraran elevadas tasas de crecimiento del crédito, que durante el periodo 2003-07 se situaron en el entorno del 20%; y en algunos años puntuales, por encima de este valor.

Pero la situación del mercado de crédito ha cambiado radicalmente por la notable ralentización registrada en 2008 (7,3%) y su posterior caída en 2009 (-1,8%); y todo ello ha ocurrido a pesar de las medidas de estímulo económico y de apoyo al sector, por lo que existe una gran preocupación e inquietud por el escaso pulso que se observa en el mercado de crédito. ¿A qué se debe esta situación de parálisis, comparada con los años anteriores, en el mercado crediticio español? Para entender la letanía actual es necesario comprender los factores que explican el empuje y dinamismo de la etapa anterior; porque, si excepcional es la situación de inactividad actual, la exuberancia de la etapa anterior lo fue aún más.

Exuberancia crediticia (00-08). La notable expansión del crédito bancario en España entre 2000 y 2008 obedece, entre otros factores, a una notable mejora de la eficiencia productiva del sector, favorecida por los mayores niveles de competencia a que condujo la liberalización del sector. El aumento de la competencia, junto a la notable reducción experimentada en los tipos de interés, imponía un reajuste en la cascada de resultados de las entidades, para de este modo no perder cuota de mercado en el segmento de la banca minorista tradicional. En concreto, el cambio exigía, y así se hizo, una reducción progresiva en los elevados márgenes de intermediación del sector, la cual sería contrarrestada, no sólo con mayores niveles de eficiencia, sino también con el aumento de la escala operativa (ampliación del número de operaciones de intermediación) y la explotación de nuevos mercados (el crecimiento de los otros ingresos). El aumento en la escala de operaciones estuvo facilitado por la existencia de una demanda creciente que, ya fuera por las favorables condiciones de bajos tipos de interés que se aplicaban o por las expectativas de alta rentabilidad asociadas a las operaciones de endeudamiento (operaciones inmobiliarias), condujeron a un crecimiento de lo que, un tanto eufemísticamente, se denominó entonces apalancamiento financiero, lo que ahora se cataloga como excesivo endeudamiento.

No se debe pasar por alto que, en buena medida, esas condiciones financieras extraordinariamente favorables, en ocasiones denunciadas como excesivamente laxas para la economía española, fueron resultado directo del acceso de España a la Unión Monetaria Europea en 1999, que: a) exigió una considerable reducción de los tipos de interés en España para poder así converger hacia el nivel exigido en los criterios de convergencia y b) proporcionó un acceso mucho más inmediato y barato a los mercados financieros internacionales. En este sentido conviene recordar que el tipo de interés del mercado interbancario en España se situaba por encima del 9% en 1990, mientras que en enero de 1999 ya estaba en el 3%. Desde esa fecha se ha mantenido en el 3,3% como promedio. Por otro lado, los datos de la Cuenta Financiera elaborada por el Banco de España reflejan que en 2008 el conjunto de sectores institucionales de la economía española había concedido poco más de 156.000 millones de euros en préstamos al resto de mundo, mientras que ese mismo año había recibido del resto del mundo, por ese mismo concepto, un total de 338.000 millones de euros (para el año 2001, esas cifras fueron, respectivamente, 61.000 y 131.000).

Por lo tanto, de lo expuesto hasta este momento se puede concluir que el crecimiento del crédito en los anteriores años de bonanza estuvo alimentado, en buena medida, por factores extraordinarios, algunos de los cuales tenían un carácter temporal, reversible e, incluso, preocupante. Por ello resulta completamente inapropiado, tal y como se insinúa (o anhela) en ocasiones en la actualidad, que podamos recuperar esos años de exuberancia financiera, en la medida que buena parte de esa explosión crediticia se facilitaba por la existencia de unas condiciones financieras coyunturalmente favorables y poco sostenibles a largo plazo, y estaba siendo alimentada por una demanda crediticia con un marcado carácter especulativo (sector inmobiliario) que no contribuyó a mejorar el potencial de crecimiento, la competitividad y los niveles de productividad de la economía española a largo plazo. Resulta poco productivo, pues, que sigamos preguntándonos qué podemos hacer para recuperar el ritmo de crecimiento del crédito durante el periodo 2000-08. Las preguntas que debemos formularnos en estos momentos deben ser otras, como, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para evitar que los abusos de la ingeniería financiera ensombrezcan el papel central que desempeña la banca en el crecimiento económico? Porque uno de los riegos actuales es, en mi opinión, que, para corregir los excesos pasados de la ingeniería financiera y restaurar la confianza perdida en el sistema financiero, acabemos por erradicar el carácter funcional del sistema bancario por nuestra obsesión de garantizar su máxima eficiencia financiera.

La atonía del crédito. ¿Por qué el crédito bancario no crece al mismo ritmo que antes? ¿Es que las entidades bancarias no quieren/pueden prestar? ¿Es que las empresas y particulares no quieren/pueden endeudarse? ¿Qué se puede hacer –desde la política económica– para reactivar el canal crediticio en España?

La primera de las preguntas entiendo que en parte está ya respondida en párrafos anteriores: el crecimiento excepcional del crédito resulta irrepetible porque obedeció a circunstancias excepcionales (un pronunciado descenso de la preferencia por la liquidez de los agentes, fundamentalmente de los bancos; unos bajos tipos de interés; un incremento de la financiación obtenida en los mercados internacionales; y una demanda crediticia en constante expansión como consecuencia de las expectativas de revalorización futura de los activos inmobiliarios, que alimentaba una buena parte de la demanda de crédito y del propio crecimiento del nivel de empleo del conjunto de la economía).

Respecto a la entidades bancarias, es probable que en la actualidad algunas entidades estén dispuestas (quieran) a prestar y no puedan hacerlo (bien por carecer de una sólida base de recursos propios o ajenos –depósitos– o bien por no poder acceder a los mercados internacionales en condiciones aceptables). Pero también es probable que haya otras entidades que, disponiendo de recursos para prestar, simplemente hayan decidido no hacerlo… al menos en las mismas condiciones en que lo venían haciendo en el pasado (concentrando activos y actividad crediticia en sectores con –ahora– reducidas expectativas de crecimiento: promoción y construcción residencial, sector inmobiliario, etcétera). Por lo tanto, podemos concluir que la contracción actual de la oferta de crédito podría ser el resultado de una combinación de estos dos factores: escasez de recursos crediticios y de oportunidades razonables de inversión en el ámbito geográfico operativo de la entidad. Aunque no se conoce la importancia que uno u otro motivo pueden tener en el caso español, las constantes apelaciones que viene realizando el Banco de España en los últimos meses para que se produzcan cambios en el mapa bancario español, nos hacen pensar que los acuerdos de colaboración a que esta institución insta que lleguen las entidades del sector persiguen el objetivo de contrarrestar los puntos débiles que pudieran presentar algunas entidades que muestran claras complementariedades en este sentido: entidades que necesitan liquidez con otras que necesitan ampliar (para diversificar) su ámbito de actuación. Esta es, precisamente, la finalidad de los denominados Sistemas Institucionales de Protección (SIP).

Pero para que el crédito se recupere no basta con que haya entidades dispuestas a prestar. Además de esto, es necesario que haya agentes dispuestos a endeudarse y, aún más importante en el contexto actual de aumento de la morosidad, que estos reúnan los requisitos que se consideran apropiados por parte de los gestores de riesgos. Por lo tanto, es probable que la atonía que se aprecia en la actualidad en el mercado de crédito, particularmente en algunas regiones y sectores, no sea el resultado exclusivo de una minoración de la base de recursos prestables con los que cuentan las entidades, sino de la imposibilidad de encontrar (en su entorno operativo inmediato) proyectos que reúnan las condiciones adecuadas en materia de riesgo y rentabilidad. Aunque muchas veces se ha repetido la media verdad de que fueron los excesos de la ingeniería financiera los que ocasionaron la crisis económica mundial, también es otra verdad a medias que esta crisis se resuelve con la reestructuración y el saneamiento del sector bancario. Resulta incuestionable que para que la recuperación económica llegue es necesario que se recupere el mercado de crédito. Pero para que el crecimiento sea sostenido (y sostenible) hace falta mucho más que un mercado de crédito eficiente y activo; hacen falta proyectos empresariales y un sistema bancario eficiente y comprometido con el crecimiento y el desarrollo económico.

Pero para poder cumplir con este objetivo tan necesario ahora, no nos olvidemos de que debemos poner en valor no sólo la eficiencia financiera de las instituciones, sino también lo que algunos economistas denominan como eficiencia funcional, que no es otra cosa que valorar los resultados de la intermediación financiera desde la perspectiva de su contribución al crecimiento a largo plazo y la provisión de crédito de un modo estable a lo largo de los sucesivas fases de expansión y recesión por las que se desenvuelve toda economía de mercado. En este sentido, conviene recordar que no sólo existe evidencia a largo plazo sobre la existencia de correlación (no causalidad) entre crecimiento económico y eficiencia financiera; también existen contribuciones sobre las ventajas derivadas de disponer de un sistema financiero que también contemple entre sus objetivos la persecución de mayores niveles de eficiencia funcional, y no sólo la eficiencia financiera.

Desafortunadamente, de sobra es conocido que, en el corto plazo, la eficiencia funcional no es un valor que cotiza en los mercados y, por lo tanto, la dinámica competitiva de los mercados suele conducir a reforzar la conocida confusión entre precio (eficiencia financiera) y valor (eficiencia funcional), a menos que las autoridades económicas (y el regulador) sepan establecer un precio de mercado para la contribución del sistema financiero al desarrollo económico y social.

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