A nadie se le puede escapar en estos momentos que el año 2009 no ha sido un buen período tanto para las administraciones como para la sociedad en general. La crisis económica en la que todavía nos encontramos sumergidos y sus consecuencias, en especial la destrucción de empleo, han obligado a las corporaciones locales, con menos recursos incluso, a atender las demandas sociales que se han disparado con especial virulencia el año 2009. Los ayuntamientos canarios han tenido que agudizar el ingenio para buscar recursos con el fin de hacer frente a este incremento considerable que se ha producido en las demandas sociales, dejando al descubierto, una vez más, los déficit de financiación que padecen las corporaciones locales y que requieren de una revisión a fondo de las transferencias. Los ciudadanos, que no entienden de transferencias, siguen mirando a los ayuntamientos como la Administración más cercana y a la que demandan prestaciones de ayuda cuando atraviesan por tiempos difíciles.
No obstante, quiero destacar en materia social el esfuerzo de negociación que llevó a cabo la Federación Canaria de Municipios (Fecam) con la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias para alcanzar la firma del convenio del Plan Canario de Emergencia Social, dotado con seis millones de euros para afrontar de forma extraordinaria las demandas de las familias canarias a través de los servicios municipales. El desempleo es, sin lugar a dudas, el principal problema que está afrontando la sociedad canaria. Los ayuntamientos, a través de los convenios con el Servicio Canario de Empleo, damos una respuesta a esta problemática, sabedores que es insuficiente, pero poniendo todo el esfuerzo en que los planes que se realicen potencien la capacidad de facilitar el acceso al mercado laboral de los participantes.
En materia de empleo considero que ha sido importante la adhesión de la mayoría de los ayuntamientos de Canarias al Pacto Social por la Economía y el Empleo. En estos momentos de crisis, donde las demandas de los ciudadanos son cada vez mayores y se reducen los recursos de las administraciones para atender a sus necesidades, más que nunca debemos apostar por aunar esfuerzos y avanzar de forma coordinada. Estoy convencido de que la aportación de los ayuntamientos al Pacto será fundamental para conseguir entre todas las instituciones y los agentes sociales el principal objetivo, que no es otro que la generación de empleo de calidad en Canarias.
No obstante, la preocupación social de la Federación Canaria de Municipios no se detiene en nuestras fronteras y trabaja con decisión en la cooperación internacional, como pone a las claras el acuerdo que firmó esta institución con la Fundación Vicente Ferrer, que desarrolla una labor encomiable en favor de los más necesitados en La India. En esta línea de trabajo se han realizado experiencias de un calado importante como las jornadas sobre gobernanza local dentro del marco de cooperación entre Canarias y Mauritania o aquellas otras de formación en cooperación y ayuda al desarrollo dirigidas a técnicos municipales y concejales. Otro espacio destacado en las acciones de la FECAM es la promoción de las políticas de igualdad. Para ello, en el año 2009 firmamos un protocolo de colaboración con el Instituto Canario de la Mujer y, en cooperación con este organismo, hemos potenciado la implantación del principio de igualdad en la gestión municipal.
En ese esfuerzo de consenso por el que apostaba anteriormente, no puedo dejar pasar por alto el acuerdo que alcanzó la Fecam con los cabildos, como es la comisión mixta para determinar la financiación y las competencias de las corporaciones insulares y locales. Un acuerdo me atrevería a decir que histórico, ya que puede marcar el futuro de las corporaciones locales mediante la creación de un nuevo modelo de financiación que se ajuste al ámbito competencial que desarrollan las instituciones. Considero que es urgente que nos sentemos a negociar las tres administraciones implicadas para establecer un nuevo modelo de financiación que, de verdad, se ajuste a la realidad de las instituciones para que el municipalismo obtenga, de una vez, el reconocimiento que todavía tiene pendiente.
Dicho acuerdo contemplaba también otra serie de medidas de carácter fiscal que pueden contribuir a esta anhelada mejora de la financiación de las administraciones locales. No cabe duda de que uno de los asuntos más espinosos que hemos tenido que hacer frente, por lo que representaba de pérdida de fondos para los ayuntamientos, es la devolución negativa del REF. Una larga negociación en la que las tres administraciones (ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias) hemos cedido para llegar al mejor de los acuerdos posibles. En estos tiempos de crisis, las administraciones tenemos que apostar por la vía del diálogo y la negociación de manera decidida. Debemos tratar de remar con fuerza en la misma dirección por el bien del interés general. En este sentido, no creo equivocarme al afirmar, con el conocimiento que de la realidad municipal me da la presidencia de la Fecam, que los ayuntamientos han sido siempre instituciones generosas y abiertas al consenso en beneficio de los ciudadanos a los que representan.
