Hablar del municipalismo en Canarias en el año 2009 es hablar de dificultades económicas para hacer frente a todos los gastos que conlleva la maquinaria municipal, máxime cuando se produce una disminución de los ingresos a la par que un preocupante aumento en la demanda social de las familias con menos recursos económicos. Por ello, antes de continuar con este asunto quiero hacer una pequeña parada en algunas imágenes que se han dado a lo largo del pasado año.
Las imágenes en las que quiero detenerme se han visto en todas las islas del Archipiélago. Y quiero centrarme en las mismas porque me entristece pensar que me puedo acostumbrar a ellas, que mi cabeza las sitúe en cualquier momento dentro de la normalidad, y algún día pase del asombro a la indiferencia. Me refiero al cierre de pequeñas empresas, a los continuos carteles de liquidación de otros tantos comercios, al espectral silencio que presentan algunas infraestructuras hoteleras en las zonas turísticas por obligado cierre, a multitud de edificaciones regadas por la Isla, urbanizaciones fantasmas a medio construir, y a los anuncios de “urge venta” de pisos y casas con escasos años de habitabilidad.
La soledad de algunos bares y restaurantes en determinadas horas del día, y en contraposición, las colas en las puertas de establecimientos dedicados a la compra y venta de oro, también forman parte de estas imágenes de cualquier municipio, que se han venido a sumar a otras que por desgracia, han terminando siendo habituales en nuestra sociedad: las personas que se alimentan gracias a los comedores sociales y el incremento de petición de ayudas básicas en los servicios sociales. Como digo, todas estas imágenes (seguro que habrá muchísimas más) merecen mi atención cuando se habla del municipalismo en Canarias porque forman parte del día a día de ciudades y pueblos.
Y también porque no ha habido prácticamente avances y tampoco novedades cuando hablamos de municipalidad en 2009. A excepción, claro está, de las indeseables regulaciones de empleo que, por primera vez en Canarias, se han producido en al menos dos ayuntamientos; y de otras tantas situaciones denunciables que han obligado a personal temporal a prestar sus servicios a alguna corporación local sin antes regularizar su situación laboral. Por supuesto que no se puede generalizar, pero existe, se han hecho verdaderas triquiñuelas para, sin dejar de prestar algunos servicios (los deportivos, por ejemplo), algunas personas hayan trabajado algún periodo de tiempo para la administración pública sin ningún tipo de contrato laboral.
Ya en 2008 se preveía lo que ocurriría al siguiente año, pues la gravedad de la situación económica llevaba aparejada una reducción de los ingresos y un incremento de los gastos. Y mientras se sucedían situaciones como las apuntadas e iban pasando los meses, en noviembre de 2009 se producía un acuerdo entre los cabildos y los ayuntamientos por el que estas instituciones deciden sumar fuerzas para defender sus intereses frente al Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria. Les ha llevado nada más y nada menos que un año a las corporaciones locales -a través de la Fecam y la Fecai- tomar esta decisión para reclamar “con una sola voz” al Ejecutivo regional que actualice las competencias y la financiación de los servicios transferidos.
No hay que olvidar que el año anterior había finalizado con la advertencia de las corporaciones locales de tomar este camino que, sin embargo, no empieza a tomar forma hasta un año después. Ahora se disponen a crear “de forma urgente” una comisión mixta y tripartita, formada por ayuntamientos, cabildos y Gobierno canario, para negociar un nuevo modelo de financiación que lleva implícito la actualización de competencias. Sería deseable pues que aligeraran este proceso.
Con la constitución de la citada comisión técnica se pondría en marcha la tercera descentralización administrativa del Archipiélago, que permitirá a los cabildos y ayuntamientos asumir todas las competencias insularizables que ahora viene ejerciendo de forma exclusiva, o compartida, el Gobierno autónomo. Claro está que primero tendrán que aclarar el orden competencial de cada administración a fin de evitar la duplicación de funciones y los gastos entre el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos. Se trata pues de valorar y cuantificar el coste efectivo de las competencias impropias que hasta ahora vienen asumiendo y prestando con sus recursos los ayuntamientos canarios.
Errores y aciertos
El año 2009 llevó consigo la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de dos ayuntamientos: Barlovento, en La Palma, y Gáldar, en Gran Canaria. Una “medida injustificada”, tal como denunciaron los sindicatos por cuanto significa la destrucción de empleo en la administración pública. En este periodo se logró un acuerdo entre el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos tras una celebrar una multitud de reuniones tanto institucionales como técnicas, que permitirá ejecutar hasta el año 2012 la devolución de los 170 millones que las corporaciones locales deberán efectuar a cuenta de las liquidaciones negativas, teniendo que soportar al mismo tiempo unas recaudaciones inferiores con respecto a ejercicios anteriores.
Asimismo se continuó con los planes puestos en marcha por parte de la Administración General del Estado y del Gobierno de Canarias para intentar paliar la difícil situación económica de las corporaciones locales, que además siguen soportando un endeudamiento con bancos y seguridad social de cierta consideración a la par que una deuda importante con empresas de suministro. Así, el Ejecutivo autónomo puso en marcha el segundo Plan de Emergencia Social con el objetivo de paliar los efectos de la crisis económica, dotado con seis millones de euros, para que los ayuntamientos pudieran hacer frente a la avalancha de peticiones de ayudas de emergencia social que se venía produciendo.
Por su parte, el Estado distribuyó entre los ayuntamientos que presentaron proyectos las asignaciones del Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como el Plan E, cuyos objetivos son fomentar la inversión municipal, crear empleo y generar actividad empresarial. Canarias recibió en dicho ejercicio un total de 358,6 millones de euros, que han permitido –y a las cifras oficiales me remito– la creación de 22.856 empleos, cifra superior a la estimada en un principio, que se situaba sobre los 12.000. Este Plan debía significar un respiro para la hacienda municipal, y seguramente así habrá sido.
También habrá Plan E para 2010, pero un respiro no es algo infinito y si no se toma la senda adecuada, estas soluciones podrían quedar en un mero parcheo. Esperemos que no sea así y que se establezcan los cauces necesarios para que los ayuntamientos canarios reciban las asignaciones que les corresponden para el correcto funcionamiento de toda la maquinaria municipal. Claro está que esto tampoco será posible si no lleva aparejada una gestión eficaz.
