2023 fue un año convulso para Fuerteventura, marcado a nivel institucional por la inestabilidad política, y en el plano socioeconómico, por las carencias de un bien fundamental, como es el agua de abasto.
También por las consecuencias que tuvo, para el territorio y para la vida de la gente, un proceso que venía de atrás, pero que en este ejercicio electoral se hizo plenamente patente: el retraso -o en muchos casos la inexistencia- de instrumentos de planificación. Ello tuvo repercusiones en la proliferación de complejos de renovables sin control, en el proyecto Dreamland, en el constante pulular de visitantes en zonas de interés ambiental, o en la escasez de vivienda para los habitantes de la isla, especialmente en los núcleos turísticos.
Todos estos temas fueron noticia en este 2023, que arrancó con una situación inédita en el Archipiélago. Tras cesar a los siete consejeros de Coalición Canaria-Asamblea Majorera, y marcharse por voluntad propia los cuatro del Partido Popular, en enero se quedaba al frente del Cabildo Insular el presidente Sergio Lloret, apoyado por un solo consejero.
De los 23 consejeros que tiene el Cabildo de Fuerteventura, quedaban dos en el gobierno y 21 en la oposición. Dos personas, procedentes de la cuarta plancha por número de votos en las elecciones de 2019, gobernando solas, al frente de la máxima institución insular.
Para entenderlo, no basta con un repaso a este único ejercicio. Lola García (CC) la primera presidente electa en la historia de la institución, sin apoyos para conformar una mayoría, fue censurada nada más tomar posesión. Blas Acosta (PSOE) fue elegido presidente en un pacto con Podemos y la plancha de Sergio Lloret (AMF, NC). La alianza terminó por romperse, y ante la inminente moción de censura, Blas Acosta dimitió a principios de 2021. El Cabildo terminó conformando una nueva mayoría, con PP y CC apoyando la presidencia de Lloret, a pesar de que ya entonces, no era necesario para la moción de censura.
La situación no fue distinta en los municipios, marcados a nivel político por las mociones de censura, roturas de pactos, ceses y dimisiones de concejales… en cuatro de los seis ayuntamientos majoreros: La Oliva, Pájara, Tuineje y Puerto del Rosario.
No daría con estas líneas para repasar lo ocurrido, pero sí para evidenciar que el excesivo tacticismo político, las maniobras por el puro poder en las instituciones de la isla, resultaron, en las elecciones de mayo de 2023, con el paso a un segundo plano de las formaciones más pequeñas, que de un modo u otro, fueron protagonistas de la legislatura más convulsa en la historia de Fuerteventura.
Fuerteventura ha sido una isla de crecimiento constante en lo que llevamos de siglo. Prácticamente duplicó su población en la década de los 2000, para situarse en torno a las 100.000 personas. En la década siguiente, se sumaron otras 20.000 más, y en algunos municipios, como La Oliva, la población extranjera supera ya la nacional. Más extranjeros que españoles, porque de los canarios, entre los nacionales, las estadísticas no hablan.
El dato sirve para ilustrar cómo, a pesar de este desmesurado crecimiento, la isla ha vivido todos estos años en una relativa cordial convivencia entre vecinos y vecinas de cualquier procedencia. Sin embargo, fue en este ejercicio final de la legislatura, en que se hicieron claramente patentes las carencias de planificación.
Los planeamientos obsoletos
El Cabildo de Fuerteventura no actualiza su Plan Insular de Ordenación desde el año 2001, más o menos igual que Antigua, los planeamientos de La Oliva y Tuineje se redactaron en los ochenta, y Pájara lo ha conseguido actualizar, a duras penas y por partes, en estos últimos años.
Los espacios naturales majoreros, como los parques naturales de las Dunas de Corralejo, Isla de Lobos y Jandía, o los monumentos naturales, las zonas ZEPA, de un modo u otro o carecen, o necesitan de instrumentos de gestión. Fuerteventura no cuenta tampoco con ordenanzas o planificaciones especiales que son particularmente necesarias en materias como energía o acampadas, por ejemplo.
¿Por qué cuento todo esto? Porque sirva quizá para explicar situaciones que la ciudadanía no entiende. Por ejemplo, que la isla se esté llenando de parques eólicos y solares sin ningún tipo de control -en ausencia de planificación, la Ley del suelo actual permite su trámite por la propia iniciativa del promotor-, que los municipios no hayan ordenado su suelo para facilitar la promoción de vivienda, pública o privada; que en los veranos la costa majorera se llene hasta arriba de caravanas en primera línea de playa, o que visitantes desaprensivos, alentados en las redes sociales por otros iguales antes que ellos, se metan hasta el fondo de los volcanes, llenen las dunas fósiles de grabados, organicen una rave en lo alto de una montaña, o dejen pelada, hasta la misma tierra seca, una preciosa playa de rodolitos, las tristemente llamadas playas de las palomitas.
También para entender el famoso caso Dreamland, que marcó la legislatura, y se resolvió en 2023, con la salida del proyecto hacia Gran Canaria. Esa gran ciudad del cine, los mayores platós de Europa, un gigantesco proyecto de producción audiovisual, 3D, realidad virtual, y también concebido para la visita turística, dividió a la sociedad majorera.
Por un lado, quienes veían en el proyecto una oportunidad de diversificación, sin condiciones. En el medio, quienes lo veían con buenos ojos, pero no en la ubicación propuesta, a unos cientos de metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Y en el otro lado, quienes nunca creyeron en él, por considerarlo un pelotazo más, entre los tantos que ha visto Fuerteventura.
El Cabildo, en el momento del pacto entre el PSOE, Podemos y AMF, aprobó el proyecto como de interés insular. Aunque La Oliva, municipio anfitrión, se opuso con la mayoría de la oposición. Finalmente, desde el Gobierno de Canarias, con el Pacto de las Flores (PSOE, NC y ASG), llegó un informe desfavorable de Medio Ambiente que terminó por decantar la balanza.
Dreamland Studios encontró una situación política más favorable para desarrollar el proyecto en Telde, en unos terrenos propiedad de Lopesan, y ahí sigue su curso. Nunca sabremos hasta qué punto habría traído los beneficios económicos que prometían los promotores, u ocasionado los perjuicios ambientales que temían sus detractores.
Para el caso que nos ocupa, podrían medirse las consecuencias en las elecciones de 2023, que dieron un cierto revés a los partidos que lo apoyaron, con un descenso en votos para PSOE (que recibió menos apoyo en el Cabildo que el Parlamento), la caída del alcalde de Pájara de AMF, Pedro Armas, o la práctica desaparición de Podemos. Desde luego, no podrá ser la única explicación, pues los malos resultados de la formación morada fueron generales; o también tuvieron lugar sucesos mediáticos que afectaron a los socialistas, como el Caso Mediador ese año (con cese-dimisión de un director general y un diputado en el Congreso procedentes de los socialistas de Fuerteventura), o el paso por los juzgados, el año anterior, de Blas Acosta, aunque finalmente la Justicia lo exoneró de cualquier responsabilidad durante su gestión en Pájara.
Llegaron las elecciones de 2023, y Lola García fue de nuevo elegida presidenta del Cabildo, esta vez sí, con mayoría suficiente. Y sorpresa, con el apoyo del Partido Socialista. La buena sintonía hasta ese momento entre nacionalistas y populares, y probablemente debido a la mejor coyuntura a nivel municipal, dieron lugar a ese pacto CC-PSOE a nivel insular, que devolvió la estabilidad a las instituciones.
En el ámbito nacional, Paloma Hernández repitió como senadora por la isla, representando al PSOE. Pero Fuerteventura siempre tiene sus cosas, y en este caso, el acuerdo fue distinto al pacto autonómico que todo el mundo conoce, con Coalición Canaria y Partido Popular al frente del Gobierno de Canarias, dando lugar a una situación atípica.
La crisis del agua
Más allá de la crónica política, el otro gran tema de 2023 fueron los cortes de agua, las manifestaciones, y la declaración desde el Cabildo de la emergencia hídrica a nivel insular. El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), el ente público que gestiona el Cabildo, y en cuyo consejo figuran los seis ayuntamientos, llegó un punto que fue incapaz de llevar el agua a todos sus abonados. Las causas serían múltiples, y difíciles de concretar con datos, pero no sería un error relacionar la situación con una ausencia de planificación, o al menos, con la incapacidad del ente de adaptar sus infraestructuras a la creciente demanda.
Porque no es sólo que la producción de agua en Fuerteventura –en la isla, a diferencia de las islas más verdes, la práctica totalidad del abastecimiento depende de la desalación– se quedara justa, sino también que fuera cada vez más gente la que abriera el grifo al mismo tiempo.
Y es que si bien buena parte de los hoteles o de las zonas turísticas de Fuerteventura tienen sus propias desaladoras, hubo un fenómeno que pudo incrementar notablemente la demanda. Por un lado, la mayor población, lógico, pero también un fenómeno que se ha dejado a la mano de Dios: el alquiler vacacional.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántas viviendas se han explotado como alquiler turístico en Fuerteventura en los últimos años. Serán miles, decenas de miles. Lo que sí vemos son las consecuencias, principalmente con unos precios para la compra y alquiler de vivienda que se han disparado, haciéndolos inasumibles para el trabajador medio en las zonas turísticas.
El agua y la vivienda, son dos problemas de imposible solución a corto plazo. La vivienda, porque los ayuntamientos tienen graves carencias de personal técnico, y están lastrados por la falta de instrumentos de ordenación, y también porque el Cabildo, en la práctica, no tiene apenas competencias. En cuanto al agua, sí, el camino está iniciado, pero las inversiones necesarias para normalizar la situación aunque ya están en marcha, tardarán años en ejecutarse. Y en cuento a la vivienda, ni en 2023, ni ahora, se ve luz al final de ese túnel.
Los otros temas por comentar de este ejercicio 2023 podrían ser la inmigración, que en Fuerteventura no fue menos acuciante que en Canarias, con cifras récord en la ruta atlántica. Pero también el fenómeno migratorio, un drama para las personas que lo viven, y una tragedia para los que no lo consiguen y sus familiares, pasa en muchos casos desapercibido para la población local, una vez se han normalizado los mecanismos de rescate y acogida.
Y es que Fuerteventura, con solo cien kilómetros de distancia, está más cerca de África que de Tenerife. Y de ahí que seamos, y seguiremos siendo junto con Lanzarote, la primera escala de las personas que parten de las costas marroquíes. En este punto surge una reflexión, sobre lo cerca, pero al mismo tiempo sobre lo lejos que vivimos del continente vecino. Lejos de los saharauis, que continúan medio siglo después sin una solución para la antigua colonia española. Lejos de Marruecos, a nivel comercial y de transporte regular. Y lejos también de nuestra historia. Porque ese intercambio, siglos atrás, sí fue una constante para la población de la isla.
En torno a este relación con nuestros vecinos, a finales de 2023 regresó con fuerza a la mesa del debate insular otro viejo proyecto, la línea marítima directa con Tarfaya. Desde el naufragio del Assalama en 2008, el buque de Naviera Armas que operó durante apenas cinco meses, las autoridades marroquíes han invertido en renovar el puerto de Tarfaya. Y ahora que se acerca el momento de retomar la ruta, el sector ganadero insular (y canario) ha levantado la voz en contra, ante el peligro de que las enfermedades del continente vecino –y debido a la normativa europea que obliga al sacrificio masivo ante cualquier brote– acabe con la cabaña ganadera majorera al completo.
