Desde que, con ocasión de aquella primera versión del Tratado de la UE que conocimos como Maastricht (1992), se introdujo en el Derecho primario de la UE (de rango constitucional) la expresa mención de las Regiones Ultraperiféricas (RUPs, caracterizadas por la insularidad, fragmentación y lejanía del continente), resulta obligado señalar que son los únicos territorios europeos mencionados expresamente por su nombre. El actualmente vigente Tratado de Lisboa (TL) las consagra en el art.349 TFUE (seis RUPs de Francia, dos de Portugal y una de España: Canarias) como base jurídica para un doble efecto: abrir paso a una excepción de la aplicación general de la legislación europea del Mercado Interior, y dar fundamento a la aprobación de legislación específica para proteger sus especificidades y atender sus dificultades para incorporarlas a las reglas generales. En el curso de los últimos 30 años, las Instituciones europeas han venido adoptando sucesivas Estrategias para las RUPs periodizadas, ajustándose a la evolución de la realidad en un mundo globalizado y a las propias transformaciones del proceso decisional y las políticas de la UE.
Son nada menos que cinco millones l@s ciudadan@s de la UE que viven en estas zonas más remotas de la UE, en las que la distancia no solo no es el olvido (en la letra del bolero de Los Panchos) sino que, al contrario, amplifica los efectos de todos los seísmos que sacuden al conjunto de la integración europea: desde la Gran Recesión a la guerra de Putin, pasando por el Brexit y las medidas de emergencia impuestas en la lucha contra el Covid. De ahí que hayan resultado tan cruciales las herramientas activadas con financiación europea (Marco Financiero Plurianual 2021/27; Fondo de Recuperación y Resiliencia y NextGeneration EU; REACT-UE y demás instrumentos de emergencia), que se han demostrado tan preciadas para reparar los destrozos causados por la acumulación de tan impredecibles embates.
Concretamente, la Estrategia RUPs 2022/2027 establece claves prioritarias para nuestro potencial de crecimiento sostenible e inclusivo -abordando, por lo tanto, los retos de la pobreza y el desempleo- con consideraciones especiales respecto de sus necesidades objetivas (garantías alimentarias y de abastecimiento de agua, transportes y energía asequibles) y de los desafíos subjetivos que apuntan a la preparación de su ciudadanía en el amejoramiento de su capital humano (educación, formación, apoyo al empleo y emprendimiento). Abordando esas limitaciones, se centra en los sectores clave: investigación, innovación, especialización inteligente (Horizonte 2020). Y, cómo no, se ocupa también de los objetivos que atienen a la movilidad (esto es, conectividad), transporte, turismo, y cultura en la preservación de sus singularidades distintivas (Forward, Horizonte Europa). La Estrategia RUPs presta atención asimismo a la Biodiversidad (Fondos FEMPA y LEADER), Economía azul (FEMPA y Cohesión), Agricultura y Desarrollo Rural (POSEI, tan determinante del sector primario en Canarias), Energías Renovables (NESOI y Programa LIFE), Economía Circular (REGIO y Green Assist), Transición Digital (Europa Digital), Cooperación interregional y vecindad (Interreg, Europa Global) y asistencias especiales frente a los Acuerdos de Comercio de la UE con países terceros o, en su caso, organizaciones de integración regional (cláusulas de salvaguardia).
La singularidad de las RUPs no se contrae, sin embargo, a la relevante base jurídica única que le confiere el art.349 TFUE. De acuerdo con la jurisprudencia sólida del TJUE (por todas, STJUE caso Mayotte 15 diciembre 2015), se manifiesta también en la interpretación y aplicación de otros preceptos del Derecho primario, como el art.107 TFUE (excepción del régimen de Ayudas de Estado y de su prohibición general en aras de la competencia) y el art.174 TFUE (acceso a Ayudas Regionales e Incentivos específicos).Y viene todo esto a cuento de la importancia que cobra considerar y tratar singularmente a las RUPs en lo relativo al alcance y tiempo de realización de objetivos estratégicos, ampliamente asumidos por las Instituciones europeas (la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, PE). Así, en la Legislatura 2019/2024, la presidenta Von der Leyen actualizó la Estrategia RUPs 2021/2027 con el objetivo proclamado de “liberar su potencial”, priorizando mejorar sus condiciones de vida a través de dos grandes líneas de trabajo: a)-diversificación de sus economías; b)-digitalización e innovación en economía verde, azul, y circular, y desarrollo de nichos altamente selectivos como es el aeroespacial, la biología marina y los observatorios astronómicos. Gracias, en buena medida, al trabajo colaborativo de l@s eurodiputad@s RUPs, la singularidad ultraperiférica ha pasado a ser reconocida como un activo de la UE, además de reforzar el compromiso en relevantes aspectos sociales (como la inclusión de enfoque de género), la integración de la agricultura y la pesca, la innovación en el sector turístico, la promoción de la protección y recuperación de la naturaleza, el refuerzo de la política de competencia y, por último, y especialmente importante para Canarias, el refuerzo del vector de la responsabilidad compartida y la solidaridad en la definición de la política migratoria y de asilo de la UE, mediante el completamiento, tras años de negociación extenuante, de un nuevo EU Migration & Asylum Pact.
Es por ello que, inexorablemente, la Estrategia de las RUPs contiene además un capítulo centrado en su acuciante exposición ante el hecho migratorio (las “rutas hacia la UE” que pasan por las aguas en torno a las RUPs, como es notoriamente el caso de la “ruta atlántica a la UE” proveniente desde la cornisa africana que pasa por Canarias, con un balance pavoroso de mortandad en el mar y en las arenas del Sahara), para concluir en un refuerzo de la cooperación y el diálogo con sus respectivas áreas de gran vecindad en continentes distintos del que en Europa alberga el Mercado Interior (América Latina para las RUPs francesas del Caribe, África occidental en el caso de Canarias…).
Refleja particularmente la preocupación del PE sobre la problemática de la creciente llegada de menores no acompañados en las RUP, exigiendo que se apliquen todos los instrumentos de solidaridad vinculante (Programas de Realojamiento) y las normas más exigentes en materia de acogida humanitaria a los menores, habitualmente en situaciones de extrema vulnerabilidad. Y exige, en este sentido, la movilización de todos los recursos disponibles en el Fondo de Asilo, Migración e Integración y en los restantes Fondos adicionales específicos, con el fin de asegurar el mayor apoyo posible a las RUPs y a los EEMM que afrontan en primera línea las rutas de migración y tráfico criminal de personas. Este es, como sabemos, uno de los asuntos más cruciales y urgentes de la agenda política y social de Canarias, territorio sensible y humanitario, pendiente de que las herramientas de solidaridad intraespañola (reparto solidario de menores entre CCAA) se acompasen de una vez con la solidaridad paneuropea que mandata el TL (art.80 TFUE) y la legislación europea (Pacto de Migraciones & Asilo, compuesto por leyes vinculantes, de obligado cumplimiento) que hemos puesto en vigor desde la Comisión de Libertades, Justicia e Interior y desde el Pleno del PE.
Y sólo cabe esperar que se abra de una la reclamación del PE, largamente sostenida, de vías humanitarias de entrada legal y segura a la UE (incluidos los visados humanitarios que eximan a los más desesperados de arrojarse a las fauces de las mafias que trafican con personas desde el corazón de las tinieblas del continente africano), además de un Marco Europeo de Salvamento y Rescate y Desembarco Seguro, regido por los mismos principios de solidaridad vinculante y responsabilidad compartida (art. 80 TFUE), tan vitales en Canarias.
