En poco más de un año, la ciudad ha tenido escándalos suficientes para que la pandemia pase a un segundo plano
Las elecciones locales del 26 de mayo de 2019 en Santa Cruz de Tenerife trastocaron el panorama político de la capital como nunca y, tras más de tres décadas de gobiernos de Coalición Canaria, una socialista se hacía con el bastón de mando, convirtiéndose, además, en la primera alcaldesa de la historia de la ciudad.
Patricia Hernández logró el apoyo de 23.000 personas, mejorando con creces los 11.000 votos cosechados por el PSOE en 2015 y colocándose como la segunda fuerza más votada en la ciudad, por detrás de CC. Con el apoyo de Ciudadanos y el respaldo de Sí Podemos Canarias, que no entraría en el Gobierno municipal, Hernández inició un mandato que resultaría ser fugaz pero muy prolífico en cuando a titulares.
El primero de ellos llegó poco después de formar Gobierno: el Ayuntamiento lograba un acuerdo con la familia del empresario Antonio Plasencia, en la cárcel por el pelotazo de Las Teresitas, para que entregara al Consistorio, como pago de la deuda que tenía el empresario con la ciudad por el dinero malversado, dos edificios de oficinas. Así se recuperaba para las arcas públicas gran parte de los 97 millones que costó el mayor caso de corrupción urbanística del archipiélago.
El acuerdo, explicó orgulloso el equipo de Gobierno, se alcanzó después de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento encontraran un resquicio en el entramado societario de Plasencia por el que podría imputarse a su familia un presunto alzamiento de bienes. No les quedó más remedio que aceptar, pese a las reticencias de políticos de Coalición Canaria, como Carlos Alonso, que seguía defendiendo comprar el edificio con dinero del Cabildo y cedérselo al Ayuntamiento, con lo que al final la deuda la pagaban los contribuyentes y no la familia del empresario corrupto.
La alcaldesa se enfrentaba a sus primeras fiestas grandes y no se atrevió a cancelar dos noches de actos y celebraciones, tan solo una de ellas, pese a que esos días las Islas ostentaban la peor calidad de aire de todo el planeta
Hernández se apuntó un tanto importante y hasta brindó para celebrarlo junto a la primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio (Cs), y al concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín (PSOE). Era la primera prueba de que algo estaba empezando a cambiar en la capital.
Transcurrieron los meses prepandémicos sin demasiados sobresaltos en la capital, hasta que llegaron los Carnavales y, con ellos, la mayor tormenta de calima en treinta años. La alcaldesa se enfrentaba a sus primeras fiestas grandes y no se atrevió a cancelar dos noches de actos y celebraciones, tan solo una de ellas, pese a que esos días las Islas ostentaban la peor calidad de aire de todo el planeta e incluso se habían cerrado todos los aeropuertos insulares y cancelado actividades al aire libre en varias islas. Pero en Santa Cruz siguió sonando la música y hasta se amplió el horario de una de las noches. Llovieron críticas a la alcaldesa, no solo por el peligro del aire contaminado, sino porque ya sonaba, y con fuerza, la amenaza del coronavirus de Wuhan.
Pero no hubo casi tiempo de reacción: pocos días después de los Carnavales llegó la pandemia a las Islas. En marzo comenzaba el confinamiento total y las calles de la ciudad se llenaron de militares y policías, y se vaciaron de gente. Eso sí, aquellos días en Santa Cruz podía disfrutarse del sonido de los pájaros como nunca, de la brisa marina y del sol mientras se escuchaban, puntuales, los aplausos de las 19:00 horas al personal sanitario. De vez en cuando la tranquilidad era interrumpida por un coche de Protección Civil equipado con altavoces que recorría los barrios con música a todo volumen para entretener a la ciudadanía encerrada… De vez en cuanto podían verse cuadrillas de la Unidad Militar de Emergencias desinfectando las aceras. Pero en cuanto desaparecían tras una esquina volvía a hacerse el silencio.
En aquellas fechas, antes del verano de 2020, el coronavirus mantuvo en la isla cifras relativamente bajas respecto a las sucesivas olas que vendrían después. Como es de esperar, la capital tinerfeña fue, y es, el municipio que más ha sufrido los embates de la COVID-19 en Tenerife, con las cifras más altas de infectados y fallecidos. Además, a 9 de junio de 2021, es el municipio canario con más casos aún activos: 617, casi el doble que Las Palmas de Gran Canaria.
En aquellos días de junio de 2020 el Ayuntamiento hizo público otro notable titular: un informe de los servicios técnicos municipales desvelaba que la multinacional española Sacyr llevaba recuperados, gracias a una devolución presuntamente ilegal autorizada por Coalición Canaria en 2007, más de 28 millones de euros, la mitad de lo que le costó el canon que pagó para quedarse con el negocio del ciclo integral del agua de Santa Cruz. Aquel concurso fue resuelto en 2005 siendo Miguel Zerolo (también en prisión por el pelotazo de Las Teresitas) alcalde por Coalición Canaria.
Es decir, Sacyr y el Gobierno municipal de 2007 acordaron que la multinacional abonaba el canon para explotar el servicio de aguas (Emmasa) pero que luego el Ayuntamiento se lo devolvería a razón de 2,5 millones durante un cuarto de siglo. Un negocio redondo que hizo saltar todas las alarmas cuando el nuevo equipo de Gobierno puso luz y taquígrafos a todo lo hecho por los anteriores gobiernos nacionalistas.
Se paralizaron de inmediato los pagos y se iniciaron los trámites para reclamar judicialmente la devolución del dinero, unas cantidades que el Consejo Consultivo determinó meses después que carecían de base legal para ser abonadas a la empresa. Tal vez esa fue la gota que colmó el vaso de quienes no querían que se levantasen más alfombras. Lo cierto es que mientras los chicharreros lidiaban con la pandemia, en una reunión online se fraguaba una jugada para recuperar la Alcaldía para Coalición Canaria.
En abril, uno de los dos concejales de Cs que dieron su apoyo a Patricia Hernández para que fuera alcaldesa, Juan Ramón Lazcano, presentó su inesperada dimisión. El edil de Urbanismo alegó exceso de “conflictividad” y con su marcha abrió la puerta a todo tipo de especulaciones, entre ellas, la de una moción de censura.
Cambio en la acaldía
La persona que tomaría el relevo de Lazcano sería Evelyn Alonso, quien aseguró el mismo día que juró su cargo que no habría censura, pero solo unas horas después de hacerse la foto firmó ante notario que apoyaría una censura contra Hernández impulsada por el exalcalde de CC José Manuel Bermúdez, y por Guillermo Díaz Guerra, del PP. Por cierto, que este fue cazado en unos audios pocos días antes de la moción dedicando algunas lindezas a Coalición Canaria, como que eran unos pésimos gestores y que él hacía lo que hacía porque se lo decía la dirección nacional de su partido; y poco después, pillado de nuevo asegurando que él lo que quería era estar “en un despacho con cuatro ejecutivos tomando decisiones”. Bermúdez le entregaría una concejalía y la vicealcaldía.
Y sí, hubo moción de censura. En un lamentable espectáculo indigno de la ciudad en el que se fusionaron los gritos de “atraco” y “traidores” con los aplausos a quienes presentaron la moción, Patricia Hernández abandonó su bastón de mando solo catorce meses después de las elecciones para devolvérselo a Bermúdez, que, irónicamente, defendía como argumento que Santa Cruz necesitaba “un cambio”.
Evelyn Alonso fue expulsada de Ciudadanos y se convirtió en la primera edil tránsfuga de Santa Cruz de Tenerife, un dudoso honor que la hizo pasar a ser no adscrita y que la obligó a renunciar a algunos de los numerosos cargos con los que fue recibida tras recuperar Bermúdez la Alcaldía.
Si este episodio hubiese tenido lugar en cualquier lugar de la Península habría copado portadas de los medios nacionales, pero ocurrió en Santa Cruz, un lugar en el que el PP puede pactar con un partido nacionalista sin ruborizarse, y donde una concejala de Ciudadanos puede apoyar una moción de censura para expulsar del equipo de Gobierno a su propia compañera de filas, a su propio partido, y acumular hasta tres concejalías y varios cargos más sin despeinarse.
De nuevo en el poder, y menos de un año después de la moción, Bermúdez echó el freno al asunto Sacyr y ha sido el responsable de que el Ayuntamiento no se persone en la acción contra la empresa. Primero intentó convencer a la ciudadanía de que había sido bajo su mandato que se había desvelado este asunto, pero cuando llegó la hora de la verdad votó en contra de que el Consistorio se personara en la investigación de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la privatización del servicio del agua.
Estos son solo algunos de los escándalos que han sacudido a la ciudad en estos meses, pero ha habido otros, como la pillada a la jefa de la Policía Local dando una fiesta en comisaría en pleno confinamiento (que quedó en nada porque el Ayuntamiento de Bermúdez dejó caducar el expediente), las denuncias al exjefe de Protección Civil por presunto acoso sexual a voluntarios (algunos menores de edad), o que se hayan gastado más de dos millones de euros en los no carnavales de 2021.
