Agradezco a la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife la oportunidad brindada de realizar una aproximación y evaluación del Informe Anual 2012 del Diputado del Común. Un agradecimiento que resulta aún más pertinente porque es el primero del que respondo íntegramente desde que accedí a dirigir esta institución en diciembre de 2011. Y soy consciente de que Canarias, junto al resto del país, pasa por una coyuntura socioeconómica especialmente delicada. Que los tiempos que atravesamos no son solo inciertos sino que, además, están afectando a cimientos esenciales que creíamos hasta ahora incuestionables como el Estado de bienestar, la arquitectura de la configuración territorial del Estado y, en definitiva, la preservación adecuada, tanto en su garantía jurídica formal como en la plasmación de su ámbito cualitativo, de los derechos y libertades fundamentales que son, a fin de cuentas, el mayor reto que tengo encomendado desde el Diputado del Común.
Es en este difícil encuadramiento de indudable brecha histórica y de conflictos relativos al ensamblaje efectivo del constitucionalismo clásico en Europa, en el que emprendemos la tarea de desplegar nuestro desempeño y mejores esfuerzos frente a los dilemas que encaramos. Para empezar, la realidad canaria es la que es y, en buena medida, padecemos el recrudecimiento de factores estructurales desfavorables que, en la actualidad, al calor de la crisis económica, se han robustecido. Sirva mi primera apreciación para alertar de las insostenibles tasas de desempleo, la creciente desigualdad social, la ausencia de umbrales de formación apropiados y, a la postre, las penurias recurrentes que conciernen a una parte considerable de la ciudadanía de las islas que reclama, con razón, respuestas eficientes tras un prolongado período de silencio a sus legítimas pretensiones de aspirar a una igualdad de oportunidades desde el progreso ponderado.
Dicho esto, cabe destacar, por un lado, el aumento considerable del número de quejas, pasando en 2011 de 1.217 a 1.586 en 2012, que ha supuesto un incremento del 30%; y, por otro, una mención expresa a continuación de las materias que en el intervalo del curso han requerido de una específica atención fruto de que constituyeron la problemática diaria y, de tal modo, están recogidas en el Informe Anual. A saber, debo señalar, entre otros, el deficiente despliegue de los recursos a las personas con discapacidad, la inactividad de ciertas administraciones, la no devolución de ingresos indebidos o la exigencia incorrecta de tributos, los retrasos en la tramitación de los procedimientos judiciales como de las ayudas sociales, la disposición de la vivienda, las listas de espera sanitarias y la seguridad pública.
Estos son, junto al resto, aspectos primordiales de la avenencia y la relación democrática y recíproca en derechos y deberes que los canarios tienen ante la Administración de la Comunidad Autónoma, los Cabildos Insulares, los Ayuntamientos y, a la par, ante el Estado en los que, tras la solicitud previa de consentimiento al interesado, los expedientes de queja son trasladados al Defensor del Pueblo por ser de su competencia. A su vez, a mi juicio, no solo me resulta este escenario significativamente preocupante sino, lo que es peor, me temo que este panorama persistirá; no existen visos de que mejore a corto plazo. He procurado, desde la institución, emplear un estilo asertivo sabedor de que los problemas que soportamos son, asimismo, los de la propia Administración. Sus dificultades son también las nuestras como no puede ser de otra forma en un Estado de Derecho. De ahí, que en 2012 no procediera a firmar declaraciones obstruccionistas.
No obstante, esta actitud ha ido acompasada de una actuación de vigilancia incesante dentro de ese clima de entendimiento mutuo que he deseado propiciar. Y, francamente, en términos generales, se ha logrado en beneficio siempre de la sociedad canaria en su conjunto. Por último, fruto del marco en el que se inserta este artículo, quisiera sumarme a la enérgica respuesta que merece las inquietudes que acechan, hoy por hoy, al periodismo que, no olvidemos, en sus diversos soportes, constituye una tradicional e inestimable pieza imprescindible en la vertebración audaz y apropiada de las democracias constitucionales más avanzadas. Y, ¿cómo no?, dada mi dilatada trayectoria pública y mi condición académica de jurista, permítanme la licencia de reivindicar la ejemplaridad y la excelencia de los usos democráticos, de conseguir una mayor accesibilidad en la vocación de servicio de la Administración hacia los anhelos de los canarios que cotidianamente nos convoca y, no siendo menos, resaltar virtudes como las del diálogo y el consenso para encarar los desafíos del espacio común que nos atañe que, por desgracia, en caso de no ser resueltos, ahondarán en el desasosiego inmerecido tras décadas de lúcida convivencia.
