La escasez de conductores es un problema que afecta a toda Europa y tensiona la capacidad de las empresas para crecer y para mantener activos los servicios
El sector del transporte terrestre en Canarias llevaba años acumulando una pérdida de rentabilidad que la crisis del COVID-19, junto a la fuerte inflación actual, han terminado por agotar los márgenes de rentabilidad.
El transporte de mercancías, caracterizado por una fuerte atomización empresarial bajo un modelo mayoritario de micropymes y autónomos, funciona sometido a la presión de los grandes cargadores, que ha convertido la actividad logística en Canarias en un negocio basado en que la competencia comercial de toda la cadena logística termina siendo derivada al último eslabón, el transportista.
Esto provocó a finales de 2021 y primer trimestre de 2022 la convocatoria de potentes movilizaciones a nivel nacional que espolearon al Gobierno de España para la adopción de medidas históricas como la prohibición de que los conductores de vehículos pesados realicen tareas de carga y descarga, la aplicación obligatoria en las facturas de los transportistas de un complemento basado en la evolución del precio del combustible, o el inicio de una ley de cadena del transporte que pretende garantizar que en las subcontrataciones de servicios de transporte deban cubrirse los costes mínimos de explotación.
Estas medidas, están comenzando a ser aplicadas por los camioneros, no sin cierta con resistencia por parte de los cargadores, que las aceptan no por convicción sino porque constituyen una obligación legal cuyo incumplimiento puede tener consecuencias sancionadoras.
En cuanto al transporte discrecional de viajeros, sustentado en dos polos básicos como son el turismo y el transporte escolar, ha iniciado una preocupante senda de desaparición de empresas que no han podido superar la pesada mochila del endeudamiento post pandemia.
El turismo ha recobrado las cifras de visitantes de 2019 a costa de reducir los márgenes para mantener la competitividad dentro de un mercado inflacionista lo que está provocando una alarmante paralización de la renovación de las flotas de vehículos.
El transporte escolar está asistiendo a complicadas negociaciones en las que se trata de actualizar unos precios cuya clausula de IPC anual está pendiente de abono por parte de la Administración Pública desde hace una década.
Respecto del transporte público regular de viajeros, el elemento estrella ha sido la política de bonos residente canario. Este instrumento supuso un impulso extraordinario para el uso del transporte colectivo en Canarias, con los innegables beneficios para la sostenibilidad y la economía regional, que se ha visto potenciado con la reciente bonificación estatal del 50% en estos títulos de viaje. Todo ello está requiriendo de una adaptación en tiempo record de las empresas para poder atender esa creciente demanda, con incorporación de nuevos vehículos, ampliación de plantilla de trabajadores e inversión en infraestructuras y tecnología.
Existen algunos elementos que están influyendo de manera decisiva en la marcha del transporte terrestre en Canarias como son el alza de los combustibles, la escasez de conductores y la reducción de la oferta de los fabricantes de vehículos.
Un incremento continuado del precio del petróleo y sus derivados por encima del 60% ha supuesto el encarecimiento de las materias primas básicas para las empresas de transporte, como son combustibles, aceites y aditivos, neumáticos o repuestos.
De momento, las medidas paliativas aplicadas por el Gobierno de España, como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, o las adoptadas por el Gobierno de Canarias, como la exoneración del 99,9% del impuesto especial sobre carburantes a empresas de transporte, están logrando amortiguar en gran medida la traslación al precio final del servicio de estos costes extra, evitando que la cesta de la compra suba en la misma proporción que lo hace el petróleo, por lo que la prórroga de estas medidas fiscales para el ejercicio 2023 deberían presentar pocas dudas para ambos Ejecutivos, nacional y autonómico.
La escasez de conductores es un problema que afecta a toda Europa y que está comenzando a tensionar la capacidad de las empresas no solo para crecer, sino para mantener activos los servicios actuales. El estudio de este déficit en mano de obra tiene muchas aristas, pero cabe resaltar que en España el servicio militar obligatorio, desaparecido hace veinte años, facilitaba la obtención de los permisos de conducción profesionales a jóvenes que luego se incorporaban a la sociedad civil aprovechando esa capacitación profesional. Actualmente la edad media de los conductores en Canarias supera los 45 años sin que se estén produciendo incorporaciones de las nuevas generaciones. La obtención de la cualificación para ser conductor supone un período de formación superior a nueve meses con un coste económico elevado, que disuade a muchas personas de optar por esta salida profesional. En algunas comunidades autónomas se han puesto en marcha planes públicos de ayuda para la obtención de permisos de conducción profesionales, ejemplo que debería aprovechar Canarias dada la dependencia de un complicado sistema de transporte capilar insular, tanto de mercancías como de viajeros.
Es importante recordar que Canarias es la única comunidad autónoma de España que carece de sistema informático de gestión del transporte terrestre. Esto significa que los Cabildos Insulares no tienen acceso a datos del transporte fuera del ámbito de su isla y que el Gobierno de Canarias permanece ausente de la evolución de los datos y magnitudes de este sector. Esta ausencia, impide además que el Gobierno de España pueda tomar decisiones sobre la planificación de la movilidad en Canarias. Así es imposible gestionar una actividad catalogada de esencial para nuestro archipiélago.
Ejemplo de esta falta de coordinación es que a los camiones de transporte de productos frigoríficos se les exige por normativa nacional una revisión extraordinaria en una instalación denominada túnel de frío, de las cuales no existen ninguna en Canarias y ninguna administración tenía conocimiento de este problema hasta que tanto los transportistas afectados como las cadenas de distribución de productos alimentarios han levantado la voz de alarma ante el peligro de quiebra de la cadena logística de estos productos.
Para terminar, el sector afronta el futuro con extrema cautela por los condicionantes de la política internacional y preocupación por las alharacas previas a los procesos electorales, ya que el transporte se ha convertido en una profesión de riesgo en Canarias para 14.000 camiones de servicio público, 6.750 guaguas, 220 limusinas, 600 ambulancias o más de 6.500 taxis, que generan más de 34.000 puestos de trabajo directo.
