Canarias ha vuelto a lidiar este año con unas circunstancias excepcionalmente complicadas. Tras superar las numerosas crisis que ya hemos enumerado infinitas veces durante la presente legislatura, tuvimos que afrontar el desafío de la recuperación de la isla de La Palma tras la erupción volcánica. Fue desde luego un reto complejo, que se añadía a los que ya estábamos afrontando, pero no podíamos dejar a la ciudadanía palmera desamparada, lo que nos obligó a articular una serie de medidas que atenuaran el impacto del paso de la lava, como la coordinación con el Ministerio de Derechos Sociales para la llegada de 12 millones de euros para que aquellas personas que habían perdido sus casas pudieran comprar los enseres necesarios para reiniciar sus vidas de la mejor manera posible.
Sí, el volcán nos volvió a situar contra las cuerdas, pero no podíamos olvidar el camino de la reconstrucción social del archipiélago que habíamos emprendido cuando llegamos el Gobierno de Canarias en 2019. Nuestro compromiso firme de situar los derechos sociales en el centro de la acción del Ejecutivo. Empujar para que estos fueron protagonistas de la acción del gobierno y no una nota a pie de página. En definitiva, ganar derechos para nuestra ciudadanía.
Una vez sentadas las bases para ello tocaba lo más difícil: consolidarlos. Sobre los avances sociales que Canarias ha conseguido en los últimos tres años se pueden decir muchas cosas, pero los datos son contundentes y hablan por sí mismos. Canarias lleva muchas décadas al borde del precipicio, consolidando una brecha social que costará todavía muchos años reparar. Pero hemos empezado a liderar un cambio que se evidencia, por encima del fuego cruzado de la política, en las estadísticas.
Esas estadísticas que muestran, por ejemplo, cómo se ha protegido cada vez a más familias en las islas. En 2019 apenas 5.000 unidades familiares percibían la Prestación Canaria de Inserción. Hoy son 12.000 las familias que tienen acceso a ella. Eso ha sido posible gracias a mucho trabajo y, sobre todo, a entender la importancia de cuidar de nuestra gente. La PCI no solo protege a más personas, lo hace con una mayor calidad, porque, a través de cinco modificaciones legislativas, se han eliminado los límites temporales hasta que las circunstancias familiares no se modifiquen en positivo y se han mejorado las cuantías económicas que se percibían hasta el momento.
Pero nunca pensamos que ese era el tope. Quisimos ser más ambiciosas y llegar hasta más personas. Por eso este 2022 es un año especialmente importante para nosotras. Es el año en el que se materializó la Renta Ciudadana de Canarias, un proceso largo que se convertirá en Ley y fijará muchos más derechos para la ciudadanía de nuestra tierra. Un proyecto que ha tenido un largo recorrido y que, por fin, ha encarado el necesario y decisivo trámite parlamentario.
Canarias sigue necesitando que se ponga en hora el reloj de los derechos sociales. Ya estamos cada vez más cerca. Los datos lo acreditan, aunque nos obligan a continuar vigilantes. Queda mucho trabajo por hacer y muchas personas a las que llegar. Pero, insisto, hay una realidad que no se puede obviar. Lo dice, por ejemplo, la tasa Arope. Ese reputado indicador de la pobreza que si bien dibuja la compleja realidad de las islas también pone en valor el “escudo social” que se ha levantado desde las instituciones para proteger a la ciudadanía.
Este indicador destaca que en Canarias han logrado salir de la pobreza 30.000 personas y que las medidas que los gobiernos de progreso han lanzado en estos tiempos tan complejos han sido efectivas. No nos conformamos. Cuando hablamos de pobreza y personas en situación de vulnerabilidad no podemos darnos golpes en el pecho porque una sola persona en esta situación ya es una persona de más en esta realidad. Por eso seguimos defendiendo la necesidad de una Canarias en manos progresistas, que sigan entendiendo que nuestra ciudadanía es nuestro principal valor.
No puedo dejar de valorar 2022 sin pensar en la Dependencia, esa tierra quemada durante tantos años en los que tan difícil nos ha resultado sembrar la semilla del cambio. Y esta ya está floreciendo. Canarias tramitó en los primeros ocho meses del año más altas en el sistema que en ningún año anterior desde que la Ley se puso en marcha. Se ha conseguido avanzar en la teleasistencia y se han concedido mejores prestaciones que han permitido una mejor atención a las personas dependientes sin tener que abandonar su entorno más próximo. Un trabajo en el que también nos queda mucho que hacer, pero en el que la meta se ve cada vez más cercana.
Consolidar derechos fue el gran reto del año que queda atrás y lo seguirá siendo mientras tengamos responsabilidades de Gobierno. No podremos nunca estar plenamente satisfechas del trabajo realizado si algún canario o canaria continúa en situación de vulnerabilidad o pobreza. Si no tiene alguno de sus derechos atendidos. Canarias solo podrá crecer si su ciudadanía está fuerte y se siente protegida desde sus instituciones. Y ese siempre será nuestro objetivo en la política, el de trabajar por nuestra gente desde el sector de la sociedad en el que nos toque estar en cada momento.
