Cada año crece el presupuesto para políticas sociales, pero no se percibe un avance y nos sentimos como el hámster que corre dentro de su rueda
No hay estadística o información en Canarias que no nos hable de la realidad social que vivimos en nuestras islas. Lo constatamos de manera muy evidente cuando ponemos el foco en el mercado de la vivienda o en las familias que reciben la prestación canaria de inserción (PCI), pero también cuando cuantificamos las nuevas empresas registradas en el Archipiélago -y su esperanza de vida-, cuando destacamos la incidencia de la diabetes entre la población canaria, cuando sumamos los turistas que nos visitan, cuando analizamos la productividad de los trabajadores canarios, cuando escuchamos las dificultades de agricultores y ganaderos para sobrevivir, cuando lamentamos la lista de espera de personas en situación de dependencia y cuando comparamos el fracaso educativo -que tiene más incidencia entre familias pobres- con el de otras comunidades. El contexto de la precariedad lo envuelve todo, y solo si cambiamos ese escenario empezarán a transformarse las vidas de quienes lo habitan.
A pesar de ello, en Canarias los presupuestos en materia social no han dejado de crecer. En los últimos años los fondos públicos han ido en ascenso y, por lógica, también han aumentado las áreas que más recursos acaparan en cualquier presupuesto: sanidad, educación y asuntos sociales. Cada año es el año que más partidas se destinan a políticas sociales. Pero, aun así, no percibimos que haya un avance: nos sentimos como el hámster que corre dentro de su rueda y que, por más que se esfuerce, siempre permanece en el mismo lugar.
Es difícil romper las inercias históricas y es verdad que la realidad no se cambia solo mejorando las prestaciones sociales. Sin embargo, hay algo que no ha variado en estos últimos años. A pesar de que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad en 2019 la nueva Ley de Servicios Sociales, todavía hoy estamos lejos de haber convertido en realidad la filosofía de esa norma: transformar los subsidios sociales en derechos. Muchos de los reglamentos que la ley lleva asociados no se han desarrollado, lo que limita su efectividad y alcance o, en otras palabras, no permite a muchas familias valerse de los apoyos que necesitan para salir a la superficie.
Igual que los aumentos presupuestarios no cambian la realidad por sí solos, tampoco las leyes, si no se desarrollan y se dotan, modifican nuestro entorno. La Consejería de Derechos Sociales Igualdad, Diversidad y Juventud ha trabajado en una oportuna Ley de Renta Ciudadana que, si todo va bien, será una realidad antes de que acabe la legislatura. Esa norma ampliará el alcance de la prestación canaria de inserción (prevé complementos a la vivienda, a las pensiones no contributivas o a jóvenes estudiantes), pero no será una solución mágica: hoy la PCI ha superado las 11.000 personas beneficiarias, muchas menos que las que están en situación de pobreza en el Archipiélago.
Aunque en materia de dependencia se han dado pasos, continúan muriendo sin recibir la prestación muchos de sus potenciales beneficiarios. Se ha avanzado en la descentralización y algunos ayuntamientos han firmado convenios con el Gobierno para poder valorar a dependientes a través de sus servicios sociales, pero todavía estamos muy lejos del sistema bien engrasado, con colaboración de todas las administraciones, que precisa Canarias para dar respuesta a las demandas de su ciudadanía.
Tampoco cuenta el Archipiélago con las infraestructuras suficientes para atender la demanda de plazas residenciales existente. Resolver esta situación -además de decidir qué modelo de residencias para mayores y dependientes queremos- es uno de los desafíos a los que deberá enfrentarse el Gobierno de Canarias en los próximos años, sea cual sea su signo político. La caída de la natalidad y el envejecimiento de la población incrementarán los requerimientos asistenciales de una manera que no hemos visto hasta ahora.
En este contexto, además de las residencias para mayores, Canarias ha empezado a explorar alternativas de cohousing, una modalidad de alojamiento colaborativo que puede ayudar a que personas con intereses y necesidades comunes compartan servicios.
De esta fórmula habitacional podrían beneficiarse las personas mayores. Este colectivo necesita, además, recursos públicos que permitan a muchos de sus integrantes salir de la situación de soledad indeseada que padecen.
Con respecto a los menores, no se ha aprobado una nueva Ley de Infancia en Canarias (la actual es de 1997) y todo indica que la legislatura terminará sin ella. Se trata, sin duda, de un fracaso, ya que desde la legislatura anterior se estaba trabajando en una normativa que contemplara, por ejemplo, nuevas tipologías de familias o la situación de los menores migrantes.
En ese sentido, 2021 fue un año especialmente difícil para los menores extranjeros no acompañados. Canarias vivió un repunte en la llegada de inmigrantes a bordo de pateras. La prácticamente nula solidaridad interterritorial obligó a la comunidad autónoma a gestionar en solitario la atención a estos chicos y chicas, con las consecuentes dificultades para determinar su edad en tiempo y forma (pruebas óseas) y no permitir que convivieran menores y adultos en un mismo espacio.
A 31 de diciembre de 2021, el Gobierno canario tutelaba al 26% de todos los menores extranjeros no acompañados acogidos en España, según el informe que elabora anualmente la Fiscalía General del Estado. En otras palabras, de 9.294 niños y adolescentes tutelados por los servicios sociales en todo el país, 2.399 se encontraban bajo la responsabilidad de Canarias, una cifra elevadísima y muy difícil de asumir para una única comunidad.
Sí se avanzó en derechos de las personas transexuales. 2021 también fue el año en el que el Parlamento regional aprobó por unanimidad la nueva Ley Trans, una norma consensuada con los colectivos LGTBI de las islas y que contempla la autodeterminación de género y la despatologización de estas personas. Esta norma llegó con un consenso que no ha existido a nivel estatal y colocó a las Islas entre las autonomías con una normativa más avanzada.
En materia de voluntariado, la sociedad canaria sacó buena nota. Según los datos recabados por la Consejería de Derechos Sociales, durante el año 2021 más de 40.000 personas participaron como voluntarias en las diferentes entidades sociales ante las distintas situaciones de crisis generadas por el Covid 19, la erupción volcánica de La Palma y las migraciones.
Por todo ello, a sabiendas de dónde venimos y hacia dónde vamos, es imprescindible un pacto que garantice que, esté quien esté en el Gobierno, cada ejercicio se incrementen los fondos para políticas sociales, pero también que las personas dependientes o con discapacidad, los perceptores de la PCI o de la nueva renta ciudadana o los menores inmigrantes no sean usados como armas arrojadizas.
