La inversión en personal y material para nuestros juzgados sigue sin resultar la adecuada
Si hubiera que resumir el año judicial 2021 se debería hacer sobre la base de dos premisas: la primera, la continuidad, reiterada año tras año, de la desatención y el abandono a los que los Poderes Públicos con competencias en Administración de Justicia nos tienen acostumbrados; y la segunda, su supervivencia con secuelas, tras el caótico y complicado periodo de pandemia. Resulta innegable la importancia del Tercer Poder y de la Justicia Constitucional en un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se erigen como garantes del cumplimiento del ordenamiento jurídico y de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como controladores de resto de Poderes. Nada más y nada menos. Sin embargo, pese a estas misiones trascendentales de las que depende la supervivencia de nuestro modelo de convivencia, lo cierto es que los errores se repiten y los desamparos se perpetúan.
Comienza el cuarto año de los miembros del Consejo General del Poder Judicial con su mandato caducado y asistiendo a la alarmante incapacidad de los políticos para renovar dichos cargos. Como si de una “tormenta perfecta” se tratase, el problema se ha venido gestando desde hace décadas con la conjunción de una serie de malas prácticas que, sumadas, han derivado en una situación insostenible y vergonzante.
El denominado “sistema de partidos” ha logrado asentar el propósito de repartirse entre sus afines los asientos del órgano encargado del gobierno de los jueces. Desde el punto de vista de la separación de poderes y de las necesarias independencia, objetividad y neutralidad en el desempeño de sus funciones, la premisa de que a las formaciones políticas les corresponde elegir un número de miembros en función de los escaños obtenidos electoralmente no puede ser más grotesca.
El GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) lleva reclamando insistentemente a nuestro país importantes cambios, en aras a erradicar ese sesgo político intervencionista en ámbitos que no le competen. Pero, visto lo visto, da igual que la Comisión Europea o el Consejo de Europa nos reprueben y censuren sin cesar por este lamentable espectáculo. Las directrices de Consejo son claras: “cuando existe una composición mixta de los consejos judiciales, para la selección de los miembros judiciales se aconseja que estos sean elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del poder judicial en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el poder ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección”.
Una circunstancia similar sucede con las designaciones de magistrados del Tribunal Constitucional, llegando a mezclarse ambos asuntos. Ha sido en un ejemplo claro de improvisación como la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno de la Nación aprobó en 2021 una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que el CGPJ siguiera efectuando nombramientos ante las vacantes que se producían en los tribunales si tenían su mandato caducado, incluyendo los dos que les corresponde designar en el TC. Cuando el Ejecutivo se percató de que, en tal caso, él tampoco podría designar a los dos componentes del Constitucional que conforme a nuestra Carta Magna le corresponde, volvió a cambiar la ley apenas un año después, para permitir de ese modo que el CGPJ procediese a tal nombramiento, a pesar de continuar con los mandatos caducados. Es decir, lo que en marzo de 2021 se defendía con vehemencia, en junio de 2022 se olvidaba para argumentar justamente lo contrario.
No obstante, este abandono de la Administración de Justicia va más allá de la composición de los Órganos Constitucionales. La inversión en personal y material para nuestros juzgados no es la adecuada. En un informe de 2020 de la Comisión Europea sobre la Eficacia de la Justicia se reflejaban unos datos muy ilustrativos. España cuenta con 11,5 jueces por cada cien mil habitantes, frente a los 17,7 de la media europea. Por lo que respecta a los fiscales, existen 5,2 para ese mismo número de ciudadanos, mientras que el promedio en el resto de la Unión Europea se halla en 11,25. Se añade a lo anterior que la tasa de litigiosidad de nuestro país supera a la media europea, generándose de nuevo una concatenación de factores que terminan por afectar al buen funcionamiento del Poder Judicial, retrasándolo y provocando un gran atasco.
Ello supone que, para un problema real y concreto como puede ser la demanda por despido de un trabajador, existan señalamientos de juicio para el año 2024. O que las demandas sobre guarda y custodia que afectan a tantos menores se demoren en el tiempo. Detrás de esos datos hay personas y familias concretas que ven como acudir a un juzgado no es eficaz. Seguramente al empleado del ejemplo anterior no le sirve de nada que le den la razón más de dos años después de su despido. Y ni esos hijos ni sus padres pueden esperar casi un año hasta que se fijen definitivamente las reglas básicas de su convivencia.
Y lenta
El propio Poder Judicial encargó una encuesta en 2021 en la que se refleja que el 72 % de los consultados considera que la Justicia es lenta, y el 79 % que carece de los recursos necesarios para actuar con eficiencia y rapidez, lo que termina provocando desconfianza y desgana en la ciudadanía que, aun sintiéndose lesionada en sus derechos e intereses legítimos, se ve obligada a poner en marcha esa pieza de nuestro sistema encargada de velar por el cumplimiento de las leyes.
Cabe indicar que esta realidad es achacable a Gobiernos de diferente signo político, incluido el reproche a todos los partidos políticos por su interesado y generalizado reparto de puestos clave. Se inicia en septiembre el nuevo año judicial con muchas personas dispuestas a trabajar con ilusión por el ideal de la Justicia (jueces, abogados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, procuradores, oficiales, agentes judiciales y un largo etcétera), pero probablemente nuestras ilusiones se truncarán por el camino ante la desatención y el abandono a los que nos somete de forma reiterada la clase política.
