Surge un documento confeccionado a través de la participación de los diferentes agentes regionales para concebir la sostenibilidad como un proceso de cambio consensuado
El 2 de diciembre de 2021, en Jameos del Agua, en la isla de Lanzarote, tuvo lugar el acto de presentación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (en adelante, Agenda Canaria 2030) al conjunto de la ciudadanía del archipiélago. Con un retraso acumulado de aproximadamente seis años, los actores territoriales de Canarias cuentan desde entonces con un marco estratégico compartido y construido de manera colaborativa sobre los principios, objetivos y metas de la Agenda 2030 de la ONU, pero adaptado a sus particularidades.
Dicho documento fue confeccionado a través de la participación de los diferentes agentes regionales para concebir la sostenibilidad como un proceso de cambio consensuado. Esta hoja de ruta compartida persigue transformar el actual modelo de desarrollo de Canarias y acercarlo a los parámetros de la sostenibilidad y la resiliencia.
La Agenda Canaria 2030 es un nuevo contrato social que pretende situar los principios del buen gobierno, la sostenibilidad y la resiliencia en un primer plano; un proyecto de construcción colectiva que reclama pensar estratégicamente, también (y sobre todo) desde el ámbito de la política y la administraciones públicas. Estamos llamados a superar visiones estrechas, tanto por su economicismo extremo como por su mirada cortoplacista.
Con todo, es importante subrayar que la Agenda Canaria 2030, por sí sola, no logrará articular ninguna transformación, ningún avance significativo hacia la sostenibilidad. Estamos ante un documento estratégico elaborado con una visión a medio y largo plazo, que nos permite hablar un mismo lenguaje, enfocarnos a la consecución de unos objetivos comunes en pro del bienestar de la sociedad canaria, de las generaciones presentes y futuras. El grado de avance en esos objetivos compartidos dependerá del número de actores territoriales que se impliquen en su impulso y de la ambición con la que abracen sus objetivos y metas.
Aunque es cierto que todos los actores territoriales tenemos un papel central en la consecución de los objetivos y metas de la Agenda Canaria 2030, resulta muy difícil sobrevalorar el protagonismo que deben desempeñar los diferentes niveles del Gobierno y la Administración.
La Agenda Canaria 2030 constituye una oportunidad para transformar la Administración pública en una organización con propósito. En este sentido, resulta fundamental interiorizar en la gestión pública los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Las prioridades, objetivos y metas contempladas en la Agenda Canaria 2030 deben filtrar en todas las políticas públicas, en todas las áreas de actuación. La Agenda Canaria 2030 debe estar presente en todas las decisiones estratégicas de futuro.
Tal y como se recoge en las Prioridades de actuación 8.7 (Coherencia de las Políticas para el Desarrollo Sostenible) y 8.8 (Alineamiento estratégico y memoria de impacto en los ODS) de la Agenda Canaria 2030, cualquier proyecto estratégico (instrumento de planificación e iniciativa legislativa y normativa) que se pretenda impulsar debería alinearse con los principios inspiradores de la Agenda Canaria 2030, con sus prioridades de actuación y metas; orientarse hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental.
La Agenda Canaria 2030, a través de la Prioridad de Actuación 8.4 (Gobierno del dato: gestión pública basada en datos y evaluación de políticas públicas), insta también a las administraciones públicas canarias a avanzar hacia la cultura de la planificación y la implantación de sistemas normalizados de gestión basados en resultados en pro de la eficacia de las políticas públicas, la eficiencia de la asignación de recursos públicos y la efectiva rendición de cuentas. Se trata, sin duda, de un cambio de gran calado en la forma en que tradicionalmente se ha venido diseñando e implementando la agenda de acción política.
La Prioridad 8.4 también contempla la oportunidad de transitar hacia sistemas de elaboración de presupuestos orientados a resultados, con el objeto de mejorar el proceso de asignación de recursos y la perspectiva a medio plazo. La gestión orientada a resultados integra como componentes complementarios la planificación estratégica y el presupuesto, mientras que los planes estratégicos señalan la orientación. El presupuesto, en cambio, facilita recursos para poder implementar los planes. Igual que un programa de gobierno desligado del presupuesto no tiene sentido, tampoco lo tiene un presupuesto sin orientación estratégica.
Junto con el impulso de la cultura de la planificación estratégica, la apuesta por métodos de gestión y presupuestación basados en resultados, la Prioridad de Actuación 8.4 de la Agenda Canaria 2030 también insta a transitar hacia un gobierno basado en datos. Su uso inteligente puede dar al sector público los medios para tomar mejores decisiones y contribuir al interés público, a través del diseño y despliegue de mejores políticas y servicios públicos basadas en aquellos.
Lo anterior, de llevarse a cabo, brinda otra oportunidad clave para el buen gobierno, a saber: sentar las bases para favorecer una verdadera cultura de evaluación de políticas públicas en la Administración y, a través de ella, mejorar la rendición de cuentas frente a la ciudadanía y, al mismo tiempo, mejorar nuestro grado de conocimiento respecto al grado de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Otro de los ámbitos de acción estratégicos apuntados por la Agenda Canaria 2030 tiene que ver con la modernización de la Administración pública (Prioridad de Actuación 8.5). Un asunto que, por manido, no ha dejado de tener actualidad, tal y como se ha encargado de evidenciar la gestión de las crisis desatadas durante la décima legislatura. Si aspiramos a ofrecer respuestas eficaces y eficientes a los retos emergentes asociados al desarrollo sostenible y a un contexto cada vez más incierto y cambiante, hemos de dotarnos de una Administración pública ágil y moderna. Hemos de repensar enfoques, estructuras y prácticas, atendiendo simultáneamente las esferas de los recursos humanos, los procesos y la tecnología. De lo contrario, la Administración seguirá siendo un obstáculo insalvable para el proceso de transición hacia el desarrollo sostenible.
Aunque son más los ámbitos de actuación identificados en la Agenda Canaria 2030 para afrontar las debilidades de nuestro marco institucional y las ineficiencias de diseño y funcionamiento de la Administración pública, para finalizar me gustaría llamar la atención sobre la importancia que se concede al impulso del gobierno abierto, una cultura de gobernanza que promueve los principios de participación, transparencia, integridad, evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas, con el objetivo de mejorar la calidad democrática y el desarrollo sostenible (Prioridades de Actuación 8.2 y 8.3).
En síntesis, podemos concluir que el cambio tranquilo, pero decidido, que deben acometer las organizaciones para afrontar con éxito las mutaciones en el contexto ocasionado por el ya ineludible desarrollo sostenible implica transformaciones en las relaciones y estructuras internas y en las relaciones externas con las partes interesadas, entendiendo en estas relaciones la colaboración, uno de los principios básicos de gobierno abierto y del buen gobierno.
Todas las organizaciones, sin excepción, pero especialmente las de naturaleza pública, están llamadas a acometer estos cambios, y a ver en los ODS y sus metas una oportunidad para transformarse en organizaciones con propósito.
