El Monumento a Franco y los demás homenajes al dictador se mantienen en la capital, lo que resulta contradictorio con la supuesta ciudad abierta, moderna y tolerante que pretende ser
En 2021 se cumplieron 82 años del fin de la guerra civil española. 82 años y Santa Cruz de Tenerife sigue luciendo casi 80 vestigios que recuerdan y rinden homenaje al general golpista que instauró una de las dictaduras más longevas en Europa: Francisco Franco.
Mientras que la capital de la isla vecina (como muchos otros ayuntamientos del Archipiélago) hizo los deberes y retiró los restos del régimen hace décadas, poco después de recuperar el país la democracia, en Santa Cruz de Tenerife se eternizan en sus calles, plazas, colegios y jardines, entre otros espacios. Es la ciudad sin memoria, sin memoria histórica.
Hay monumentos, esculturas, distintos objetos, escudos y lápidas, además de calles con nombres de franquistas o simpatizantes del movimiento. También perduran los nombres franquistas en centros educativos, barrios y distinciones ilegales a personalidades.
Son tantos que dentro del catálogo que está realizando (aún hoy, en 2022) el Gobierno de Canarias para dar cumplimiento a la Ley canaria de Memoria Histórica, identificando todos los vestigios para poder proceder a su retirada, Santa Cruz de Tenerife ha merecido un documento aparte, específico para la ciudad.
El año 2021 acabó sin que el alcalde, José Manuel Bermúdez (de Coalición Canaria), ni nadie en su equipo de gobierno, diera ningún paso para eliminar de los espacios públicos chicharreros los recuerdos de la dictadura fascista.
Y así ha sido cómo el más famoso de ellos, el monumento llamado de La Victoria, conocido como el Monumento a Franco y situado en la intersección de la Rambla Santa Cruz y la avenida Francisco La Roche, ha visto pasar un año más en el calendario escapando de su retirada para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica, tanto a la nacional como a la regional, nacida en 2018 después de que el gobierno de Mariano Rajoy (PP) asfixiase el presupuesto de la norma estatal.
El Ayuntamiento sabe desde 2019 que mantener el Monumento a Franco es contrario a la ley. Y lo sabe porque un año antes encargó a la Universidad de La Laguna (ULL) un informe específico sobre ese vestigio. Las conclusiones del documento, de 86 tomos, más de 3.000 páginas y cuya autora principal es la catedrática de Historia María Luisa Navarro, fueron tajantes: es ilegal y debe ser retirado.
Dada la extensión del informe, el Ayuntamiento argumentó que debía analizarse con detenimiento. Y en esas llegó la pandemia de coronavirus y todo se paralizó, si es que había algo en marcha en ese sentido.
El Ayuntamiento de Bermúdez había encargado en 2018 otro informe distinto sobre el monumento a Franco, esta vez al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop). En este caso, la conclusión fue que la obra tenía valor artístico y recomendaba su rehabilitación. Sin embargo, tal y como denunció entonces el abogado Eduardo Ranz, que interpuso una demanda contra el Ayuntamiento por no cumplir la ley de Memoria Histórica, ese documento no mencionaba en sus páginas que se trataba de una obra de homenaje al dictador y obviaba que tenía claras referencias franquistas.
Además, señaló que entre quienes lo elaboraron no había expertos en memoria histórica. “Hacer un informe sobre un monumento franquista sin indicar que es un monumento franquista es papel mojado”, declaró el abogado y experto en la materia.
Desde entonces han sido numerosos los argumentos, explicaciones o excusas dadas desde el consistorio para eludir la responsabilidad de dar cumplimiento a la ley. Una de las últimas (y más repetidas) es que el hecho de que Santa Cruz tenga su propio catálogo es una discriminación, una persecución a la ciudad. De hecho, mientras el alcalde decía ante los micrófonos de televisiones y radios que se cumpliría la ley, el Ayuntamiento por él dirigido presentaba un recurso contra el catálogo. Lo cierto es que la Ley canaria de Memoria Histórica no dice en ninguno de sus puntos que el catálogo no pueda elaborarse por partes, pero a eso se agarró el consistorio para cuestionar la validez del documento.
El resultado salta a la vista: no solo el Monumento a Franco sino todos los demás homenajes al dictador se mantienen en Santa Cruz de Tenerife, lo que resulta contradictorio con la supuesta ciudad abierta, moderna y tolerante que pretende ser.
Bermúdez, que logró la alcaldía tras presentar contra la socialista Patricia Hernández una moción de censura fraguada en pleno estado de alarma, se sostiene en el poder gracias al apoyo de una edil expulsada de Ciudadanos y al Partido Popular. Su concejal Eduardo Díaz Guerra, que es el primer teniente de alcalde, se ha posicionado en diversas ocasiones en contra de tocar los homenajes al dictador fascista. De hecho, sobre este monumento en concreto presentó en 2019, cuando estaba en la oposición, una moción en el pleno municipal para “darle otro significado” al conjunto. Fue rechazada por el equipo gobernante entonces (anterior a la moción de censura) y Coalición Canaria se abstuvo en la votación.
Más tarde, Díaz Guerra afirmó que el conjunto, formado por una fuente y una enorme escultura obra de Juan de Ávalos que homenajea al Dragón Rapide (el avión que transportó a Franco hacia Ceuta para iniciar el golpe de estado militar contra el Gobierno de Manuel Azaña) podría convertirse en una atracción turística. Cualquier cosa menos retirarlo.
De nuevo en el poder, la postura extraoficial del Ayuntamiento es que los restos no se tocan, o al menos eso dicen los hechos, porque los casi 80 souvenirs de la dictadura siguen donde siempre, salvo unos pocos que no dependen del consistorio para ser resignificados o retirados.
Públicamente es otra cosa. El alcalde Bermúdez ha afirmado que si la ley dice que el monumento es ilegal, este será retirado, pero lo cierto es que desde que es alcalde (desde 2011 casi ininterrumpidamente, salvo el lapso de poco más de un año en el que Hernández fue alcaldesa) no ha procedido a la retirada de ninguno de los vestigios, especialmente de los más llamativos. Y sí, la ley concluyó que es ilegal y debe ser retirado. Aún así, no se ha movido ni una piedra.
Y siguiendo esta tendencia de no mover ni una piedra, otros lugares de la ciudad también vieron pasar el año 2021 sin novedades. Es el caso, por ejemplo, de la plaza de toros, del antiguo balneario o del barrio del Toscal, la eterna promesa electoral en el Ayuntamiento. Estos estos edificios singulares, estos sí con valor arquitectónico reconocido, siguieron ese año languideciendo en Santa Cruz, porque pese a los proyectos que para ellos surgen cada cierto tiempo, ninguno ha visto por ahora mejorar su situación de abandono.
La novedad sí llegó al parque Viera y Clavijo, uno de los entornos más hermosos y privilegiados de la ciudad, que lleva en total declive desde hace más de 10 años. En octubre de 2021 el Ayuntamiento anunció desde París que el edificio y sus jardines albergarán una sede del Museo Rodin. La rehabilitación de todo el conjunto, que en 1986 fue declarado Monumento Histórico Artístico de Interés, estará a cargo del arquitecto Fernando M. Menis. El coste del proyecto supera los 10 millones de euros y se convertirá, según el Ayuntamiento, en un importante reclamo turístico y cultural para la ciudad.
