“O se actúa ya, o pronto sentiremos nostalgia del paraíso perdido”.
Telesforo Bravo (2000)
En el año 2024, la Comunidad Autónoma de Canarias continuó la aparente deriva hacia el colapso ambiental y social. Digo aparente, porque cada vez estoy más convencido de que las decisiones que se están tomando en estas materias responden a un plan deliberado de extracción de la riqueza y expulsión de la población local más desfavorecida.
Nuestro Archipiélago es un caso evidente de la maldición de los recursos: el sol, el viento, el suelo, el clima y el patrimonio natural atraen como moscas a la miel, intereses económicos de toda procedencia, pero eso no implica, ni mucho menos, una mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Todo lo contrario, los empobrece cada vez más.
Dieciocho millones de turistas visitaron Canarias el pasado año, superando de nuevo las cifras de ejercicios anteriores y apuntando peligrosamente a los veinte millones.
Este escandaloso número, implica que recibimos más turistas que Australia, Brasil y Colombia juntos, lo que desafía todas las leyes de la Física. Solo Tenerife recibió en 2024, siete millones, en una Isla con una superficie de algo más de dos mil kilómetros cuadrados, que ya cuenta con un millón de habitantes. Si el biólogo Antonio Machado ya hablaba en la década de los noventa del siglo XX de una clara superación de la capacidad de carga de esta Isla (y de otras) no es exagerado hablar de que la situación actual es de colapso. O se acerca peligrosamente a él.
Para hacer posible ese milagro se han acondicionado (arrasado) muchos miles de metros cuadrados que se han puesto al servicio de esa ingente masa. Al contrario de lo que señalan los principios de la correcta ordenación territorial y ambiental, primero se construyen las camas y las viviendas turísticas y una vez se ha generado la necesidad, se crean los servicios necesarios para atender a esa población flotante y para favorecer a la élite extractiva que se beneficia de su estancia.
Por lo tanto, no solo se ha sacrificado y se sigue sacrificando suelo para uso turístico; también se consume para generar la energía que ese uso demanda; se ocupa para crear infraestructuras destinadas a recibir una inmensa cantidad de residuos; se amplían carreteras, puertos y aeropuertos y encima se plantean soluciones tan disparatadas como la construcción de trenes en el Norte de Tenerife y Sur de esta Isla y de Gran Canaria. No existe un solo territorio insular del mundo con las dimensiones de Canarias que haya optado por el tren como solución para garantizar la movilidad de sus habitantes. Si ponemos en la balanza los beneficios y los perjuicios que esta forma de transporte generaría aquí, los segundos ganan por goleada.
Llega un momento en que se llega al absurdo de que las herramientas (infraestructuras viarias, energéticas…) para alcanzar un fin (un beneficio económico, una movilidad eficiente, una calidad de vida óptima…) se convierten en un fin en sí mismas. Es entonces cuando los ecosistemas naturales que constituyen el más valioso patrimonio que atesoran estas islas —y hasta la propia población residente— empiezan a competir por el territorio con aquellas y prácticamente en todos los casos, pierden.
Es entonces cuando podemos introducir un nuevo concepto: el de zona de sacrificio. Ese territorio albergaba ecosistemas de gran valor, fundamentalmente en las costas; extensas zonas agrícolas, tanto en las cercanías del mar, como en medianías e incluso núcleos habitados, destruidos o totalmente tuneados por el turismo depredador de masas o por la urbanización, para albergar a nuevos propietarios que o bien adquieren inmuebles para residir —atraídos por la benignidad del clima y el sistema público de salud— o los dedican a la especulación generada por el alquiler vacacional.
Hace mucho que los naturales de Canarias perdimos el control de nuestro destino. Ya no se gobierna desde Santa Cruz de Tenerife o desde Las Palmas de Gran Canaria. Las personas que aparecen como titulares de nuestras Administraciones Públicas de ámbito regional o insular, no dejan de ser medianeros del territorio con la inestimable colaboración del Gobierno del Estado, cooperador necesario en este expolio.
Presión demográfica
Hace 25 años, Telesforo Bravo, ya era muy crítico con esta situación y decía que mientras los municipios sigan haciendo negocio con el suelo, hay poco que hacer en esta materia. También denunciaba que el intenso proceso de urbanización en las zonas de medianías y costas de islas como Tenerife y Gran Canaria han transformado por decreto municipal los paisajes rurales en urbanos colocando a las ciudades tradicionales en una permanente hipertrofia por la presión demográfica que ejerce la llegada de la población inmigrante, atraída por la oferta laboral generada por el sector turístico y por lo que denominaba bendición climática, a la que calificaba como auténtica amenaza, si se sigue ocupando el espacio y deteriorando la calidad de vida. Proféticas palabras, las del sabio portuense que podría comprobar cómo sus vaticinios se han ido cumpliendo y la situación se ha agravado desde que las pronunció.
En el artículo correspondiente al 2023 señalé cómo en las cuestiones territoriales y ambientales se han impuesto las posturas municipalistas y cabildistas en detrimento de las regionalistas. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (primero de Urbanismo y Medio Ambiente, CUMAC, y luego COTMAC), con sus luces y sombras, constituyó durante años un verdadero dique de contención al desorden y desatino en cuanto a la ocupación del suelo y al deterioro ambiental de nuestro Archipiélago. Y precisamente por eso, fue dinamitada a conciencia, por lo que el proceso de degradación no ha hecho sino acelerarse.
Sin embargo, en 2024 no todo fueron malas noticias. El 20 de abril, más de cien mil personas marcharon por las calles de las capitales canarias, de otras ciudades del estado e incluso europeas, demandando un cambio de modelo, bajo el lema Canarias tiene un límite; convocadas por un nutrido grupo de colectivos de todo el Archipiélago y de la diáspora canaria en el exterior, lo que constituye una de las iniciativas de mayor éxito celebradas hasta la fecha, con reivindicaciones de esta índole. Se pidieron entre otras cuestiones: una moratoria en la creación de nuevas plazas turísticas, la aplicación de una ecotasa, la protección del patrimonio natural de las Islas, la regulación del mercado de la vivienda y la paralización de proyectos como el de Tumba del Alma y el Hotel de La Tejita. Paralelamente se constituyó el movimiento Canarias se Agota, algunos de cuyos militantes llevaron a cabo una huelga de hambre por los mismos motivos antes expresados. Tras 20 angustiosos días donde pusieron en juego su salud tuvieron que ponerle fin ante el gran deterioro físico que varios militantes presentaban. El presidente del Gobierno de Canarias recibió a sus representantes en la sede de la Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, pero no atendió ninguna de sus reivindicaciones. Una vez más, la ciudadanía estuvo a la altura del momento histórico que viven nuestras Islas, pero sus gobernantes se aliaron con los intereses de las élites económicas, que, día a día, destruyen nuestro medio ambiente y empobrecen a nuestra sociedad.
En los días previos a la convocatoria, la consejera de medio ambiente del Gobierno de Canarias, Jessica de León, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, realizaron movimientos para desactivar las movilizaciones, convocando a algunos de los colectivos ecologistas y ambientalistas, que declinaron sus invitaciones por su oportunismo político. En fechas posteriores a su celebración, aseguraron que habían entendido el mensaje. Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias afirmó antes de la manifestación que “si fuese un ciudadano más, probablemente iría” y que no iba a sujetar ninguna pancarta, pero que sí creía que la manifestación era una oportunidad.
Canarias Palante
Para dar continuidad a estas reivindicaciones se creó el proceso participativo Canarias Palante, sin partidos políticos, ni intereses empresariales. Participaron 75 colectivos de toda Canarias y muchísimas personas a título individual que presentaron 1.200 propuestas. En octubre de 2024 se invitó mediante escrito con registro de entrada al Gobierno de Canarias y a otras Administraciones Públicas a dialogar y formar parte del proceso, pero el ejecutivo de Fernando Clavijo dio la callada por respuesta.
La falta de respuesta del Gobierno de Canarias y de los Cabildos dio lugar a una nueva movilización el 20 de noviembre, esta vez en zonas turísticas, siendo especialmente nutrida en Tenerife. Los colectivos convocantes sufrimos una fuerte campaña política, con manipulaciones incluidas, acusando al movimiento ecologista de practicar y promover la turismofobia. Se llegaron a utilizar imágenes sacadas de contexto donde un pareja era rodeada por los manifestantes en una playa del Sur de Tenerife, pero no se mostraban aquellas en las que se les invitaba amablemente a moverse unos metros para evitar que quedaran aislados, ni la siguiente en que esa misma pareja se levantaba y se unía a la protesta.
Esta convocatoria, en la que se produjeron algunos incidentes en Gran Canaria, motivó que Gobierno de Canarias y la patronal turística Ashotel evidenciaran una vez más que defienden los mismos intereses, al manifestar, varios días antes de que se produjera, su preocupación por su celebración.
Así mismo Ashotel propuso un leve aumento del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) como alternativa a una ecotasa, argumentando que sería menos perjudicial para la competitividad turística, argumento que también ha hecho suyo el presidente Clavijo, poniendo una vez más los intereses empresariales por encima de los de la mayoría de la población canaria. Se trata de un caso insólito en todo el mundo, en el que un gobierno renuncia a captar recursos extraordinarios que no van a aportar sus ciudadanos, para hacer frente a la sobrecarga que los servicios públicos y el patrimonio natural sufren por la desproporcionada llegada de turistas.
Al presidente parece no importarle que la mayor parte del dinero que genera un turista cuando compra un paquete turístico se queda en su país de origen y que son sus mismos países los que gravan ese producto, con impuestos que también se quedan allí. Es decir, el esfuerzo de las y los trabajadores turísticos canarios —y el sacrificio de nuestro territorio y ecosistemas— sirve para financiar los servicios públicos de Reino Unido, Alemania, Francia…
La respuesta del Gobierno de Canarias
El descontento de la sociedad canaria, ante este verdadero expolio también ha sido combatido por nuestro presidente y su gobierno, con la elaboración y adopción de “51 medidas para la Canarias del futuro. Afrontar el reto demográfico y el desarrollo sostenible”. Se trata de un triste intento de eclipsar el proceso Canarias Palante que en un nuevo ejercicio de despotismo, fue elaborado únicamente por representantes de las Administraciones Públicas. Las comisiones de trabajo que confeccionaron el documento estaban compuestas por un representante del Gobierno de Canarias, uno de cada uno de los Cabildos y uno de la Fecam. Ningún agente económico y social de Canarias y, por supuesto, ningún representante de los colectivos ecologistas y conservacionistas fue llamado a participar.
Un análisis rápido del documento permite concluir que a pesar de su pomposo título, además de crear una enorme cantidad de instrumentos públicos, como visores, atlas, oficinas, etc. lo que pretende es que la población canaria, se olvide de que hay actividades económicas alternativas al turismo y de que nuestros gobernantes van a mover un dedo para cambiar el modelo económico. Hay párrafos para enmarcar: “Las administraciones públicas canarias, en este contexto, deben consensuar políticas alineadas de gestión de sus espacios naturales basadas en el respeto a la normativa de aplicación y a su incorporación como recurso turístico”, como si nuestros espacios naturales ya no estuvieran siendo explotados hasta la extenuación por la industria turística.
Algunas de las medidas propuestas contravienen lo dispuesto en la normativa de regulación de determinados espacios naturales protegidos como los Parques Nacionales: “La formación de operadores en los espacios naturales se conforma como un vector tanto de protección como de promoción de dichos entornos”; cuando esos lugares de protegen para proteger un patrimonio natural valioso y cualquier uso que se pretenda realizar en ellos, se debe supeditar a su conservación.
Otras ofenden la inteligencia y la dignidad de los que aquí habitamos: “El entorno rural de Canarias y su población se convierte en guardián del territorio, las tradiciones, la cultura, gastronomía y etnografía de las islas, que son atractivos fundamentales de Canarias como destino turístico”.El entorno rural y su población no es el que genera alimentos, conserva el paisaje para la población canaria y su biodiversidad agrícola, además de constituir el hábitat de muchas especies endémicas animales y vegetales. Solo es valioso por el atractivo que constituye para el turismo.
Nos guardamos la traca final para el bloque referido a la Protección del medio ambiente y acceso a los espacios naturales protegidos. Las medidas propuestas se limitan a:
-Mejorar la ordenación de los accesos en los espacios naturales protegidos.
-Mejorar la vigilancia en los espacios naturales protegidos.
-Desarrollar medidas horizontales de apoyo a las dos líneas anteriores.
Con todos los respetos a las personas que han elaborado este documento, sus conclusiones son un verdadero insulto a la inteligencia y una tomadura de pelo impresentable, puesto que fueron financiadas con dinero público y demuestran que la estrategia del actual grupo de gobierno de la Administración Autonómica, es la creación de cortinas de humo para que la ciudadanía crea que están introduciendo cambios, cuando en realidad su objetivo es consolidar a la industria turística y a los promotores del turismo de masas como los dueños y señores del Archipiélago y de nuestros destinos. Permítanme la broma de asegurarles que es cuestión de tiempo que quienes nos gobiernan propongan la instauración de una nueva fiesta en honor a Nuestra Señora del Turismo.
Otras actuaciones
Voy concluyendo este artículo sobre la situación ambiental del Archipiélago en 2024 con la concesión en septiembre, de la licencia de obras de Tumba del Alma por el Ayuntamiento de Adeje —con la colaboración del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias—, que se han puesto de perfil y han permitido una anomalía sin precedentes en este estado llamado España. Que sea un ayuntamiento el que apruebe la traslocación de las especies protegidas presentes en el ámbito en que se desarrollan las obras, cuando es el Cabildo que preside Rosa Dávila el competente para hacerlo. Tampoco ha servido para frenar este verdadero ecocidio la declaración por el Instituto Geológico y Minero de España del ámbito del Puertito de Adeje como Lugar de Interés Geológico, en septiembre de 2024, con el nombre de Ignimbritas y depósitos de caída plinianos del Puertito de Adeje. 170.000 hectáreas fueron clasificadas con esta categoría porque en este entorno se encuentran afloramientos de importancia mundial de depósitos de dos grandes erupciones plinianas originadas en el edificio Cañadas.
Una vez más, la inacción del Cabildo y del Gobierno de Canarias permiten que esta decisión no sea más que un papel mojado en términos de su conservación, ya que se niegan a promover su declaración como espacio natural protegido cuando presenta valores más que suficientes para que así se haga. Además, hay que recordar que la ley estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad es de 2007 y los sucesivos Gobiernos de Canarias
—de todo signo político—, no han tramitado la necesaria ley autonómica de desarrollo. Esta inacción, de nuevo voluntaria y consciente, ha impedido la protección del patrimonio geológico que se encuentra fuera de cualquier espacio natural protegido, como ocurre en este caso. La privatización de este espacio, de su privilegiada playa y su consagración como reserva para europeos ricos de alto poder adquisitivo, estaba con esta decisión cada vez más cerca.
En diciembre de 2024, la defensa del patrimonio natural en Tenerife sufrió un nuevo varapalo, ya que la Audiencia Nacional confirmó la servidumbre de 20 metros y no la de 100, como se había solicitado. Una verdadera pena que sus señorías no se dieran una vuelta por el entorno antes de dictar sentencia. Habrían visto que la arena no entiende de servidumbres y que la dinámica que la afecta la llevó a formar dunas que fueron capaces de romper la valla y ocupar terreno en el ámbito en el que se estaba desarrollando la obra. Una vez más, todo son garantías para los promotores y especuladores, pero nuestro patrimonio natural no tiene quien le defienda.
El cuidado del Teide
Capítulo aparte merece la degradación sufrida por el Parque Nacional del Teide en 2024. Durante ese año superó, por primera vez desde su declaración, los cinco millones de visitantes, lo que le convierte en el parque nacional más visitado de Europa y uno de los más visitados del mundo. Con 190 kilómetros cuadrados, recibe casi tantos como el Parque Nacional del Cañón del Colorado, que tiene 4.926. Es imposible conservar un patrimonio natural tan frágil e importante con esa enorme afluencia.
La sucesiva delegación de competencias desde el Estado al Gobierno de Canarias y de este al Cabildo de Tenerife ha agravado la situación, de tal manera que proliferan las infracciones y la afluencia masiva de visitantes, imposibilita la calidad de la visita y pone en riesgo la conservación de los valores que dieron lugar a su declaración. La tricefalia de la presidenta Dávila (como presidenta del consejo de administración de la empresa que más negocio realiza en el Parque Nacional, como promotora de la carrera de Montaña Blue Trail y como presidenta del Patronato del Parque Nacional del Teide) decanta la balanza siempre a favor de su explotación económica y no a su conservación, a pesar de que la Ley de Parques Nacionales dice lo contrario.
La plantilla de agentes de medio ambiente del Parques Nacional, encargados de prevenir y combatir las infracciones, fue en 2024 de cuatro, lo que motivó que durante la noche —y especialmente los fines de semana— este espacio natural careció de protección efectiva. Esta es una situación habitual que se da también en la inmensa mayoría de los espacios que conforman la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.
En 2024 tampoco se aprobó el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (el actual es de 2002, por lo que está caducado y desfasado), lo que facilita la arbitrariedad en la gestión.
Nos gustaría terminar este análisis de una forma optimista, pero la realidad se impone y me atrevo a afirmar que de continuar este ritmo de destrucción y degradación de nuestro patrimonio natural, va a quedar muy poco que conservar y mucho que recordar y lamentar. Ante la visión extractivista, cortoplocista y contraria al interés general de nuestros gobernantes y de la totalidad de los partidos que conforman el arco parlamentario canario solo nos queda movilizarnos para evitar este desastre que condena a nuestros hijos e hijas, a nuestros nietas y nietos, a vivir un infierno en lo que hace no tantos años fue un paraíso.
