Entre las sorpresas agradables de un 2005 marcado por la expectación, si no parálisis, ante la deriva que pudiera tomar la anunciada reforma educativa a nivel estatal, puede destacarse la publicación de dos informes que profundizan en el análisis de la educación no universitaria en Canarias. La cobertura, el eco y la atención recibida, incluso entre los profesionales del sector, no les han hecho justicia.
El primero, editado por un Consejo Escolar de Canarias (CEC) del que podemos sentirnos orgullosos, es un interesantísimo Informe sobre la realidad educativa en Canarias 2005: La educación que queremos, que ofrece con gran rigor una triple visión del asunto: la opinión del propio CEC, la de la comunidad educativa y la de la sociedad canaria en su conjunto. Es una pieza de lectura obligada para la comprensión de algunos de los problemas estructurales de nuestra enseñanza y una guía de propuestas bien fundamentadas que debería ser referencia para la administración en su tarea de implementar la Ley Orgánica de Educación (LOE).
El segundo, obra de la Oficina de la Comisionada para la Reforma, titulado Diagnóstico de la Educación no Universitaria en Canarias, no gozó de unanimidad sindical, pero sirvió en marzo como base para un acuerdo de resolución del Parlamento de Canarias que instaba a la Consejería a adoptar medidas tendentes a la mejora del sistema educativo. Entre líneas, los acuerdos de las nuevas mayorías que se avecinaban para delimitar el terreno de juego de la Consejería de Educación ante la inminente aprobación de la LOE.
Asistimos el pasado año a la sustitución del consejero Ruano como máximo responsable de la Educación, la Cultura y el Deporte en Canarias. Llamado a ganar renombre en el Gobierno autónomo, su sitio fue ocupado por quien algunos denominaron “un perfil bajo”, Isaac Godoy. A día de hoy, un cambio de tal calado aún constituye una incógnita para el sector. Incógnita que, sintomáticamente, no es objeto de mayor debate en los claustros, las salas de profesores ni, menos aún, en las casas de los alumnos.
El nuevo consejero asumió casi en su totalidad el equipo de su predecesor. En los complejos equilibrios de poder entre las familias de Coalición Canaria debe entenderse la continuidad de quienes habían apoyado con entusiasmo la LOCE (hasta ser el único grupo que se unió al PP en su aprobación e incluso anticiparse al resto de España en la aplicación de algunas de las medidas más polémicas) cuando, ya desde los primeros meses, Godoy presiona para que el grupo parlamentario de CC en Madrid apoyara la LOE o contra-contrarreforma del PSOE. Así, en apenas dos años, la Consejería había pasado de abanderar un modelo a apostar por el contrario. No existió debate profesional o público ni, también es cierto, voces que lo reclamaran.
Se acerca el momento en que la Administración educativa habrá de implicarse en el desarrollo normativo de nuestra cuota autonómica de la LOE. En términos de currículo, un tercio del total. Aquí será determinate el rumbo que se adopte. El equipo de Isaac Godoy tiene una oportunidad, y una gran responsabilidad, en la gestión que realice del desarrollo de la LOE en Canarias. La nueva ley plantea (quizá, tras tanto ruido, la única nuez junto a la Educación para la Ciudadanía) el gran reto de reconstruir las programaciones didácticas en función de competencias básicas. Las competencias básicas son la traducción a nuestro sistema de las key competencies de la Unión Europea, un ambicioso plan para modernizar (hay quien dice que sólo economizar) la educación en Europa apuntando hacia el saber hacer más que al simple acumular saber y hacia un más polivalente aprender a aprender.
Por etapas
Una vez que el período de 3 a 6 años se ha consolidado como etapa de escolarización obligatoria, continúa abierto el debate sobre el verdadero contenido que pueda tener la etapa de 0 a 3 años, en Educación Infantil. Sobre la mesa los estudios de la Encuesta de Población Activa que muestran la necesidad de ampliar la oferta pública de plazas que dé cobertura al derecho ya regulado de conciliar la vida familiar y laboral. El debate (y también la tentación) está en promover una red de centros materno-infantiles de carácter más asistencial que educativo. Una titulación de mínimos en los profesionales que los integran permitiría una red de bajo coste, pero incapaz de ejercer un rol compensatorio con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Un aspecto a debate en Educación Infantil de 3 a 6 años será la ubicación o no del aprendizaje de la Lectoescritura en los currículos de etapa. La insoportable presión de la enseñanza privada, que ha hecho del adiestramiento temprano en esta habilidad una falsa bandera de calidad, amenaza con arrastrar a todo el sistema público a canteros que dejaron de ser labrados hace años en los sistemas educativos más avanzados del mundo. Los especialistas insisten en que la Lectoescritura prematura genera más daño que beneficio, pero eso no vende entre las asociaciones de madres y padres de alumnos, es decir, entre el electorado.
La Primaria se encuentra en una fase decisiva para la redefinición, quién sabe si recuperación, del papel de los maestros tutores (¡por favor, al menos en el primer ciclo!) entre el tsunami de maestros especialistas que la inundan. Primaria y Secundaria Obligatoria enfrentan por igual la necesidad de afeitar un currículo desproporcionado y academicista junto a la de impregnar el sistema de esa nueva filosofía de las “competencias básicas”. Tarea desagradecida cuando socialmente se ha extendido la infundada opinión de que el problema de la ESO ha estado precisamente en la reducción de contenidos.
Mientras, en Secundaria se larva una bomba de relojería por la situación de los profesores que imparten docencia en el primer ciclo de la ESO (antiguos maestros de EGB que, en su momento, se adscribieron para dar clase en la nueva ESO a la misma franja de edad que atendían en la EGB). Lejos de promover la integración en claustros mayoritariamente formados por antiguos profesores del BUP y beneficiar al sistema de su experiencia y saber hacer, una serie de sentencias judiciales y algunas decisiones administrativas les han ido inhabilitando para desarrollar tareas directivas y, de facto, les han excluido de los núcleos de decisión pedagógica de los institutos. Con el agravante de que sobre ellos recae el grueso de la docencia en los cursos más difíciles para la gestión de la convivencia (1º y 2º de la ESO).
La Formación Profesional mejora sus indicadores en los estudios de Grado Superior, pero no crece donde el resto del sistema educativo y la sociedad le demanda, que es en la formación de alumnado de Grado Medio. Esta fractura se fundamenta en una normativa de acceso obstruccionista y en irracionales criterios de titulación para la ESO, que lejos de ser la referencia de mínimos para cualquier ciudadano se convierte en un listón infranqueable. La sociedad debe considerar que los Ciclos de Grado Medio (y no la ESO) deben ser la luz al final del túnel, el gran instrumento de inserción laboral y socio-afectiva para un segmento muy importante, el potencialmente más conflictivo, de la juventud canaria.
Las resistencias internas parecen ser el mayor obstáculo a la redefinición del mapa de la FP para ajustarlo a las necesidades del sistema productivo tal y como estuvo siempre previsto. Piedras sobre el propio tejado y visión cortoplacista.
El Bachillerato, pese al mandato LOGSE, continúa empapado en la inercia del antiguo BUP y sólo entiende de preparar a los alumnos para la Universidad. No es esa su única función ni la demanda social, por lo que se impone una renovación en profundidad que, a falta de empuje del MEC, quedará a expensas de cada autonomía.
Tiempo de campaña
Cuando el nuevo consejero ha ido haciéndose con el timón de la nave que comanda, será el calendario electoral quien imponga su ritmo. La toma de decisiones estructurales nunca ha hecho buenas migas con los alegres tiempos de precampaña, el panorama que se avecina se presenta interesante.
En el terreno sindical los representantes de los trabajadores no han encontrado una respuesta conjunta ni contundente a la ruptura unilateral de facto por parte de la Consejería del complejo sistema de relaciones laborales de sus trabajadores interinos y sustitutos. La fragmentación de colectivos, afectados y en ocasiones enfrentados por diferentes intereses, ha servido a la Administración para eludir la negociación y establecer pactos sectoriales. Los otrora poderosos movimientos de interinos navegan sin rumbo a la espera de que un gran acuerdo estatal pueda salvar in extremis la situación de un colectivo afectado por la inestabilidad y un injusto empeoramiento continuado de sus condiciones laborales.
La inminente aprobación del tan demandado Estatuto de la Carrera Docente o las terribles cifras de fracaso escolar también han pasado sin pena ni gloria. Pero es que sólo un tema interesa a los claustros y a las familias: el deterioro de la convivencia. Problema grave y real, torpemente manejado desde los medios. E incluso, en ocasiones, desde el propio sistema educativo. Criterio y formación, tanto de familias como de los profesionales, son el único camino.
En el debe de la Consejería de Educación está su incomprensible incapacidad para trasladar adecuadamente a la sociedad y a sus propios profesionales sus importantes esfuerzos presupuestarios en la mejora del servicio público. Así, no es suficientemente conocido ni rentabilizado por los centros educativos el esfuerzo realizado en el catálogo de Programas de Innovación. Tampoco las denominadas Medidas de Atención a la Diversidad, conjunto de actuaciones destinadas a mejorar las condiciones en las que los centros se enfrentan al problema de la compensación de desigualdades que se salda básicamente con recursos humanos, quizá la más cara de las intervenciones.
El Proyecto Medusa de inmersión tecnológica concluyó en la secundaria (un esfuerzo digno de elogio) y comenzó la nueva fase Medusa Primaria. Se invertirán 5,5 millones de euros este curso, quizás insuficientes si pensamos en la deuda histórica que se arrastra. No se debería bajar la guardia en estas políticas, cuya verdadera dimensión sólo veremos en el largo plazo. Y continúa el esfuerzo presupuestario del Plan Sur para atender la presión demográfica y la catalogación de Centros de Atención Preferente con un apoyo técnico y económico extra para aquellos con un déficit estructural importante. Sin embargo, será baldío si no se sostiene en el tiempo.
Discutible, al menos, fue la decisión de dejar a Canarias al margen de los mecanismos de evaluación PISA para confiar, en exclusiva, en las herramientas de evaluación del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa. Aunque el viceconsejero Hernández Guarch ha manifestado su intención de incorporarse a PISA en un futuro próximo, mal ejemplo para los centros educativos a los que se quiere incorporar a la cultura de la evaluación externa.
EL CONSEJERO GODOY Y LAS NARANJAS DE GARCÍA CABRERA
El Consejo Escolar de Canarias eligió unos hermosos versos populares que inspiraron al homenajeado Pedro García Cabrera para preludiar ese excelente Informe sobre la realidad educativa en Canarias al que me he referido. La celebración de un centenario tiene esas cosas. Rezan: “A la mar fui por naranjas / cosa que la mar no tiene / metí la mano en el agua / la esperanza me mantiene”.
El consejero de Educación, llevado seguramente del entusiasmo conmemorativo, identificó posteriormente estos versos con lo que denominó una “sintonía de optimismo” con la que se solidarizaba.
Sin pretender ser quien indique al rey que va desnudo, ni quien enmiende la plana a un poeta, manifestaré aquí mi preocupación por la elección de tan vieja idea para prologar un tratado sobre educación y, más concretamente, sobre la educación en Canarias. Hay quien dice que lo mejor es lo contrario de lo bueno.
Sorpresa profesional, cabría decir, ante la posibilidad siquiera de que semejante actitud (la de buscar insistentemente en algún lugar lo que no se da, ni por definición puede darse) pueda ser tenida por positiva ante un problema, el de la educación, que requiere ante todo de claridad de juicio para la evaluación objetiva de situaciones, procesos y prioridades y la implementación de estrategias viables y sostenibles.
Quizá sea el momento, en estos tiempos de reforma, de aclarar a la sociedad canaria qué expectativas es razonable depositar en el sistema educativo y cuáles no. Y, consecuentemente, qué requisitos de calidad está autorizada a reclamar a los profesionales que paga. Siempre que no sean naranjas.
