Gisèle Pelicot, víctima de violaciones por numerosos hombres al ser drogada por su marido en Francia, ha dicho en el inicio del macrojuicio de este caso una frase para la historia: “La vergüenza tiene que cambiar de bando”. Cada vez más mujeres dan el duro paso de visibilizar sus testimonios y señalar a los agresores de las múltiples violencias machistas que sufren: física, psicológica, sexual, económica… pero aún se encuentran con numerosos obstáculos para poder denunciar, con miedo a ser creídas, falta de recursos y con un discurso de odio y negacionista que está en auge por la proliferación de bulos.
La Ley estatal de Violencia de Género de 2004 señala como tal la violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Así mismo, cabe recordar que la Macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad arrojó escalofriantes datos como que once millones de mujeres han sufrido violencias machistas en España (el 53,7%). Se trata de agresiones físicas, malos tratos psicológicos, agresiones sexuales, acoso… El extenso informe, para el que se realizaron más de 9.000 encuestas en todo el país, abordó todo tipo de violencias que afectan a las mujeres y puso especial hincapié en la violencia sexual, que deja alarmantes cifras como el hecho de que solo el 8% de las víctimas denuncia.
En Canarias, vemos que el número de mujeres que llaman al servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género del 1-1-2 ha ido en aumento en los últimos años. Es especialmente llamativo cómo en épocas de Navidad o verano, cuando las víctimas pasan más tiempo con el agresor, se incrementa el número de alertas. Por ejemplo, solo en el mes de julio de 2024, se recibieron 1.524 llamadas, de las que más del 50% (784) fueron de emergencia, es decir, situaciones en las que la vida de ellas corre peligro. Según explica el Instituto Canario de Igualdad (ICI), estas alertas obligaron ese mes a 39 mujeres y sus 17 hijas e hijos a abandonar sus hogares y ser alojadas en los dispositivos de emergencia que el Gobierno canario financia con los cabildos.
En el balance de todo 2023 realizado por el ICI se refleja que ese año se produjeron un total de 17.659 llamadas, lo que supuso un 17% más que en el año anterior. En 730 ocasiones, la víctima tenía alguna discapacidad y si se atiende a la tipología de la llamada, el 58% fue de emergencia, lo que entrañaba peligro inminente para la víctima; el 19%, de urgencia (situación priorizable) y el 23%, de información. En el 48% de los casos, el agresor era la pareja y, además, otro punto destacable es la edad de las víctimas, pues aumentaron las llamadas de menores para alertar de casos de violencia machista en un 25% ese año.
Si atendemos a los resultados del informe anual del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, se aprecia que Canarias registró durante el año pasado una tasa de 102,1 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000, lo que supone la cuarta más alta del Estado después de Baleares (124,8), Murcia (114,5) y la Comunidad Valenciana (106,5). “El aumento de la criminalidad machista en Canarias es superior al registrado en la totalidad del territorio nacional, donde el número de denuncias se incrementó un 9,5% en la comparativa interanual”, destaca el Poder Judicial.
“Entre 2021 y 2022, el número de denuncias por violencia machista había crecido en el Archipiélago un 8,4%, pero entre 2022 y 2023 este aumento ha subido al 17,2%, esto es, en 8,8 puntos porcentuales más”, incide este informe.
Retos para la atención en Canarias
Por su parte, el informe anual de la Diputación del Común en Canarias refleja varios retos y carencias que aún existen en las Islas en la lucha contra las violencias machistas. Por ejemplo, menciona que faltan forenses, hay retrasos en los informes periciales y en las ayudas o dificultades para acceder a una vivienda.
“Especialmente preocupante es la acumulación y el retraso en la emisión de los informes periciales forenses (médicos y psicológicos) por parte de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Canarias (IMLCF) respecto de mujeres y niños inmersos en un procedimiento judicial, ello por falta de medios personales, motivo de queja en ocasiones hasta por parte de los propios operadores judiciales”, recoge el documento.
“La vivienda destaca como una de las materias que motivan la interposición de queja ante esta institución, especialmente debido a problemas habitacionales o a la necesidad de vivienda de mujeres víctimas de violencia de género, así como situaciones de desamparo donde, ante la posibilidad de un desahucio inminente, no se da una solución habitacional”, señala el informe de la Diputación del Común.
En la mayoría de los casos se trata de titulares de familias monomarentales con menores a cargo; algunas de ellas tienen algún tipo de discapacidad reconocida, y en otros casos, alguno de los hijos/as ellas cuentan con alguna discapacidad“, subraya. Además, lo más frecuente es que no cuenten con ingresos ni empleo, y en el caso de que lo tengan se trata de empleos precarios.
El documento incide en que las mujeres también denuncian la violencia institucional que reciben por parte de los órganos judiciales, pues existen diferencias a la hora de proteger a las víctimas. Por ello, entre otras muchas carencias, el informe recoge la denuncia que ha realizado el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife sobre la disparidad de los juzgados canarios a la hora de proteger a las víctimas de violencia machista; una queja que se trasladó al Consejo General del Poder Judicial.
