Por primera vez, el reto demográfico y la cohesión territorial ocupan el lugar que merecen en el debate público de Canarias. No se trata de una preocupación coyuntural, sino del mayor desafío al que se enfrenta nuestro archipiélago desde su constitución como comunidad autónoma. Frente a este reto, el Gobierno de Canarias ha adoptado la única vía posible: un diálogo transversal y constante con todas las administraciones, los sectores económicos y los agentes sociales.
Durante 2024, ese trabajo cristalizó en un hito histórico: los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma incluyeron por primera vez partidas específicas dirigidas a abordar esta cuestión de forma estructural. Desde esta Consejería, las políticas territoriales se han orientado a apoyar este objetivo, integrando protección ambiental, seguridad jurídica y desarrollo socioeconómico sostenible.
Modernizar la ordenación territorial
Una de las claves ha sido la actualización de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales, fruto de un proceso participativo sin precedentes, con la implicación de más de 700 profesionales, colectivos sociales, expertos universitarios y representantes del sector público y privado. El objetivo es una norma clara, eficaz y adaptada a las necesidades reales del territorio y su gente.
Al mismo tiempo, se ha reactivado la planificación municipal con la recuperación, tras tres años de inactividad, de las subvenciones destinadas a este fin. En 2024 se invirtieron 2,3 millones de euros en 37 proyectos de planeamiento, distribuidos por todas las islas. Esta herramienta es esencial para actualizar los marcos urbanísticos y asegurar una ordenación racional del espacio.
A ello se suma la actuación directa en situaciones complejas como la de Cofete (Fuerteventura) o el entorno del Tajogaite (La Palma), donde se avanza para garantizar seguridad jurídica a propietarios y vecinos. También se ha iniciado la suspensión del planeamiento sobre los terrenos de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife, paso imprescindible para el mayor proceso de transformación urbana en Canarias en décadas.
Territorio protegido, medioambiente fortalecido
La política territorial de este Gobierno pone especial énfasis en la protección del medioambiente. En 2024, sellamos vertederos ilegales equivalentes a más de 755.000 metros cuadrados recuperados para la naturaleza. Se reforzaron los medios humanos y técnicos para vigilar y proteger nuestro frágil entorno, y se avanzó en proyectos estratégicos como el abastecimiento y la depuración de agua en La Graciosa, enclave de alta sensibilidad ambiental.
Todo esto forma parte de una concepción integral del territorio como eje de cohesión, desarrollo y resiliencia. Por eso, uno de los ejes estratégicos es la gestión del agua, recurso vital y especialmente complejo en nuestro territorio por la fragmentación insular, la orografía abrupta y la distancia al continente. Durante 2024 se sentaron las bases de una nueva estrategia hidrológica canaria, liderada por el Gobierno autonómico, con vocación de equidad y sostenibilidad.
Gracias al impulso político y técnico, se aprobaron los planes hidrológicos insulares que llevaban tres años de retraso, evitando así sanciones europeas y dotando a Canarias de una hoja de ruta realista para garantizar abastecimiento, depuración y reutilización del agua con calidad y eficiencia, también en beneficio del sector primario.
Preparados para las emergencias
La protección del territorio también exige una transformación profunda en la gestión de emergencias. El año 2024 marcó el inicio de ese cambio. Canarias necesita un sistema público de protección civil moderno y coordinado, con capacidad para anticiparse y responder eficazmente a los riesgos, especialmente a los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos.
Se constituyó un grupo técnico de análisis, se activó el Plan Infoca, se adquirieron balsas portátiles para incendios, un nuevo puesto de mando avanzado y se trazaron las bases para desplegar unidades de Protección Civil en cada isla. Todo ello bajo dos principios: reforzar la comunicación con la ciudadanía, que debe convertirse en un agente activo en la prevención, y avanzar hacia una nueva Ley de Protección Civil y Emergencias.
Esta ley definirá con claridad las competencias de cada administración en función de las nuevas normativas estatal y europea, y aprovechará los avances tecnológicos para hacer frente a los desafíos derivados del cambio climático. Además, servirá de marco para la futura creación de la Agencia Canaria de Emergencias, pieza clave para dotar a nuestro Archipiélago de un sistema moderno, eficaz y coherente.
El camino hacia una Canarias más cohesionada
El reto demográfico en Canarias no es un problema a gestionar, sino una oportunidad para impulsar el equilibrio territorial, la justicia social y la sostenibilidad. Frente al modelo de concentración, proponemos un desarrollo más equitativo, con servicios de calidad en todas las islas, oportunidades reales para vivir en el mundo rural, y un territorio ordenado, protegido y conectado.
Nada de esto será posible sin un liderazgo firme desde el Gobierno de Canarias, sin el compromiso de cabildos y ayuntamientos, y sin el respaldo del Estado y de la Unión Europea. A lo largo de 2024 dimos los primeros pasos para avanzar juntos en esta dirección. Porque hablar del territorio es hablar de las personas que lo habitan. Y defender el territorio es proteger nuestro futuro.
