Canarias ha transitado históricamente por desafíos estructurales que han requerido respuestas ambiciosas y sostenidas en el tiempo. En esta legislatura, se ha apostado por una mirada integradora al vertebrar en una sola consejería las políticas universitarias, la ciencia, la innovación y la cultura. Lo que a simple vista podría parecer una suma administrativa, es en realidad una estrategia política con visión de futuro.
Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura no son compartimentos estancos. Son ramas que, al conectarse, generan un tronco común: el del progreso justo y sostenible del Archipiélago. En un territorio marcado por la fragmentación física y los retos sociales estructurales, esta integración permite tejer una hoja de ruta coherente.
La educación superior no puede ser ajena al esfuerzo de innovación que reclama el tejido productivo. La cultura no puede quedar relegada a un ámbito decorativo; es memoria viva y motor de cohesión. Y la ciencia no puede avanzar sin un marco estable que dé seguridad a quienes la desarrollan. Por eso, uno de los compromisos más relevantes de este Gobierno, y que merece ser subrayado, ha sido activar el trámite parlamentario de la nueva Ley Canaria de la Ciencia, que sustituirá a una norma obsoleta, vigente desde 2001.
Esta ley no es solo un instrumento jurídico: es una declaración de voluntad política. Supone reconocer que Canarias debe dejar de ser territorio de paso para convertirse en un entorno fértil para la investigación y el desarrollo. Representa una apuesta por la excelencia científica, la transferencia de conocimiento, la cooperación internacional y la retención de talento.
Que esta ley esté ya en proceso parlamentario no es un detalle menor. Era uno de los objetivos de legislatura y se está cumpliendo. Frente a inercias y promesas vacías, se ha optado por sentar las bases de un marco legal robusto, que ofrezca previsibilidad a largo plazo, fomente la movilidad del personal investigador y fortalezca el vínculo entre universidades, centros de conocimiento y sociedad. Canarias necesita que la ciencia se arraigue, no que dependa de ciclos cortos o decisiones aisladas.
Esta estrategia está respaldada, además, por el mayor presupuesto de la historia para las universidades públicas canarias: 290 millones de euros en 2025. No es un dato cualquiera; es una inyección que garantiza estabilidad y mejora la calidad docente. En un contexto de incertidumbre presupuestaria a nivel estatal, el Gobierno de Canarias ha decidido no esperar y blindar con recursos propios lo que considera estratégico.
La vertebración no se agota en lo académico. Se amplía con programas como DIGINNOVA, que forma a jóvenes en digitalización y sostenibilidad, o con convocatorias para proyectos de I+D+i que suman millones de euros distribuidos entre universidades, centros de investigación y empresas. Estas acciones permiten que el conocimiento se convierta en innovación real, que mejore vidas y diversifique la economía.
A esto se suma una dimensión cultural profundamente política. La cultura no es un lujo; es una herramienta para construir comunidad, generar pensamiento crítico y fortalecer identidades. El impulso a circuitos culturales, la inversión en patrimonio, los programas de artes visuales y el respaldo a las industrias creativas son prueba de una visión integral del desarrollo.
Una consejería así configurada permite pensar Canarias desde lo académico, científico, tecnológico y cultural al mismo tiempo. Su lógica es clara: articular políticas públicas que dialoguen entre sí y compartan metas. No se trata solo de gestionar áreas, sino de proyectar futuro desde nuestras singularidades, como demuestra también el proyecto Identitaria, que sitúa la cultura, la memoria y la reflexión sobre lo canario en el centro de nuestra acción pública.
De eso se trata: de que Canarias genere una economía basada en el conocimiento, forme a sus profesionales sin obligarlos a emigrar, investigue desde su territorio para el mundo, cultive pensamiento propio, proteja sus lenguajes culturales y cree oportunidades desde su realidad geográfica.
Cuando hablamos de ciencia, no lo hacemos solo de laboratorios; al invertir en universidades, no lo hacemos solo en grados; y al apostar por la cultura, no lo hacemos solo por la memoria. Se construye ciudadanía, cohesión social y soberanía intelectual. Solo una arquitectura institucional como esta lo hace posible.
El reto no ha terminado, pero el rumbo está definido. Frente a modelos fragmentados y gestiones de corto alcance, Canarias ha optado por conectar lo que nunca debió estar separado. Ciencia, universidad, innovación y cultura son, juntas, una forma de hacer política con visión.
Dos años después de asumir esta responsabilidad, puedo afirmar que esta consejería ha sido un espacio desde el que hemos trazado una política con sentido de futuro. Ha sido un reto intenso, pero también una oportunidad para demostrar que invertir en conocimiento, cultura y ciencia es garantizar estabilidad y cohesión.
Sabíamos desde el primer día que unir educación superior, ciencia, innovación y cultura no era una tarea sencilla. Pero hoy, con la Ley Canaria de la Ciencia ya en trámite parlamentario, con presupuestos históricos para nuestras universidades públicas, con proyectos de innovación transformando realidades locales y con una cultura que se despliega en las ocho islas, podemos decir que hemos puesto en marcha un modelo que conecta saber, talento e identidad.
También sabemos que el hecho insular marca nuestras políticas, y por eso cada avance debe construirse con una mirada que entienda y responda a nuestras singularidades.
Desde aquí seguiremos trabajando con rigor, sin estridencias, pero con una convicción clara: Canarias tiene todo lo necesario para ser un territorio central en la producción de conocimiento, en la creación cultural y en la innovación. Y desde esta consejería, seguiremos abriendo caminos para lograrlo.
