Los pasos dados para lograr poner coto a los desmanes sobre el territorio y evitar que la riqueza ambiental de Canarias se siga esquilmando se enfrentan todavía a la irrefrenable inercia de un modelo que basa en buena medida su capacidad para subsistir económicamente en el desarrollo turístico, residencial y de las infraestructuras.
Tres años de moratoria turística y dos de intenso debate político para conseguir aprobar la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo en abril de 2003 -con el ambicioso objetivo de limitar la voraz ocupación del territorio que ha vivido Canarias e iniciar un modelo de desarrollo que equilibre lo social, lo empresarial y lo ambiental- desembocaron en 2004 en un panorama de cierto agotamiento del proceso que, pese a algunos avances innegables, ha perdido gran parte de su inicial fuste. Canarias llegó a 2004 con 1.915.540 habitantes y cerca de doce millones de visitantes, casi 480.000 camas turísticas y 4.400 establecimientos hoteleros, lo que supone una presión enorme para un territorio tan pequeño y frágil, que tiene el 42% de su suelo protegido, así como un riesgo para la propia industria turística y para la calidad de vida de los canarios.
La decisión en 2001 de parar de golpe el crecimiento turístico para tener un respiro y pensar qué hacer en el futuro, tuvo y mantiene importantes apoyos, ya que pocos niegan que la situación se hacía insostenible. El éxito de esta medida, sin embargo, queda en parte apagado al comprobar que pese al parón en la concesión de licencias, el número de camas turísticas creció en 40.000 hasta 2003 y aún lo sigue haciendo, ya que las hasta 90.000 licencias almacenadas antes de la moratoria se están ejecutando a toda prisa. La Ley de Directrices mantuvo esa moratoria turística al menos hasta 2006 y fijó las bases de lo que pretendía ser un modelo de desarrollo sostenible en las Islas, una gran revolución, al menos sobre el papel, para una tierra en la que su riqueza ambiental está íntimamente ligada a su capacidad de crecimiento económico y bienestar social.
El año 2004 debía ser el de verdadero despegue de esta norma, que al aprobarse justo antes de las elecciones de 2003 quedó durante los primeros meses pendiente del reajuste político en las instituciones del Archipiélago. Sin embargo, la complejidad del documento y el rigor de los plazos para sacar adelante los numerosos objetivos marcados -junto a la actitud de muchos cabildos y ayuntamientos de no tomarse muy en serio las disposiciones aprobadas por unanimidad en el Parlamento y la presión para seguir construyendo infraestructuras- han provocado un cierto parón en su desarrollo, que la voluntarista actitud de las consejerías del Gobierno más implicadas en esta labor no ha conseguido desbloquear.
La lentitud de los resultados no puede, sin embargo, ocultar la importancia histórica de algunas de las decisiones ya adoptadas. Se trata por ejemplo de la desclasificación del suelo turístico que estaba aprobado pero aún sin urbanizar para construir 412.000 nuevas camas en más de 7.100 hectáreas. La aprobación por parte del Gobierno de esta decisión en julio de 2004 no tuvo, pese a todo, la repercusión que podía esperarse. Y todo porque el debate sobre el modelo de crecimiento turístico y reordenación urbanística, que durante los tres años previos había logrado un primerísimo lugar en la agenda política y social del Archipiélago, regresó a un segundo plano.
La inexplicada tardanza en crear los órganos que debían encargarse de dirigir este proceso, el Foro y el Observatorio del Desarrollo Sostenible, ha podido contribuir a ese estancamiento. La labor de desarrollo de las Directrices durante 2004 se centró sobre todo en la preparación de las directrices sectoriales que deberán definir más concretamente cómo se ordenan la vivienda, las nuevas infraestructuras, la conservación del paisaje y de la agricultura, el patrimonio cultural, el litoral o los espacios naturales, entre otros. También se avanzó en la elaboración del censo turístico sobre la oferta hotelera y extrahotelera real del Archipiélago, pero apenas ha habido resultados en el gran objetivo de lanzar la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta o en el de encauzar los hábitos de ocupación dispersa del territorio.
Los fallos en la gestión han sido aprovechados además por los principales detractores políticos y empresariales de la nueva Ley para pedir su revisión, mientras se ataca el excesivo número de normas y el intervencionismo económico. Y más en un momento en el que se aprecian síntomas de ralentización en sectores productivos claves para Canarias, como el turístico o la construcción.
La ‘superpoblación’
El debate sobre la “capacidad de carga” del Archipiélago sigue muy ligado al del crecimiento demográfico de las Islas, aunque 2004 supuso un verdadero cambio de tendencia en esta materia, puesto que tras muchos años con un aumento desmesurado de la población, se ha producido un reajuste que deja a Canarias en porcentajes similares ya a la media nacional. Si desde 1999 la población en Canarias ha aumentado hasta el 3,5% anual, el último año sólo creció un 1,1%. Según el Padrón Municipal la cifra de habitantes de las Islas en 2004 era de 1.915.540, aunque muchos expertos creen que la cifra está claramente inflada y que es más real hablar de unos 1.800.000 habitantes.
En el crecimiento demográfico de los últimos años ha influido sobre todo la masiva llegada de extranjeros, que suponen ya uno de cada diez habitantes del Archipiélago y han pasado de ser 62.677 en 1999, a 185.781 en 2004. Sin embargo, en el último año, y de ahí el menor aumento demográfico, la entrada de personas procedentes de otros países ha sufrido un brusco frenazo, ya que de 2003 a 2004 los extranjeros aumentaron en Canarias un 3,5%, frente al 25% del año anterior. Las políticas públicas siguen sin conseguir que ese crecimiento poblacional sea equilibrado, y las zonas turísticas siguen siendo los grandes focos de atracción, mientras el norte de Tenerife o Gran Canaria, así como las islas de La Palma y El Hierro pierden residentes. Eso provoca tensiones en algunas áreas y el mantenimiento en ciertos sectores del discurso sobre la necesidad de limitar también la población canaria, que otros rechazan recordando que las sociedades modernas y ricas son las que atraen inmigrantes.
