La evolución económica de Canarias, comunidad autónoma que presenta actualmente unos ratios de crecimiento similares a los de la Eurozona, están siendo acompañados por otros indicadores como el incremento de la penetración de la Sociedad de la Información en las Islas. Canarias lidera los servicios públicos a través de Internet por Comunidades Autónomas, lidera las ventas del comercio electrónico en España y el ritmo de crecimiento de presencia de canarios en Internet supera ya el 31% en el primer trimestre de 2005. Es decir, Canarias ya no está en el vagón de cola de las nuevas tecnologías, ese mito lanzado muchas veces y desde las más diversas tribunas por profesionales del derrotismo.
Por una cuestión de lógica, es importante que Canarias esté entre los primeros puestos del avance tecnológico de la Unión Europea. Al igual que las Islas son líderes en España en la captación de inversiones como la tenencia de valores por la fortaleza del sector turístico, el hecho de permanecer en los primeros puestos de avance en el uso de las nuevas tecnologías implica un respaldo al modelo económico puesto en marcha por el Gobierno de Canarias, basado en la búsqueda de alternativas al sector servicios; pero sin desechar el turismo, evidentemente. Estamos corriendo a toda máquina para que la industria basada en el conocimiento y la innovación sea desde ya mismo una alternativa rentable al turismo.
Y es que el turismo en las Islas no puede parar de una forma brusca, aunque para mantener su rentabilidad sea necesario reformar su estructura, con el objetivo de que aumente su oferta de calidad. En ese sentido, el turista reclama que el territorio que visite cumpla con parámetros de protección al medio ambiente. Para ello, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha medidas irreversibles como el aumento del peso de la energía eólica, la puesta en marcha de programas de promoción de eficiencia energética y, finalmente, la utilización del gas natural licuado. Sin embargo, en el caso de Tenerife hay un considerable retraso en la puesta en marcha del gas por las trabas administrativas que los antisistema han puesto al desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas. Una factura que pagará Tenerife en su conjunto, aunque cuente con la solidaridad de las otras Islas.
La calidad energética canaria mejoró en 2004 un 43%, precisamente por el marcaje, si me permiten la expresión, que se ha estado aplicando al operador, de momento único, que hay en la energía. Y digo de momento, porque el Gobierno de Canarias sigue a la espera de la autorización por parte del Gobierno de España de los reglamentos del Decreto de Extrapeninsulares, que permitirá romper otro mito insular como es la competencia energética, incluso en el apartado de la generación de esa energía. Por tanto, dependerá de la decisión del Gobierno central que los canarios nos beneficiemos de mejores precios y mejores servicios en materia eléctrica.
Estamos en un proceso histórico que no tiene marcha atrás, y donde el papel de las administraciones públicas es fundamental para aumentar la calidad de vida de los canarios. El pasado año la ejecución presupuestaria de nuestra Consejería superó el 93%, lo que demuestra que se cumplen los objetivos trazados. Con impulsos como el control del gasto público, un correcto uso del dinero del ciudadano, una política que defienda al comercio minorista de las Islas, la potenciación de energías alternativas a las fósiles y la introducción del gas natural en la Comunidad Canaria podemos cumplir antes de 2015 un objetivo irrenunciable para la Administración canaria: que el peso de la industria y las nuevas tecnologías pueda acercarse al 18% del PIB de Canarias.
Eso sí, de nada servirá que Canarias aumente su peso en las nuevas tecnologías si las empresas de aquí no tienen acceso a este avance. Me refiero a que desde 2003 hemos puesto en marcha un programa para que empresas canarias compitan de la mano de otras europeas asiáticas o norteamericanas por los contratos que licita el Gobierno de Canarias. Estoy preocupado por el hecho de que empresas canarias no puedan acceder a estos concursos precisamente porque no pueden competir con gigantes de la informática que, tras ganar concursos, posteriormente subcontratan con empresas canarias los servicios que prestan en las Islas. Me niego a que los profesionales que se formen en las universidades canarias soporten contratos que rozan la usura por políticas comerciales poco éticas. De ahí, que hayamos tomado medidas, con todas las cautelas legales preceptivas, para que las empresas canarias de nuevas tecnologías no pierdan este tren de avanzar juntos en el progreso tecnológico de Canarias.
