Las altas tasas de crecimiento de la economía de Canarias en los últimos años no han conseguido reducir la población bajo el umbral de pobreza, ni en términos relativos ni absolutos.
Si hiciéramos el supuesto de que la historia de los ciclos económicos de corto plazo en Canarias se repite, en el año que acabamos de terminar se habría producido uno de esos cambios de fase que impulsan la economía a un proceso de expansión en la segunda mitad de cada década, desde los cincuenta. Algo de esto nos anunciaba el sorprendente 2’8% de crecimiento del PIB de 2004. Y aunque aún no disponemos del dato de crecimiento económico en 2005, todo apunta a una tasa que se acerca al 3%. Sería un resultado excelente, dadas las circunstancias. Si se confirmara esta información, la economía de las Islas habría superado un peligroso momento de la economía internacional con una calificación por encima del notable. Y si alguien lo pone en duda, recuérdense las consecuencias sociales de similares circunstancias vividas en los períodos 1972-1975, 1979-1984 y 1989-1993. Ahora bien, tan importante es la valoración de estos hechos como la reflexión sobre ellos. Hay preguntas pertinentes que pueden ofrecer importantes lecciones para el futuro. Veamos algunas lecciones extraídas de la experiencia que nos permiten reconocer los beneficios de estos buenos resultados del crecimiento, pero también los costes.
La primera lección es que el crecimiento económico ha generado nuevas empresas y empleo, mayores rentas del capital y salariales. Pero también costes cada vez mayores en términos de bienestar colectivo (inflación, vivienda, sanidad, tráfico, calidad del empleo, etc). Por no hablar de los costes derivados del deterioro del medio ambiente, tras décadas de crecimiento de actividades que utilizan el suelo como un recurso-flujo cuando es un recurso-fondo. Paradójicamente, la población que ha incrementado las rentas, precisamente como resultado de ese crecimiento, y ha adoptado hábitos de consumo masivo, sufre los costes y reclama respuestas de la política económica para no cambiar su pauta de decisión individual. ¿Qué hacer? Controlar la inflación exige subir los tipos de interés, estabilizar la demanda de bienes y servicios, menos márgenes de beneficios y estabilidad de salarios. Mejorar la disponibilidad de viviendas significa alquileres más altos, más recursos para construcción, mayor ocupación del territorio.
Incrementar los servicios sanitarios implica más recursos y más impuestos para financiarlos, porque hay que ser muy crédulo para pensar que la mejora de la eficiencia hace milagros. Reducir los atascos y conseguir mayor fluidez en el tráfico sólo es posible si dedicamos más territorio al transporte, subimos los impuestos que gravan la venta de vehículos y combustible, y dedicamos más recursos al transporte público, lo que significa más impuestos. Más calidad de empleo significa menos empleo, más formación profesional, por tanto, más gasto público y privado. Así podríamos seguir con una amplia lista de sacrificios necesarios. Las preguntas son: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a admitir los costes de nuestras decisiones? ¿Hasta qué punto disponemos de instrumentos para que los sacrificios respondan a criterios de equidad? Estas preguntas son sólo retóricas, porque la formación de una respuesta social es un proceso siempre dialéctico. Pero una sociedad debe mirar de frente sus realidades, aunque no gusten. El debate sobre estos aspectos estratégicos tendrá su punto culminante en los próximos meses cuando el Parlamento, y antes el Ejecutivo, debatan los aspectos de las Directrices que han de ser revisados. Y entre otros, el límite de crecimiento de las actividades alojativas derivadas del turismo. Es una magnífica oportunidad para proponer un debate social riguroso en el que todos nos examinemos en relación con el decisivo asunto de la compatibilidad entre las decisiones individuales y el bienestar colectivo. De ahí debe desprenderse la política económica, del compromiso social adquirido.
La segunda lección se refiere al debate sobre crecimiento y distribución. Las altas tasas de crecimiento de la economía de Canarias en los últimos años no han conseguido reducir la población bajo el umbral de pobreza, ni en términos relativos ni absolutos. La Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios del 2004, publicada a finales del pasado año, ofrece unos resultados en términos de pobreza que son claros. Debe considerarse que cuando se determina el umbral de pobreza se está determinado una medida de desigualdad de la renta, que se refiere por tanto a la renta de la totalidad de los hogares de Canarias. Esta es la medida (60% de la mediana de los ingresos medios equivalentes) utilizada en la Unión Europea por los estudios habituales sobre distribución personal de la renta. Naciones Unidas utiliza en sus informes una medida de pobreza absoluta que se refiere al mínimo de subsistencia, convencionalmente situado en un dólar al día. Nada que ver, por tanto, entre una y otra. Nuestros pobres son pobres relativamente a la renta de Canarias y su distribución. Pero esta medida de la desigualdad es importante porque una sociedad democrática debe aspirar a un patrón de equidad que reduzca las diferencias de renta progresivamente. En comparación con la encuesta de 2001, lo revelador es que los pobres son más en número, iguales en porcentaje de la población total y con ingresos reales ligeramente inferiores. Por tanto, la lección que extraemos es que no basta con que la tarta a repartir sea más grande, la política económica debe incidir en el reparto. El próximo año dos importantes leyes comenzaran a tener efectos sociales, esperemos que importantes, la que se refiere a la dependencia y la que regula las rentas mínimas de protección. La seriedad y eficacia con que se apliquen será de una importancia radical para el futuro. Y para completar el cuadro, debemos recordar que gran parte de la política distributiva pasa por el correcto funcionamiento de los bienes preferentes (sanidad, educación, justicia y seguridad, vivienda, cultura).
La tercera lección se refiere a la importancia de un marco económico y fiscal estable y alentador de beneficios sociales. El debate que se producirá en 2006 sobre los principales incentivos fiscales del REF determinará una buena parte de la respuesta de la economía de Canarias a las fluctuaciones del ciclo económico. No creo que sea aventurado decir que el actual régimen de incentivos ha tenido efectos importantes sobre el crecimiento y el empleo, pero existe la percepción de que ha beneficiado más a las rentas del capital que a las otras rentas. Así que se ha producido una perdida de legitimación social de los principales incentivos. Recuperar esta legitimación es fundamental para la eficacia posterior en relación con el empleo y la mejora de las rentas salariales. El futuro dependerá de que planteemos estas consideraciones de forma correcta y que busquemos soluciones razonables en el camino a una mayor cohesión económica y social.
