El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reveló en una visita oficial al Archipiélago, el pasado año 2005, que “aunque la situación todavía no es preocupante, hay mafias silenciosas que están deseando instalarse en Canarias”. Y por ello, le recomendó al Ministerio del Interior la creación de unidades especiales para luchar contra el crimen organizado desde las dos capitales de provincias.
Hay mafias silenciosas que están deseando instalarse en Canarias”. Esta frase, firmada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en noviembre de 2005 no fue un gran descubrimiento policial, pero sí dejó al descubierto la buena sintonía que existe entre los mecanismos jurídicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operan en las Islas. El 2005 fue un año generoso en este apartado. No sólo por la trascendencia mundial que tuvo la captura del ex general Ante Gotovina en Playa de las Américas (Tenerife), sino por todos los avances que se dieron en la lucha contra sólidas organizaciones criminales. Conde-Pumpido le quiso quitar hierro a una problemática que se ha enquistado en los núcleos turísticos más sabrosos de esta comunidad, lugares que los delincuentes de perfil internacional utilizan a modo de cuarteles generales y que, a su vez, se han transformado en sus escondites perfectos.
Si la detención de Gotovina (o la del mafioso napolitano Pietro Nocera) engrosa el capítulo de éxitos, el último arresto de Mohamed Derbah fue uno de los grandes misterios de 2005. El 6 de julio se informó a los medios de comunicación que la Agencia Tributaria había bloqueado al menos 130 cuentas bancarias asociadas al empresario libanés, se insinuó que éste había cometido una posible estafa de diez millones de euros y se hicieron siete detenciones por orden de la Audiencia Nacional. Dos días después, Derbah presidía la mesa en un restaurante de Guamasa desde la que recalcó que “a pesar del montaje policial que existe para echarme de España, yo pienso morir en Tenerife”. En su cita con los periodistas, tras ser puesto en libertad por el juez Fernando Grande Marlaska, Derbah planteó un reto a los investigadores: “Si la Policía quiere, yo sé dónde están los estafadores del sur de Tenerife”, aseguró.
Detrás de la larga nómina de incidentes mundiales (Gotovina, Nocera, etc), mitad jurídicos mitad policiales, se distinguió nuevamente la figura de Conde-Pumpido. Y es que el Fiscal General del Estado remitió un informe técnico al Ministerio del Interior en el que recomendaba la creación de unidades especiales para luchar contra el crimen organizado desde las dos capitales canarias. Los grecos no sólo serían una herramienta básica para combatir los brotes de corrupción que pudieran germinar en el Archipiélago, sino también para luchar a las férreas estructuras del crimen organizado. “Los informes policiales revelan la necesidad de crear grupos de investigación que trabajen desde las Islas con eficacia y, sobre todo, mucha discreción”, apuntó Conde-Pumpido en referencia a un operativo que ya está generando buenos resultados a las fiscalías anticorrupción de Alicante, Baleares, Barcelona y Málaga.
Reformas a fuego lento
Durante la gira de Conde-Pumpido por Canarias se hizo oficial que el fiscal Miguel Serrano -tras agotar una compleja etapa dedicada a los asuntos vinculados con los menores más conflictivos- iba a estar al frente de las operaciones antidroga que se desarrollen en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y es que el déficit de fiscales que existe en Canarias fue, sin duda, otra de las papas calientes que le lanzaron a Conde-Pumpido durante su gira canaria: “Este asunto no se puede resolver en horas porque se necesita mucho tiempo para la formación de estos profesionales”, advirtió antes de anunciar que existe un compromiso formal por parte del presidente José Luis Rodríguez Zapatero para que, antes de que finalice la actual legislatura, la Fiscalía cuente con 600 nuevos fiscales para todo el Estado. Cuatro de las cien plazas que se van a crear con dinero de los presupuestos del año 2006 tendrán como destino Canarias.
Entre los logros que se obtuvieron el año pasado, a juicio del Fiscal General del Estado, hay que destacar que “se ha abierto una delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas de Gran Canaria y otra para la criminalidad en Santa Cruz de Tenerife. Además de generar una plaza nueva de fiscal para la capital tinerfeña, otra en Arona y dos más en Las Palmas”. “Por lo tanto, son seis los refuerzos que llegaron durante el 2005”, puntualizó. Y otra de las novedades descubiertas en la espina dorsal de la Justicia canaria tiene que ver con la constitución de una sección especial para investigar todos los temas de siniestrabilidad laboral. Esta medida correctora coincide con el incremento del 8,08% del número de accidentes laborales que se registraron en Canarias en 2005 respecto al año anterior. Así, en 2005 se acumularon 81.442 siniestros en un puesto de trabajo -lo que supone 223,1 al día- frente a los 75.353 expedientes de estas características que se rellenaron en 2004. La buena noticia, no obstante, llegó en el momento de conocer que en el 2005 los accidente mortales bajaron un 8,51% en las Islas.
La violencia doméstica
Cándido Conde-Pumpido no ocultó durante su estancia en Canarias el problema que se deriva de los miles de casos de violencia doméstica. “Se trata de un agujero negro en el mundo del derecho. Y aunque antes se creía que estos conflictos eran de ámbito privado y que no se debía actuar, yo confío en que estos comportamientos larvados vayan aflorando mediante denuncias. Una agresión a una mujer nunca puede ser considerada como un hecho que agobia a los tribunales”, argumentó para apoyar los beneficios de la ley contra la violencia de género. “Está sacando comportamientos violentos que siempre han existido, pero la diferencia es que hoy en día se denuncian porque las víctimas cuentan con más apoyos”, explicó.
Y es que los datos de malos tratos que genera Canarias son escalofriantes. El año pasado, por ejemplo, el Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas (DEMA), puesto en marcha por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, tramitó más de 5.500 denuncias en el Archipiélago. Y desde que la creación de este servicio, en mayo de 1999, se han gestionado más de 45.000 informes de violencia doméstica. Es tal la avalancha de diligencias que describen los excesos de agresividad que afloran en las relaciones de pareja que en 2005 se constituyeron dos juzgados especializados en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
El Consejo de Ministros también alimentó los primeros pasos de los proyectos de ley que deben cristalizar con la apertura de los juzgados de proximidad y los Consejos Territoriales de Justicia. Reformas y más reformas. Sin embargo, una de las transformaciones más importantes a nivel judicial que se vivió el año pasado en Canarias estuvo vinculada con el relevo en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Un periodista fue el encargado de dar a Fernando de Lorenzo -el mismo día en el que compareció en el Parlamento canario para presentar la Memoria Judicial de 2004- la noticia de que había sido relevado en el cargo. Ahí puso fin el Consejo General del Poder Judicial a un ciclo que se alargó durante cinco años.
Fernando de Lorenzo lanzó una felicitación a Castro Feliciano cuando fue abordado por los periodistas en los pasillos de la sede parlamentaria de Teobaldo Power y dijo que dejaba “una herencia que, en modo alguno, es peor de la que recibí”. El nuevo presidente, que tenía el respaldo inicial de la minoría progresista, acaparó durante la segunda votación 13 votos, frente a los cinco que le confiaron a De Lorenzo. Pero minutos antes de que se confirmara la sustitución, los muros que albergan la sede del Ejecutivo que preside Adán Martín tuvieron que escuchar por boca del aún presidente del TSJC que “esta comunidad tiene un déficit histórico de órganos judiciales, que, considero, se va superando debido a la alta movilidad de magistrados, jueces y personal y a pesar de la ausencia de medios materiales y humanos”.
Relevos y escándalos judiciales
Antonio Juan Castro Feliciano, por su parte, usó un párrafo del discurso de su toma de posesión para animar a los jóvenes estudiantes canarios que piensan ingresar en la carrera judicial a “paliar la desertización” de la Justicia que vive el Archipiélago. Ese mismo día tiró de un lenguaje bastante coloquial para recomendar a los canarios a que no acudieran a los tribunales “por cualquier tontería”. Sin embargo, el último terremoto judicial que se dejó sentir en Canarias aún estaba por venir. Llegó en el límite del cambio de año y golpeó de lleno al presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín y Martín, a quien en una información publicada por La Provincia se le relacionó con la concesión de “favores judiciales”.
Este supuesto delito de “tráfico de influencias” que incluso desencadenó la apertura de una investigación interna del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tomó cuerpo cuando unos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado fueron testigos de una cena entre el juez y el hermano de un presunto traficante. El gremio judicial del Archipiélago siguió muy de cerca un caso que incorporó una solución de emergencia cuando la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial suspendió provisionalmente de sus funciones judiciales al frente de la Audiencia de Las Palmas a José Antonio Martín y Martín.
Mejoran los niveles de Seguridad en Canarias
La tasa de criminalidad en Canarias se situó el año pasado una décima por debajo de la media nacional. De enero a diciembre de 2005 esta comunidad mejoró la marca del 51,6 de 2004 y la dejó en un 49,4. Este registro, que sirve para medir el número de infracciones penales por cada mil habitantes, dejó al Archipiélago a 20 puntos del nivel medio de la Unión Europea (70,0) y muy lejos de los registros del Reino Unido (105,4), Bélgica (94,4), Dinamarca (90,1), Holanda (85,5), Alemania (80,4), Francia (63,0) Y HASTA Luxemburgo (51,7). Eso sí, la cifra es peor que la presentada por Irlanda (23,0). En doce meses las infracciones penales registradas en el Archipiélago llegaron hasta las 97.272, de las cuales 45.616 fueron consideradas como delitos y 51.656 como una falta. Además, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 26.333 personas. Los niveles de seguridad fueron positivos en casi todos los bloques. En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, los delitos (20.750) disminuyeron un 5,20% y las faltas (25.733) bajaron un 1,29%. Los dos valores anteriores propiciaron que las infracciones (46.483) descendieran hasta un 3,08%. En la provincia oriental, los delitos (24.866) experimentaron una mejora respecto al acumulado de 2004 del 3,0%, las faltas (25.973) subieron un 3,3% y, por último, las infracciones (50.789) se redujeron un 0,1%.
