Informes sobre el grado de salud de los canarios, pretensiones para impulsar la investigación biomédica en el Archipiélago, comités de expertos para evaluar el estado de la Sanidad y realizar prospecciones acerca del sostenimiento del sistema público o la tan traída (y aún no amortizada) deuda de Madrid por la deficitaria financiación del Servicio Canario de la Salud (SCS) jalonaron el devenir de 2005 en la siempre complicada área sanitaria, en la que no faltó -como en los mejores tiempos de la Transición- una rebelión laboral que mantuvo en jaque durante semanas a los usuarios de hospitales y centros de salud.
El año 2005 se inició con la fotografía de la consejera del ramo, María del Mar Julios, junto a los profesionales canarios de emergencias que en varios contingentes se desplazaron a las zonas afectadas por el devastador maremoto del sudeste de Asia. Y continuó con la imagen de la también vicepresidenta del Ejecutivo autonómico presentando los resultados de la Encuesta de Salud de 2004, un informe que aseguró que los canarios tienen una percepción “muy buena” y “buena” de su salud y que la población tiene menos adicción al tabaco, bebe más alcohol y hace más ejercicio físico que en la década pasada. Con todo, el capítulo de estadísticas, informes y estudios nos dejó en el último puesto en el ranking nacional de las reclamaciones de los servicios médicos, una inquietante calificación que habla de nuestra supuesta indolencia, también a la hora de hacer valer nuestros derechos. Los canarios son “los ciudadanos españoles menos motivados a la hora de reclamar y exigir sus derechos”, decía la memoria anual de la Asociación Española de Defensa del Paciente (AEDP).
En primavera se suscitó uno de los episodios que marcaron la actualidad del sector sanitario en la región. Diez años de sueldo congelado hicieron reivindicar la actualización de los suyos a los trabajadores de los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud, unos 10.000 empleados de decenas de categorías (la mayoría, no sanitarias) que pusieron un alto a la paupérrima situación de sus percepciones un año después de que la sanidad canaria viviera otro conflicto laboral, en esa ocasión protagonizado por los médicos, que obtuvieron entonces mejoras salariales. Crecidas las distancias en sus sueldos por esa causa, auxiliares de enfermería, celadores, pinches, técnicos sanitarios y otros profesionales comenzaron a echar en primavera su largo pulso a la Consejería, que no cesó hasta poco antes del verano y tras conseguir una subida salarial a tres tramos, el último a cobrar en enero de 2006.
Antes de lograr el acuerdo se contaron largas jornadas de concentraciones ante los centros sanitarios, caceroladas, manifestaciones, paros de 24 y 48 horas, huelgas de hambre y tensiones y palabras gruesas entre los representantes de los trabajadores y los responsables sanitarios. El corolario entre estos últimos lo puso el mismísimo presidente del Gobierno, Adán Martín, quien llegó a decir que los trabajadores del SCS eran “unos privilegiados”, algo que encendió los ánimos entre los huelguistas en un momento en el que, además, arreciaba el conflicto. Martín había echado gasolina para apagar el incendio. Y por lo que respecta al núcleo del conflicto laboral del personal de los grupos C, D y E (muchos de ellos con 700 euros de sueldo al mes), en el sector sanitario se evidenció lo que se viene constatando en la generalidad del mundo laboral: la irrealidad de la representación sindical, en la que muchos trabajadores ya no confían y buena parte desdeñan.
Sindicatos desautorizados
Así, se consumó el espectáculo de una mesa sectorial en la que la mayoría de las fuerzas sindicales fue desautorizada por los propios trabajadores, agrupados en torno a asambleas insulares a las que se achacó instrumentalización política. Pero lo cierto es que la mayoría de esa mesa aprobó un preacuerdo con la Consejería de Sanidad antes de Semana Santa, después revocado por los trabajadores en un referéndum convocado por los sindicatos firmantes, quienes fueron desautorizados durante lo que quedó de conflicto; y para muchos, para todo el período que resta antes de que se convoquen elecciones para renovar ese órgano. Con la vuelta a la normalidad en hospitales y centros de salud hasta el próximo conflicto (los médicos preveían una primavera caliente en 2006 si no hay mejoras laborales en unas movilizaciones que, por primera vez, no se vincularían a reivindicaciones estrictamente salariales), la administración sanitaria regional se dedicó a gestionar la evaluación de la sostenibilidad del sistema público y a obtener el mayor rédito posible de la cumbre autonómica que el presidente Rodríguez Zapatero celebró por segundo año consecutivo en el inicio del nuevo curso político.
En el reparto, a Canarias le tocó un paquete millonario que, con todo, no se corresponde con la deuda histórica que la Comunidad Autónoma reclama al Gobierno central desde hace más de una década. El gasto sanitario, que se ha disparado en los últimos años por, entre otras circunstancias, el aumento de la población, continúa sin ser debidamente compensado por el Ministerio de Sanidad, que bonifica de tal manera al Servicio Canario de la Salud que este suma cada mes una deuda de cinco millones de euros sólo por atender a personas de paso en la Comunidad Autónoma. En el contexto de la cumbre autonómica, el Gobierno canario cifró en 120 millones de euros el déficit del sistema sanitario por el aumento de habitantes en las Islas pretendiendo que el Estado aportara los 120 millones, no los 22 que proponía el Ejecutivo central. Al final, Canarias apoyó en septiembre el acuerdo ofertado por el Gobierno de Madrid para aumentar en 3.000 millones la aportación de recursos para las comunidades autónomas hasta la revisión, en dos años, del actual sistema de financiación.
El ‘reparto’ sanitario
El Ejecutivo regional calculó unos 500 millones a ingresar por las arcas autonómicas en ese período, cifra que denostó la oposición parlamentaria del PP desinflándola y calificándola de irreal. Al mes siguiente de esa cumbre autonómica, el informe del comité de expertos sobre financiación y sostenibilidad del sistema sanitario canario proponía aumentar los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol (bebidas destiladas) para incrementar el presupuesto destinado a la Sanidad en el Archipiélago, recordando que los tipos impositivos en Canarias están por debajo de la media nacional. En cuanto a los dos principales problemas sanitarios abordados por los expertos (las listas de espera y las urgencias), las aportaciones subrayaron las fórmulas ya conocidas desde hace tiempo que se resumen en más recursos y personal junto a una ineludible reorganización del sistema público. Visto lo propuesto, la consejera María del Mar Julios presentaría después en el Parlamento regional su proyecto para alcanzar un pacto social que garantice la sostenibilidad del servicio público sanitario.
