Dicen que en cosas de dos, tres son multitud. Una frase que resume, casi a la perfección, la relación que mantienen actualmente las universidades canarias con la Consejería de Educación del Gobierno regional, a pesar de que este binomio no haya seguido el cauce más lógico; es decir, por un lado las dos universidades juntas presionando para tener más financiación y atender sus necesidades y, por otro, la Consejería haciendo, en su papel, contención del gasto público.
Lo vivido en los últimos años en la vida universitaria canaria ha sido algo totalmente contrario a la lógica: la Consejería y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) cogidas de la mano en contra del supuesto despilfarro de la Universidad de La Laguna (ULL). Una guerra fría, salpicada de tintes políticos, que nos ha dejado huelgas masivas y, sobre todo, ríos de tinta. Si el año 2004 finalizó con el profesorado universitario enfrentado contra la Consejería de Educación -que en ese entonces dirigía José Miguel Ruano- por el nuevo protocolo de complementos retributivos que suscribieron unos ya extintos sindicatos con la Administración (lucha que llevó en numerosas ocasiones al colectivo docente a salir a la calle para exigir la derogación de este acuerdo y reivindicar, en su lugar, la homologación salarial con las enseñanzas medias), el comienzo de 2005 no cambió mucho el anterior panorama, sino que más bien lo enconó.
Por un lado, el profesorado de la universidad lagunera -unido en asamblea- logró revocar a sus representantes sindicales hasta ese entonces y alzarse como la nueva Junta de Personal Docente e Investigador, cuya bandera de lucha se erigió en el rechazo mayoritario a los nuevos complementos que entraban en vigor el 1 de enero de 2005. Por otro, el profesorado de la universidad grancanaria -por una vez unido en la misma guerra con el de La Laguna- no logró recabar los mismos apoyos ni derogar a sus representantes, aunque su rector, Manuel Lobo, sí supo beneficiarse del posterior acuerdo alcanzado tras la lucha de la ULL. A este conflicto se iba sumando la leña que vertía el consejero Ruano, quien se negaba a negociar, por diversas razones, otro protocolo de complementos. Un hecho que llevó esta vez, con más virulencia, a que el profesorado secundará una de las huelgas más largas que se recuerda en el ámbito académico.
Por tanto, mientras unos defendían su “dignidad docente” en la calle, Ruano se iba enrocando y hacía de este problema un pulso particular contra la Universidad, decidiendo castigar a los hostigadores (la ULL) al negarse a negociar el nuevo contrato-programa hasta que se resolviera el conflicto, dado que no reconocía como interlocutores válidos a los nuevos portavoces docentes. Entre dimes y diretes, huelgas y acusaciones, se llegó al 23 de mayo de 2005. Una fecha que sorprendió a todos con el cambio de consejero en el área educativa, siendo Isaac Godoy quien sustituyera a José Miguel Ruano al frente de una Consejería con un gran frente abierto en la Universidad. Este cambio de ficha política tuvo su primera consecuencia positiva el 22 de julio de ese año, cuando consejero y representantes docentes se sentaron en la misma mesa y lograron poner fin a 15 meses de larga lucha al suscribir un acuerdo retributivo mediante el cual se consolidaría, a partir de enero de 2006, la mitad de la homologación inicial reivindicada: 3.000 euros anuales para cada docente.
No obstante, mientras un conflicto se cerraba otro empezaba a tomar forma. Se trataba de la negociación de los contratos-programa entre Educación y las universidades, documento que define la ficha financiera plurianual de cada institución y que, en el caso de la La Laguna (tras el bloqueo a dicha negociación abanderado por Ruano), se veía pasar el tiempo mientras el nuevo consejero no hacía alarde de retomar esta cuestión con el rector Ángel Gutiérrez. Así, pasado casi un año desde la llegada de Godoy al frente de Educación, la universidad lagunera seguía sin contrato-programa. Una asfixia económica que llevó a su rector a denunciar públicamente la agonía del centro académico ante la falta de tesorería para poder acometer obras de urgencia (como la del Paraninfo, hoy en ruinas; o la construcción de nuevas facultades para Bellas Artes, Educación o Biología, entre otras). Y a todo ello se unió la paralización de la convocatoria para cubrir plazas docentes -asunto que finalmente se resolvió-, o el bloqueo a la relación de puestos de trabajo (RPT) del personal docente y laboral al detectar, según Educación, un déficit de casi cinco millones de euros, a pesar de la versión contraria dada por la Universidad.
Lo que no imaginaba el rector lagunero es que sus críticas -ante el silencio de Educación a sus reivindicaciones- iban a volverse en contra, pues tanto el consejero Godoy, como su director general de Universidades, Gonzalo Marrero, y hasta el propio presidente del Gobierno, Adán Martín, se aliaron en una cruzada de declaraciones achacando los problemas de La Laguna a la mala gestión del equipo de gobierno universitario. Duras palabras que despertaron a un coloso adormitado: alumnos, PAS y profesores que, unidos ante un respaldo social sin precedentes, se sumaron a una huelga el 9 de mayo de 2006 contra la política universitaria del Gobierno canario. En medio de este caos, el consejero Godoy y el presidente Martín, viendo la dimensión que iba tomando el conflicto universitario, intentaban poner freno de alguna manera a esta situación. Pero, mientras convocaban a principios del mes de mayo a los respectivos rectores para sentar las bases, por fin, de la negociación del contrato-programa o de una futura ley de financiación universitaria, otro actor entraba en escena: Manuel Lobo.
El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y futuro candidato de Coalición Canaria negaba el maltrato del Gobierno regional hacia la ULL, asegurando que era su Universidad la maltratada por recibir, sólo para 2006, 16 millones de euros menos que la tinerfeña. Unas declaraciones que sentaron como agua fría en el seno del rectorado lagunero, que no tardó en contestar al rector grancanario, alegando que si ellos reciben más no es por que sobren trescientos profesores, como afirma Educación, sino porque su plantilla (al estar integrada por más de 244 catedráticos universitarios, con más antigüedad y, por tanto, receptores de más sexenios; 812 titulares y catedráticos de escuelas universitarias; y 212 titulares de escuela) conforma una estructura más costosa, que es la que lleva a que su capítulo I (personal) acapare el 77% del presupuesto. Y eso es algo que en el caso de la Ulpgc no sucede, ya que cuenta con una plantilla diferente, integrada por 99 catedráticos, 364 titulares de universidad y 315 titulares de escuela.
A esta notable diferencia hay que unir el número de alumnos (más en La Laguna), las titulaciones que se imparten (en la ULL son más las de ciclo largo y, por tanto, más costosas) y las necesidades en infraestructuras, que son más en La Laguna por un hecho obvio: la antigüedad. La ULL tiene más de 200 años y la Ulpgc no ha cumplido los 20. Pero, ante este maremagnum de datos, cruce de acusaciones y verdades o medias verdades por parte de todas las partes implicadas en esta lucha, quizás se debería reflexionar más en un hecho que casi está quedando relegado. Y es que en este problema las universidades canarias se juegan mucho más que reavivar un viejo pleito insular. Se juegan su futuro de cara a la convergencia europea prevista para 2010, espacio común ante el cual la pregunta que hay que lanzar es si estarán o no realmente preparadas -en calidad y recursos- para competir en la captación de alumnos, los cuales, realmente, deben de ser su principal motor de vida.
