Debemos esquivar los inevitables desequilibrios que provoca la actividad humana en la naturaleza con una gestión que apueste por proteger, conservar y recuperar el activo natural que alberga Canarias.
El escenario medioambiental y territorial de Canarias de principios del siglo XXI es muy distinto al de hace apenas tres décadas. Sin embargo, tanto entonces como ahora, nuestra tierra sigue siendo, junto a las personas que la habitan, el recurso más valioso de cuantos poseemos. Y la naturaleza, un espectáculo del que todos tenemos derecho a disfrutar. Pero, ¿podremos seguir haciéndolo, igual que ahora, dentro de otros 30 años? Confío en que esquivemos los inevitables desequilibrios que provoca la actividad humana en la naturaleza con la colaboración de todos y una gestión política eficaz que apueste por proteger, conservar y recuperar el importante activo natural que alberga el Archipiélago. Este deseo de combinar las prioridades y las necesidades de la Comunidad en materia de desarrollo sostenible nos ha llevado a abordar durante el año 2005, dentro de los programas que son competencia de este Gobierno, una intensa labor en proyectos de actuación sobre el litoral, el medio marino y sus recursos naturales, proyectos de ordenación de núcleos turísticos y paisajes, proyectos relacionados con la gestión de Espacios Naturales Protegidos y proyectos que afrontan el desarrollo sostenible desde una estrategia global.
En materia de Medio Ambiente, las principales líneas de trabajo se vertebraron en la elaboración del Plan de Contingencia Marina y otras acciones de prevención de contaminación de aguas marinas en consonancia con la declaración de Canarias como Zona Marítima Especialmente Sensible, un Plan de Lucha Contra el Cambio Climático, los planes de recuperación de especies amenazadas, la elaboración de Mapas de Ruidos del Archipiélago, el Plan de Lucha contra la Desertización, el Plan Forestal de Canarias, la consolidación de la Red de Control de la Calidad de Aire en Canarias, el impulso a la implantación de las Agendas 21, y la concentración especial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en solucionar los problemas derivados de la acumulación de residuos en las islas. Para esto último se han desarrollado importantes obras de infraestructuras como refuerzo al Plan Integral de Residuos de Canarias, que contempla una inversión para las siete islas, en seis años, de más de 350 millones de euros.
En el marco de las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en la Consejería suscribimos un nuevo convenio de Costas para la protección y mejora del litoral. El pasado año, además, se dio a conocer el proyecto completo de la Red de Senderos en Canarias y se consiguió la candidatura como Patrimonio de la Humanidad del Parque Nacional del Teide, primer espacio natural protegido que obtuvo en 2005 el certificado de gestión ambiental EMAS. El departamento autonómico de Medio Ambiente, por otra parte, ha elaborado en este periodo un Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y, en el apartado de zifios, hemos seguido trabajando, en el marco del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias, en actuaciones destinadas a evitar el varamiento en nuestras costas de estos animales tan singulares.
Por lo que respecta al área de Ordenación del Territorio, el análisis, la ordenación, la planificación y la intervención -adaptadas a la realidad urbana de este Archipiélago- marcaron la pauta en 2005. El Gobierno ha colaborado activamente en la formulación de la adaptación de los Planes Insulares de Ordenación a las determinaciones de las Directrices de Ordenación General. Para el cumplimiento de este propósito, durante los últimos meses hemos abordado, a través de numerosas reuniones con los cabildos y los ayuntamientos canarios, la adaptación de los Planes Generales de cada municipio, y los mecanismos en torno a su tramitación, a efecto de acortar los plazos de puesta en vigor de los mismos, y mejorar la calidad de sus contenidos. Actualmente, quince municipios canarios tienen ya actualizados sus planes generales de ordenación definitivos ajustados al nuevo marco jurídico, 25 tienen aprobados sus avances de ordenación al Plan General, 23 cuentan con las aprobaciones iniciales y cuatro con aprobaciones pro
visionales. Nuestro objetivo: conseguir en 2007 que la planificación territorial y urbanística se adapte a la normativa vigente.
Entre otras cuestiones, también hemos iniciado un nuevo proceso para la adaptación de los instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos a este nuevo marco legal que deberá conciliarse con los preceptos que, a su vez, posteriormente establece la Ley 19/2003 por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General. En la actualidad, 36 espacios naturales protegidos de Canarias cuentan con la aprobación definitiva a ambos marcos legales, mientras que cincuenta tienen aprobación inicial.
Considerando que el elemento fundamental de estos parques es la conservación, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial elaboró además el Anteproyecto de Ley de Gestión de Los Parques Nacionales, que establece la creación de un organismo autónomo denominado Instituto Canario de Conservación de los Parques Nacionales. Y en el ámbito de urbanismo ha destacado el impulso del Programa de Cooperación Territorial Interadministrativa, la implantación de procesos de calidad, el desarrollo de una cultura del territorio y la implantación de los Premios Canarias de Ordenación del Territorio.
Para terminar, me gustaría recordar que en 2005 preparamos la Agenda de la primera participación de un Gobierno canario en un Consejo Europeo de Ministros, donde representamos a las 17 autonomías españolas. Aunque Canarias tiene acreditada experiencia en asuntos europeos, nuestra presencia en este encuentro ministerial, celebrado en marzo de 2006 en Bruselas, fue decisiva, porque tuvimos la oportunidad de intervenir en directivas medioambientales que se aplicarán en la Europa de los 25, y que serán normas comunes a todos sus ciudadanos, y pudimos contribuir a que las Comunidades Autónomas tuvieran un auténtico papel de Estado, donde el peso de sus reivindicaciones se plasmó en una voz común, que se escuchó al más alto nivel europeo.
