Gran Canaria se mueve

Cuando se sienten maniatados, los grancanarios no dudan en dejar a un lado su individualismo y se comportan como una sociedad rocosa y muy, muy perseverante frente al desprecio de los políticos.

Los grancanarios, en general, no suelen crearse grandes expectativas de los gobiernos. Forman una sociedad acostumbrada a prosperar sola, sin esperar la autorización o el empuje de las instituciones. Su dinamismo económico, su universalidad cultural y su mentalidad cosmopolita son cualidades ganadas en la calle, el cambullón, el contacto con el forastero, la discusión de la plaza pública y el aprendizaje autodidacta de la supervivencia. No necesitan de la supervisión política, aunque no son un pueblo irredento y manifiestan un respeto a la antigua por las instituciones y sus formalismos. Su lema de vida es genuinamente liberal: hacer y dejar hacer. Siempre que los gobiernos no entorpezcan su iniciativa, los grancanarios no protestarán por el hecho de que tampoco la favorezcan. Tan seguros están de ser capaces de crear, por sí mismos, un lugar libre, abierto y confortable para vivir. Pero cuando se sienten maniatados, no dudan en dejar a un lado su individualismo y se comportan como una sociedad rocosa y muy, muy perseverante frente al desprecio de los políticos.

Durante 2005, la sociedad grancanaria ha seguido a lo suyo: crear riqueza, intercambiar con el mundo, exportar y atraer talento, acercarse cada día más a la calidad de vida de la España y la Europa prósperas. Es cierto que no ha recibido confianza y estímulo de las instituciones autonómicas y nacionales que hoy nos gobiernan. También es cierto que, en algunas ocasiones, durante los últimos doce meses, incluso ha sido discriminada por esas mismas instancias. Pero, a pesar de los gobiernos, los grancanarios están hoy en movimiento. Nada ha conseguido apartarles del esfuerzo cotidiano en la prosperidad de sus familias. Ni el boicot del Gobierno de la Nación al desarrollo de sus infraestructuras, ni el intento del Gobierno autonómico de socavar la autonomía insular con regulaciones administrativas e intervenciones discrecionales contra la iniciativa de los particulares que apuestan por Gran Canaria y quieren invertir en un lugar privilegiado para vivir, para crear riqueza y para innovar.

Podíamos haber avanzado más aprisa, es cierto, si el ímpetu inversor en proyectos como La Gran Marina, el Parque Aeroportuario de Gran Canaria, las autovías que la Isla necesita en el Norte y en el Sur y el desarrollo de las instalaciones turísticas y comerciales de la Isla hubiese encontrado la confianza y la cooperación del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias. En vez de eso, el Cabildo, los Ayuntamientos y los inversores privados dispuestos a impulsar la construcción de esas infraestructuras sólo han encontrado, hasta ahora, incomprensión y prohibiciones agresivas por parte de las instituciones suprainsulares.

Los grancanarios no pedíamos ayuda, a pesar de que la merecemos como cualquier otro lugar de España y a pesar, también, de que cuando la hemos recibido, como ocurrió durante el ciclo 1996-2003, hemos sabido aplicarla en la multiplicación de oportunidades para todos los grancanarios. La Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, la construcción del Puerto de Arinaga, la ampliación del Puerto de La Luz o la urbanización de la zona turística de Meloneras demuestran que cuando se confía en los grancanarios, esta sociedad no defrauda. Conscientes de un cambio de ciclo político en la vida nacional, que desplazaba la confianza y las prioridades hacia otras regiones españolas, los grancanarios sólo reclamábamos libertad para realizar nuestra visión del desarrollo. Miles de grancanarios manifestaron en 2005 su ilusión por La Gran Marina, el proyecto urbanístico y económico más importante de los últimos cien años en Canarias, con una inversión privada y pública cercana a los 600 millones de euros, que transformará el Istmo de Santa Catalina en un gran espacio urbano para las compras, el ocio, la economía del conocimiento y el turismo de élite.

El éxito de la exposición internacional de las ideas presentadas por los seis arquitectos y urbanistas seleccionados, y el respaldo popular a los proyectos ganadores, de Pelli y Ferrater, expresan el dinamismo de una sociedad y su firme resolución de ser moderna, abierta y próspera. Por desgracia, esta energía ha sido frenada, eventualmente, por la cortedad de miras y el miedo a que Gran Canaria marque al resto del Archipiélago el camino a seguir, un camino de libertad individual e independencia de los ciudadanos respecto del poder político. Gran Canaria ha perdido un año, es cierto, por la discriminación sectaria de instituciones de gobierno que, o tienen otras prioridades, o no están interesados en que esta isla prospere. Pero demostrarían un grave desconocimiento de las lecciones de la Historia quienes lleguen a pensar que esta sociedad puede ser detenida en su imparable progreso.

Todo indica que los grancanarios empiezan a tomar consciencia, una vez más, de que su capacidad y su visión están siendo sutil o abiertamente constreñidas por medio de la burocracia estatal y autonómica. Las multitudinarias manifestaciones de protesta por el desarrollo de las infraestructuras viarias de la Isla, celebradas durante el pasado año en municipios como Las Palmas de Gran Canaria y Mogán, sugieren un despertar de la opinión pública frente al abuso, el intervencionismo y la discriminación. También en esta faceta de un civismo alerta y exigente, los grancanarios se mueven para defender sus oportunidades, y junto a ellos, el Cabildo de la Isla.

Ha sido un año difícil y cargado de obstáculos para nuestro desarrollo, es cierto, pero también un periodo estimulante de la iniciativa civil. El Cabildo conoce que el éxito de Gran Canaria ha descansado históricamente en una sociedad civil fuerte y dinámica. La iniciativa política del Gobierno de la Isla se dirige hoy, preferentemente, a ceder el protagonismo a las personas, las familias y las empresas. Por eso, hemos propuesto que desaparezcan o se limiten las competencias de instancias burocráticas como la Cotmac, pensadas para cortar las alas de las economías insulares más dinámicas y emprendedoras. Por eso, apostamos también por revisar la llamada moratoria turística y por que cada isla cogestione sus propias infraestructuras (puertos, aeropuertos) o defina, por ejemplo, su grado de libertad comercial.

El desafío de Gran Canaria, hoy, es conseguir que cambien las reglas del juego, tanto las electorales como las organizativas de las competencias de la Comunidad Autónoma. Como ya ocurriera en el proceso histórico que dio lugar a la creación de los Cabildos Insulares, en 1912, los grancanarios empiezan a demandar un nuevo impulso descentralizador. Han aprendido a ganar el futuro por su cuenta y riesgo, y no están dispuestos a que nadie vuelva a interponerse en su legítimo instinto de libertad personal.

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