Canarias ostenta un penoso récord: ser, un año más, la Comunidad Autónoma con el índice de prevalencia en la enfermedad diabética más elevado del país. Y en el caso de los jóvenes no sólo estamos a la cabeza de las listas sanitarias del Estado, sino también del conjunto de la Unión Europea. Además, dentro de ese contexto muchas veces entrecruzado, la población del Archipiélago exhibe desde hace tiempo un alarmante y creciente índice de obesidad.
Con estos datos sobre la mesa, avalados por la última Encuesta de Salud de Canarias, se desprende que cada año aparece un promedio de 27 diabéticos jóvenes en el Archipiélago (menores de 17 años) por cada cien mil habitantes. Y aunque la diabetes infanto-juvenil no tiene correspondencia directa con la obesidad y el sedentarismo, algo que sí ocurre en la mayoría de los casos de la diabetes que afecta a los adultos, se antoja imprescindible tomar una serie de medidas destinadas a generar una adecuada conducta sociosanitaria desde la infancia, para así corregir cuanto antes los malos hábitos responsables de esta situación.
Cifras apartes, resulta evidente que médicos, especialistas o educadores no pueden restringir su trabajo a las medidas más visibles e inmediatas de éstas enfermedades. Hoy la noticia no es que la diabetes mellitus acapare un desembolso económico que sobrepasa el 5,6% del gasto total de la Sanidad en Canarias, ni tampoco que existan 125 centros de diálisis ubicados en los hospitales públicos y 159 de tipo satélite. Lo primero no son más que cifras que año tras año vemos aumentar; y lo segundo, lamentablemente, sólo representa un avance en políticas de gestión que no hace sino confirmar el fracaso en materia preventiva desarrollado por el Gobierno de Canarias.
Un ejemplo aún más evidente de este descalabro sanitario es que, avanzado ya el año 2006, el Plan de Salud de Canarias 2004-2008 continúa sin ser aprobado, ajeno al imparable incremento de las cifras de enfermos diagnosticados y a la progresión de las complicaciones crónicas, micro y macrovasculares, que afectan a la calidad de vida del diabético y provocan unas elevadas tasas de invalidez prematura y de muerte. Víctor Lorenzo Sellares, médico adjunto del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Canarias, es contundente en sus afirmaciones. “La diabetes mellitus es una enfermedad crónica de elevada prevalencia y morbimortalidad en Canarias, cuyos elevados costes sociales y económicos deben motivar una atención prioritaria”.
Las cifras no lo son todo, pero sí ayudan a ofrecer una dimensión real del problema: el coste de la diabetes mellitus en España supera los 3.000 millones de euros y los enfermos que padecen esta patología suponen un coste añadido del 37% en atención sanitaria y del 77% en medicamentos respecto a otro tipo de pacientes. Y es que una parte muy sustancial de los costos de la diabetes mellitus se consignan al tratamiento de las complicaciones, fundamentalmente renales y cardiovasculares. Lorenzo Sellares desvela que “un estudio reciente detalla como la presencia de insuficiencia renal avanzada incrementa los costos en un 195% y el tratamiento dialítico en un 771%”. Datos, en suma, que deben alentarnos a promover estrategias de educación y prevención.
En Canarias existe una de las tasas más elevadas del mundo de pacientes en diálisis como consecuencia de la diabetes mellitus, la nefropatía diabética y la Insuficiencia Renal Terminal (IRT), tratada a través de diálisis o trasplante renal como consecuencia de la diabetes mellitas tipo 2, que se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años y crece a un ritmo del 9% anual desde 1992. De hecho, Lorenzo asegura que “se ha convertido en la primera causa de entrada en diálisis en la mayoría de los países”. Y señala que una falta de previsión en la asistencia primaria de la diabetes mellitus y sus complicaciones “es un factor que deben considerar las autoridades sanitarias, aunque no parecen ser muy conscientes”.
En definitiva, diabetes mellitus y obesidad, tomadas en conjunto o por separado, conforman, junto a las diversas patologías que desarrollan, algunos de los factores de mortandad más elevados del país y, especialmente, de Canarias. Y ya no es tiempo de reflexionar, sino de actuar. Las cifras son alarmantes y la falta de medidas, también.
