El pasado 2005 fue un año trágico en los centros para menores bajo medidas judiciales. La muerte de una adolescente de 15 años, Ayatima Expósito Delgado, dejó entrever graves deficiencias de seguridad en el novísimo Tabares II. Marisa Zamora tuvo que remodelar todo el sistema de gestión y dirección que le legó Águeda Montelongo.
La asfixia por dióxido de carbono que sufrió Ayatima el 7 de junio pasado dejó claras dos gravísimas deficiencias en la Comunidad Autónoma de Canarias en lo que se refiere a menores condenados: una, que las medidas de seguridad en el ultramoderno nuevo centro de Valle Tabares (Tabares II) eran deficientes; y dos, que hasta hace unos meses no se había invertido un euro en habilitar centros para jóvenes con serios trastornos de conducta. Esos fueron los ingredientes que hicieron posible esa muerte. Ayatima fue internada en Tabares II, no porque hubiera cometido delitos graves, sino como medida de contención y control psiquiátrico porque no había un centro adecuado para ella, que padecía un severo trastorno mental. Con dos compañeras de celda, le prendió fuego a un colchón y el humo resultante le mató y dejó a otra de sus amigas, embarazada, en coma.
La habitación no tenía detector de humo, primer fallo; y la apertura de las puertas era hacia dentro, no en paralelo o hacia afuera ni automática, un segundo error en seguridad que los responsables de la Fundación Ideo no corrigieron cuando tomaron el relevo en la gestión de los centros a la empresa privada Cicerón. Las deficiencias detectadas por la Fiscalía de Menores en seguridad y en la calidad de los profesionales destinados a los centros de menores llevó a imputar a la que hasta junio había sido la directora del Menor y la Familia, María del Mar Arévalo, en un posible homicidio por imprudencia. Todavía está pendiente de resolverse el juicio contra Enrique Ferrera, que era el subdirector de otro centro de menores delincuentes (el centro Nivaría, en El Rosario) cuando lo gestionaba Cicerón, y que fue acusado por la Fiscalía de un delito de torturas por el empleo de cinturones de contención psiquiátrica a los menores que se mostraban rebeldes.
En estas condiciones, Marisa Zamora asumió el cargo de consejera de Empleo y Asuntos Sociales. Fue el 6 de junio, un día antes de matarse Ayatima. Para entonces, la ex diputada de Coalición Canaria ya tenía sobre la mesa otro grave problema, un auto del juzgado de Menores de Santa Cruz de Tenerife que obligaba al desalojo inmediato del centro Nivaria por carecer justamente de medidas de seguridad. Un ejemplo: las mangueras para sofocar incendios ni siquiera tenían la longitud adecuada. Asuntos Sociales intentó posponer el desalojo, pero un informe de la Fiscalía de Menores (que hasta el pasado año fue coordinada por el fiscal Miguel Serrano Solís), recordó a la Consejería que no tiene competencias para recurrir las decisiones de los juzgados de Menores, por lo que el traslado de los internos debía llevarse a cabo en 48 horas, y resaltaba que son justamente esos adolescentes recluidos quienes padecían indefensión “por sufrir las carencias que la Administración se ve incapaz de resolver”.
El auto judicial tuvo que cumplirse el 12 de junio. De los 48 jóvenes sometidos a privación de libertad en Nivaria, algunos pudieron ser trasladados al también nuevo centro de régimen semiabierto de Mesa Ponte, muy cercano a Tabares II, mientras que otros cuatro fueron remitidos al centro de Gáldar, en Gran Canaria. Este centro de Gáldar es polémico porque según los informes técnicos también carece de medidas de seguridad convenientes, tanto que desde hace un año se estudia su sustitución por otro nuevo. Zamora recibió una herencia complicada de su antecesora en el cargo, Águeda Montelongo, del Partido Popular. A la carencia de plazas terapéuticas para jóvenes con trastornos mentales se sumaba la falta de personal cualificado para una verdadera reeducación de los infractores, por no hablar de la también escasa cualificación de los vigilantes de seguridad.
Tomar el rumbo
La nueva dirección de la Consejería de Asuntos Sociales ha logrado en pocos meses tomar el rumbo de los centros para menores delincuentes al subsanar fallos de seguridad, pero, sobre todo, al procurar ajustarse a las demandas que exige la Ley Penal del Menor: mayor potenciación de la libertad vigilada con verdaderos profesionales en el control de cada joven sujeto a esta medida; potenciación de las medidas alternativas al internamiento para delitos menores, como son los trabajos para la comunidad; creación de plazas para trastornos de conducta, y la creación de una estructura educativa o de formación profesional homologada, que hasta 2005 era muy precaria.
Parte del mérito se debe al nuevo director de Protección al Menor y la Familia, José Luis Arregui, un profesional formado en centros penitenciarios que se ha apoyado en dos asesores también salidos de la dirección de prisiones: los que en 2005 eran directores de la cárcel Tenerife II, Juan Luis Carreiro, y de Salto del Negro, Ricardo Gutiérrez. El resultado, al menos lo que ha transcendido a la prensa, parece visible, si no fuera por la polémica que ha suscitado la contratación de estos dos profesionales, que cobran al año más que el mismo presidente del Gobierno de Canarias.
Motivos de ingreso
Del total de jóvenes ingresados en los centros de menores hay uno acusado de asesinato en Valle Tabares (Ayose, que mató con otro amigo a un turista italiano en Puerto de la Cruz y le amputaron un dedo para robarle un anillo). La mayoría (un 60%) está sujeto a medidas judiciales por delitos de robo con violencia o fuerza. El resto de motivos de ingreso son los siguientes: el 9%, por delitos de lesiones; el 8%, por delitos contra la salud pública; el 7%, por hurto (robo menor o no premeditado); el 4%, por delito de amenazas; el 3%, por quebrantamiento de medida; el 3%, por maltrato familiar; y el 2%, por desobediencia.
