Modernizar la Justicia y mejorar la Seguridad

Los juzgados de las Islas sufren el incesante aumento de su carga de trabajo debido al constante crecimiento poblacional y a la inmigración irregular que llega por los puertos y aeropuertos.

En el área de Justicia, el año 2005 se ha distinguido en Canarias por la puesta en servicio de grandes infraestructuras judiciales, que suponen la culminación de proyectos que plasman el compromiso del Gobierno de Canarias con una nueva concepción del servicio público de la Administración de Justicia de acuerdo con sus necesidades específicas. El final del año 2005 coincidió con la entrada en funcionamiento de los nuevos palacios de justicia de Arrecife y Arona, y de las nuevas sedes de la Jurisdicción Social en Las Palmas de Gran Canaria y de los Juzgados de lo Social y lo Penal en Puerto del Rosario.

Los palacios de justicia de Arrecife y Arona constituyen edificios judiciales de nuevo cuño en Canarias, tanto por sus dimensiones como por su funcionalidad y diseño exclusivo para el uso judicial. La distribución de las instalaciones; la circulación de los usuarios, de los funcionarios y los detenidos por el edificio; el mobiliario; el equipamiento informático y tecnológico; y prácticamente todos los detalles de estas modernas sedes judiciales están pensados y concebidos para ajustarse a las necesidades y exigencias del funcionamiento diario de la Justicia.

El importante esfuerzo inversor realizado por el Gobierno de Canarias en estos nuevos edificios (más de 45 millones de euros) ha ido acompañado también de la inclusión de ambos partidos judiciales en el Plan de Medidas Urgentes puesto en marcha por la Consejería de Presidencia y Justicia en el mes de octubre pasado, lo que permiten que sean hoy un referente para la Administración de Justicia en el Archipiélago.

Por otra parte, es de destacar la entrada en funcionamiento de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria con una inversión por parte del Gobierno de Canarias superior al millón de euros y, en general, del conjunto de medidas previstas en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, la aplicación de dicha ley ha traído consigo serios problemas en el funcionamiento de los restantes partidos judiciales de Canarias, al concentrar en un único juzgado la competencia para conocer de todos los asuntos relacionados con la violencia de género, de manera añadida a su volumen de trabajo ordinario.

No obstante, los juzgados de las Islas siguen sufriendo el incesante aumento de la carga de trabajo. De los múltiples factores que contribuyen a este fenómeno es especialmente destacable la incidencia negativa del constante crecimiento poblacional de Canarias y de la inmigración irregular que llega por los puertos y aeropuertos del Archipiélago. Esta situación determina un espectacular aumento del volumen de trabajo de nuestros tribunales, que lamentablemente no está siendo tenido en cuenta por el Ministerio de Justicia, que conserva aún un nivel de competencias en esta materia que impiden al Gobierno de Canarias dar una respuesta más eficaz al problema.

Seguridad y Emergencias

En materia de Seguridad, el Gobierno de Canarias ha dado un gran paso para afrontar una de las grandes preocupaciones de la sociedad canaria: la mejora de su seguridad. El Consejo de Gobierno acordó iniciar la tramitación del Anteproyecto de Ley del Sistema Canario de Seguridad y de la Policía Canaria. El pasado año fue también el de la confirmación oficial de una realidad reiteradamente anunciada desde Canarias: la implantación de importantes redes de delincuencia organizada en el Archipiélago. La visita del Fiscal General del Estado en el mes de noviembre dio pie al reconocimiento oficial por la Administración central de un problema hasta entonces contumazmente negado desde Madrid y desde Canarias por los representantes del Gobierno del Estado.

Los últimos meses del año fueron el preludio de un recrudecimiento del drama humano de la inmigración irregular procedente de África, caracterizado por cambios sustanciales en la operativa y en los puertos de partida y puntos de llegada de las pateras o cayucos. Las advertencias del Gobierno de Canarias y de las propias autoridades marroquíes al Gobierno del Estado en esos postreros meses del 2005 no encontraron suficiente nivel de respuesta y reacción en Madrid, que se aferró hasta el último minuto al espejismo de unas prometedoras estadísticas que hablaban del descenso en el número de pateras e inmigrantes que llegaban a Canarias.

En el apartado de las Emergencias con el paso de la tormenta tropical Delta se puso de manifiesto el adecuado funcionamiento de los dispositivos de seguridad, protección civil y emergencias de las distintas Administraciones que contribuyeron a que los efectos de la tormenta, en lo que a daños personales se refiere, no fueran mayores y se saldaran con el trágico fallecimiento de una persona en Fuerteventura. Otra muestra significativa del nivel de los dispositivos de emergencias canarios fue el operativo puesto en marcha para afrontar el gravísimo incendio que en el verano de 2005 afectó al norte de La Palma y que comprendió, bajo la coordinación operativa del Gobierno de Canarias, el mayor despliegue de medios aéreos puesto en marcha por el sistema de emergencias canario.

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