Cuando se me pide que manifieste mi parecer sobre la Televisión Pública, lo primero que aflora en mi mente son las palabras de Óscar Alzaga Villaamil: “Las televisiones se encuentran asentadas en un sistema legal y comercial -que las han sumergido en una carrera de chabacanería y convertido en auténticas fábricas de incultura- del que podría llegar a afirmarse que es de muy dudosa constitucionalidad”.
Desde que leí estas palabras he tratado, en la medida de mis posibilidades, de cambiar el curso de las mismas. Mi defensa de una radiotelevisión pública, duradera, fuerte, independiente, veraz, donde se conjuguen los conceptos de formar, informar y entretener, han sido mi empeño y mi objetivo. También pienso que estamos viviendo un cambio de paradigma en los medios de comunicación y que afecta especialmente a la televisión: el tránsito de la televisión analógica a la televisión digital terrestre (TDT). Creo necesario que este cambio esté liderado por las televisiones públicas, empresas que, por su carácter de servicio a la sociedad y su propia dimensión se ven abocadas a tal condición. Pero a ese paradigma le falta aún otro que en los últimos 15 años ningún Gobierno ha querido abordar y que no es otro sino el modelo de televisión pública que debe tener España.
Hace poco tiempo, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que las propuestas de los sabios iban en tres direcciones. La primera, crear unos “medios públicos independientes y profesionales”. La segunda, construir un servicio de calidad con una programación “impecable” que respete a las minorías y exprese la diversidad del país. Y por último, “conseguir unos medios económicamente sostenibles con equilibrio entre la financiación pública y la publicidad”. Pues bien, si eso es así, hágase y tendríamos un modelo.
El ejemplo canario
El modelo necesario debe asumir una dimensión y una fórmula de financiación de televisión pública, acorde con las exigencias de una sociedad plural y desarrollada, que avive la cultura, la educación y el resto de los valores constitucionales, con un perfil similar al de los principales países de la Unión Europea, como Francia, Alemania o Reino Unido. Con una programación de calidad que ayude a vertebrar la industria audiovisual española y europea; que sirva como vehículo para la participación política de los ciudadanos y que se distinga por la profesionalidad e independencia informativa. Estos, pienso, deben ser los mimbres para tejer el cesto público audiovisual español.
La televisión pública estatal en Canarias, que tiene una historia de más de 40 años, puede ser un ejemplo. Destaca su papel aglutinador en la realidad social canaria, toda vez que ha acercado a cada hogar todo atisbo de cultura de cada una de las islas, de tal forma que su programación sirvió y sirve para entroncar lo que hoy es una comunidad autónoma con una total cohesión. En cuanto a los contenidos, el envite debe ser impulsar la producción propia y convertirse “en uno de los motores de la industria audiovisual española”. Acentuar la “exigencia de calidad” de todos sus espacios, ofreciendo “información, cultura, educación y entretenimiento”, con atención expresa “a los sectores sociales que más lo necesitan”. Además, cubrir la necesidad de “dedicar más esfuerzo a la proyección exterior de la lengua y la cultura española”, sin olvidar cada una de las Comunidades Autonómicas, tengan o no Televisión Pública regional, ya que los papeles que se les encomienden serán diferentes, o al menos así deben serlo.
El Consejo Superior del Audiovisual
El proceso de convergencia tecnológica que supondrá el salto a la era digital exige un modelo nuevo de programación de contenidos, de producción de programas y de organización de recursos, tanto técnicos como humanos. Este modelo debe propiciar el vigor que garantice que dicho salto tecnológico se lleve a cabo de manera satisfactoria, donde la propia sociedad se vea integrada e identificada como prueba de ese buen hacer. También se requiere el nacimiento de un Consejo Superior del Audiovisual de ámbito estatal que, entre otras funciones, sistematice y alerte de las obligaciones de servicio público de la radiodifusión y televisión, de tal forma que resulta esencial para la conquista del fin presentado anteriormente. Destaco aquí la importancia que esta institución supondrá para el desarrollo y regularización de los medios audiovisuales en España.
La idea de que la democracia está centrada en los medios de comunicación ha originado la creencia de que acontecimientos extraños, formas de actuar de los gobiernos y directrices políticas están interrelacionadas y que, consideradas en su conjunto, dan forma a la vida política. Si eso es así, mal nos iría con los planteamientos anteriores sobre el modelo de televisión pública. La democracia se da cuando somos capaces de hacer compatible la libertad, la igualdad, el pluralismo y el individualismo, de tal forma que al Gobierno lo tenemos porque lo elegimos y no porque lo es.
