El año 2005 ha sido el de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la violencia de género y, derivada de ella, el de la creación de los juzgados especiales que atienden este tipo de delitos y a sus víctimas, uno en cada capital canaria en el caso de las Islas, a los que hay que sumar la atención específica que han debido asumir los juzgados ordinarios.
La ley contra la violencia de género no ha bastado para que en el pasado año haya mejorado la situación para las mujeres canarias en este ámbito. El saldo de siete muertes en Canarias causadas por hombres a sus parejas o ex parejas pone el acento a una realidad de denuncias que se vuelven a contar en miles y que, paradójicamente, incrementa el saldo anterior de cinco muertes en el Archipiélago durante 2004. Pero la ley no ha hecho más que comenzar a caminar y podría ser que, en este aspecto, como en otros que afectan al colectivo de mujeres, 2005 fuera el punto de inflexión de un antes y un después. En el haber de este año, hay que señalar la ya citada ley y sus juzgados, así como el resto de medidas que ampara la normativa.
Sin embargo, en el debe es preciso colocar el articulado que corresponde poner en marcha al Gobierno de Canarias, al que, como poco, cabe pedir que se ponga las pilas. No parece haberlo hecho en las últimas fechas con su emblemático Plan Canario para Prevenir la Lucha Contra la Violencia de Género, en el que los colectivos feministas, que consideran técnicamente ejemplar en los objetivos que persigue, detectan un incumplimiento que alcanza a un año de cerrar balance, un 80%. Sin duda, tres directoras generales en el Instituto Canario de la Mujer en lo que va de legislatura no son precisamente una contribución a su desarrollo.
Distintas organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres canarias han valorado en 2005, cuando el Plan debe culminar en 2006, que el cumplimiento de objetivos raya escasamente el 20%. Y aunque elogian que lo haga en la aportación de soluciones a la mujer maltratada, en recursos dirigidos a la atención y acompañamiento en situaciones de riesgo o cuando el maltrato ya ha existido, acusan a la Administración Autonómica de haber abandonado lo esencial, la prevención. Es decir, la educación. Porque sin educación desde edades tempranas es vano el intento de erradicar la violencia doméstica en nuestra sociedad.
Otro tipo de ‘agresiones’
Y la educación es básica para prevenir otro tipo de agresiones que sufren las mujeres, desde la que atenta contra su libertad sexual, hasta la que supone dar por sentado que un hombre debe ocupar un puesto en el consejo de administración de cualquier empresa por un derecho que no se sabe bien en qué momento adquiere el varón, a pesar de que son mayoría las licenciadas mujeres. En 2005, la distancia entre hombres y mujeres en lo laboral no ha mejorado. “Nos hemos estancado”, valoran las organizaciones feministas tinerfeñas, que advierten de las consecuencias de la economía sumergida y de una cotización desigual que repercute en la prestación por desempleo, y en la futura pensión de jubilación.
Y no sólo es el salario. El acceso al empleo sigue siendo también desigual para las mujeres de las Islas que, por otra parte, ven en el sector terciario una luz, aunque suponga vivir en medio del túnel que es la dificultad en este sector de conciliar la vida familiar y laboral. Hay que citar aquí que el Plan Concilia, firmado en diciembre pasado, que se avista como una esperanza en el horizonte, aunque de momento sean las trabajadoras de la Administración del Estado las primeras beneficiadas. Pero parece que ya hay ayuntamientos canarios que negocian condiciones similares, alentados por sus trabajadoras. Porque volviendo al haber de 2005 no se puede obviar que ha habido avances claros en la concienciación ciudadana de los derechos de las mujeres.
En esta línea es obligado citar como auténtico hito a nivel local la retirada de la emisión de aquellos incalificables vídeos del reggaeton en Telecinco, en los que la dignidad de las mujeres como género aparecía pisoteada en sus letras y en las poses de sus protagonistas. Sólo la acción de los ciudadanos de las islas, ofendidos ante la obviedad del mensaje machista, logró llamar la atención sobre los responsables de la cadena, que respondieron con prontitud y prometieron incluso revisar en el futuro y con carácter general los contenidos publicitarios. Pero aún quedan otras batallas en la lucha por la igualdad: la defensa de los derechos de las inmigrantes y un abordaje serio del problema de la prostitución en nuestras calles, entre ellas.
