Cáritas Diocesana de Tenerife o, lo que es lo mismo, Cáritas en la Diócesis, es el instrumento oficial de la Iglesia Católica para llevar a cabo su acción caritativa y social. Cáritas ha sido, es y será la opción preferencial para los más pobres, los excluidos, los últimos y los no atendidos. Es, en definitiva, “la Iglesia en traje de faena”, en su trabajo continuo y cotidiano de búsqueda de la justicia social.
Es precisamente la falta de esta justicia social con los colectivos de personas más desfavorecidos (personas sin hogar, inmigrantes, mayores solos y con pensiones muy bajas, jóvenes en exclusión social o en riesgo, mujeres con cargas familiares y víctimas de violencia de género, personas con VIH-sida…) la que obliga a Cáritas a intervenir en auxilio del hermano necesitado (Parábola del Buen Samaritano, Lc. 10, 25-37). No es justo ni aceptable que en pleno siglo XXI, y perteneciendo a un país miembro de la Unión Europea con una sociedad desarrollada, un alto porcentaje de la sociedad canaria, el 18,7% según el Instituto Canario de Estadística (Istac) y su última Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios, se encuentre en situación de pobreza relativa (personas que reciben unos ingresos inferiores a 457 euros por mes). Eso hace que unas 400.000 personas en nuestra Comunidad Autónoma busquen desesperadamente, o al menos con ingenio, soluciones para llegar a fin de mes.
El ‘rostro’ de la pobreza
Esta situación de pobreza afecta de desigual forma a las islas. Así, Lanzarote es la que presenta menor porcentaje de pobreza relativa, con el 8,6%, mientras que la isla que mayor porcentaje de pobres presenta es El Hierro, con el 28,8%. Si tenemos en cuenta la variable sexo, la pobreza en mujeres es superior a la existente en hombres, con el 20,3% frente al 17,1%. Y si contemplamos los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y analizamos el ingreso neto anual medio por hogar y persona, Canarias se sitúa entre las cinco comunidades españolas con menores ingresos, al tiempo que es la séptima en el ránking de tasa de riesgo de pobreza. Pero la pobreza, según nosotros la entendemos, no puede medirse únicamente en términos de renta.
Así, hay otros aspectos, tanto cuantitativos como cualitativos, que pueden agravar una situación de precariedad económica, tales como: los relacionados con la salud mental, situaciones de falta de formación que vienen a dificultar la inserción laboral, soledad de las personas, realidades de drogodependencias, ser inmigrante, precariedad laboral o situación de desempleo. Si tuviéramos que poner rostro a la pobreza en Canarias, éste sería el de una mujer, joven, cada vez más joven, inmigrante, con dificultades para su inserción laboral y con cargas familiares agravadas por problemas de salud mental o de drogodependencias. Pero volviendo a esta triste realidad, a la de las 400.000 personas que hay en Canarias por debajo del umbral de la pobreza, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación tan delicada, socialmente hablando, cuando en el último decenio nuestra Comunidad Autónoma ha sido la segunda con mayor índice de crecimiento económico?
Esa generación de riqueza ¿por qué no ha repercutido en un mayor bienestar social? ¿Qué es lo que ha fallado? No cabe duda de que el sistema de redistribución de riqueza hace aguas por todos lados, pero no es menos cierto que la autoridad política ha estado y está obligada a poner en marcha todos los mecanismos e instrumentos necesarios que permitan cerrar la brecha entre las diferentes clases sociales. Y ante esto: ¿qué futuro nos aguarda? Se están dando elementos que pueden hacernos albergar esperanzas de que un mundo mejor es posible. No es otra cosa que la toma de conciencia por parte de la autoridad política de poner soluciones a medio y largo plazo a estas situaciones de injusticia social, fruto de la reiterada denuncia de la sociedad civil, en general, y del tercer sector, en particular. Un ejemplo de ello es la tramitación de la Ley de Rentas Mínimas. Pero esto no deja de ser un paso y es necesario que se articulen otras iniciativas.
Quizás, un primer paso puede ser el poder abordar en una misma mesa de trabajo el análisis de la realidad social, con las aportaciones del Gobierno y de las entidades que estamos día a día en contacto con estas crudas realidades. Se nos antojan fundamentales las políticas integrales de empleo, de acceso a la sanidad, al transporte, a la vivienda, encaminadas de una forma especial hacia las personas con menos recursos económicos, en situación de marginación, pobreza, exclusión social o riesgo de padecerla, y sustentadas en unos presupuestos públicos de marcado carácter social. Lo justo es que las personas con más desventajas tengan más ventajas de acceso a los recursos y servicios sociales. Pero, a mi entender, el papel que deberían tener las ONG o entidades de carácter social, o al menos el papel de Cáritas, debe ser de complementariedad en la intervención gubernamental; es decir, el de llegar donde la Administración pública no llega, pero nunca para sustituirla.
Sensibilidad social
Fundamental es también mejorar los sistemas de financiación pública de estas entidades sociales, que, muchas veces, sufren el retraso en la recepción de apoyo público y la escasez de éste, lo que viene a dificultar la intervención directa de estas entidades con las personas más necesitadas, con lo que a su vez se está generando más injusticia social. Y ante toda esta descripción socioeconómica, ¿cómo ha reaccionado la sociedad? Desde mi trabajo y el servicio de Cáritas he podido comprobar y sentir que la gente ha ido sensibilizándose con estas realidades sociales aun reconociendo que queda mucho trabajo por hacer. Creo que el canario, que siempre ha sido solidario, también lo es actualmente, pero necesita ser sensibilizado continuamente para que decida intervenir y tomar parte en esas acciones.
Es necesario hacer un llamamiento a la corresponsabilidad por parte de todos los que conformamos esta sociedad canaria, con un mensaje de que en este mundo todos tenemos algo que ver y hacer: la Administración pública, velando por los mecanismos que garanticen una mayor justicia social; las ONG, desde su papel de complementariedad en la acción del Gobierno; los medios de comunicación, desde su acción de dar a conocer lo que ocurre; el mundo de la empresa, posibilitando el acceso al empleo de las persona más desfavorecidas, así como la generación de riqueza que redunde en un mayor bienestar social; y el ciudadano de a pie, tomando conciencia de lo que está ocurriendo y participando, en la medida de sus posibilidades, de esas realidades.
