Cuando presenté, en enero de 2007, el balance de la entonces Consejería de Presidencia y Justicia, manifestaba mi satisfacción por haber ido cumpliendo los compromisos adquiridos cuando asumí la responsabilidad de dirigir esa Consejería, en junio de 2005. En aquella presentación, con el horizonte de las elecciones autonómicas del mes de mayo, resalté los avances importantes que se habían dado en materia de Justicia, con la construcción de nuevas infraestructuras judiciales. En Seguridad, con nuestro empeño en diseñar para Canarias un Sistema de Seguridad que cuente con una Policía propia; y en la atención de Emergencias, con la dotación de cinco nuevos helicópteros con disponibilidad de actuación los 365 días del año. Esto, sin olvidar, los diferentes acuerdos alcanzados con los trabajadores de la Administración Pública, incluyendo la Administración de Justicia, para mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal.
A día de hoy, tras casi un año de aquella intervención y con la perspectiva de una nueva legislatura, esos proyectos se vislumbran como puntos de partida, de desarrollo plurianual, para conseguir un objetivo fundamental: la mejor atención al ciudadano. Atención que está concebida de una manera integral en dos ámbitos: el administrativo y el de seguridad. Por ello, no es acción menor, el cambio de denominación de la Consejería, que se convirtió en Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad tras la configuración del Gobierno que preside Paulino Rivero. La Seguridad es un valor primario en las sociedades modernas y desarrolladas, y estamos convencidos, desde el Gobierno de Canarias, que las Islas deben contar con un sistema de seguridad propio y con un servicio de atención a las emergencias en todas las islas que funcione coordinadamente.
La sociedad canaria demanda más seguridad y, tal y como establece el acuerdo de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular, el desarrollo de la Ley del Sistema Canario de Seguridad supone la creación, por Ley, del Cuerpo General de la Policía Canaria y la potenciación de la formación, a través de la Academia Canaria de Seguridad, equipamiento y dotación de las policías locales. Hoy, la Policía Canaria es una realidad que está cada vez más cerca. Hace pocas fechas, el Consejo de Gobierno remitió al Consejo Consultivo el anteproyecto de Ley del Cuerpo General de la Policía Canaria, como paso previo a su entrada en el Parlamento.
Por su parte, el eje central de la atención de las emergencias en Canarias es el Centro Coordinador de Emergencias (Cecoes) 1-1-2 y, en este sentido, la coordinación entre todas las islas será posible cuando podamos contar con estaciones remotas del Cecoes 1-1-2 en los Centros Insulares de Emergencias (Cecopin) de todas las Islas. Asimismo, la mejor atención en emergencias pasa, necesariamente, por dotar a las islas de Tenerife y Gran Canaria de edificios bunkerizados que cuenten con las condiciones de acceso y telecomunicaciones adecuadas para hacer frente a emergencias no rutinarias especialmente graves.
Una de las competencias más importantes que tiene asumidas la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad es la Administración Pública, así como la Administración de Justicia. A lo largo del 2007, y con una meta clara en 2011, se han dado grandes pasos en la modernización de ambas administraciones. En abril de 2007, el Gobierno de Canarias implantó la Oficina Canaria de Información y Atención al Ciudadano (OIAC) con el objetivo de “hacer más corto” el camino entre los ciudadanos y la Administración, gracias al uso de la tecnología más avanzada y dotando a los usuarios de las herramientas informáticas necesarias para gestionar de manera eficiente la solicitud de información y la gestión de los trámites administrativos. La OIAC se extenderá, en los próximos meses, a todas las islas no capitalinas.
Precisamente, con el fin de potenciar la modernización de la Administración, incorporamos al organigrama de la Consejería, la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, cuya acción, concretada en varios e importantes proyectos, simplificará el trabajo interno de la Administración, indispensable para que la maquinaria funcione, y asimismo, facilitará la relación del ciudadano con una Administración más ágil. Las políticas de mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, de la definición funcional de los puestos de trabajo y de la gestión electrónica de los mismos representan también un punto básico de esa modernización administrativa. A ello contribuirá, además, la futura Ley de Participación Ciudadana, norma que regulará la relación entre la ciudadanía y Administración para otorgar a los canarios ese papel protagonista que demanda en la gestión pública y que enriquecerá la acción de gobierno.
El área de Justicia es uno de los ámbitos más sensibles a la vida cotidiana de los ciudadanos, y es ésta una competencia compleja ya que está compartida entre el Ejecutivo autónomo, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, desde que en 1997 asumiera las competencias en medios humanos y materiales, el Gobierno de Canarias ha invertido casi 188 millones de euros en infraestructuras judiciales y en la implantación de nuevas tecnologías con el objetivo de poner a disposición de los ciudadanos un servicio público moderno, eficaz y eficiente.
En esa línea, hay que destacar que el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas es un referente a nivel estatal y que ya se han iniciado las obras del Palacio de Justicia de Las Palmas y del Edificio de Juzgados de La Laguna, así como los trabajos de remodelación del Edificio de Granadera y de los Juzgados de Santa Cruz de la Palma y Los Llanos de Aridane. A finales de 2008 se iniciarán las obras del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife y, hace pocas semanas, el Consejo de Gobierno aprobaba el gasto que supondrá la construcción del nuevo Edificio de Juzgados de Santa Lucía de Tirajana.
Dentro de este ámbito, y para fomentar la preparación de oposiciones en esta materia entre los titulados canarios que quieran dirigir su futuro profesional hacia la carrera judicial, hemos iniciado el Plan Integral para el Fomento del Acceso a la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Con ello, queremos dar estabilidad a las plantillas de los órganos judiciales del Archipiélago, al garantizar que las plazas de jueces, fiscales, secretarios judiciales y médicos forenses, así como las referidas a los Cuerpos de Gestión y Tramitación Administrativa y Procesal y auxilio procesal, sean ocupadas por canarios.
Objetivos todos que se enmarcan dentro del compromiso del presidente del Gobierno, en julio de 2007, de que éste sea un gobierno de las personas, un gobierno que se fije como principal reto mejorar la vida de la gente de nuestra tierra.
