Justicia y política decidieron convertirse en una pareja inseparable en 2007. Y es que ha habido pocas jornadas en las que no apareciera una supuesta sospecha de corrupción en los medios de comunicación canarios. En algunos casos hubo hasta espectaculares visitas a los juzgados o a las dependencias policiales para prestar declaración.
Tanto en Tenerife como en Gran Canarias o viceversa, se han redactado muchas líneas a lo largo de 2007 sobre unas supuestas tramas que operaban muy cerca o en los consistorios de Mogán, Santa Cruz de Tenerife, San Bartolomé de Tirajana, Arona, Santa Brígida, Granadilla, Telde… En el arranque del mes de enero, en Mogán, estalló la operación Góndola. En los autos judiciales hay, como mínimo, una decena de imputados -entre ellos el alcalde popular, Francisco González- a los que en su día se les relacionó con unos supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Pero solamente en Gran Canaria hay muchas noticias escritas y documentos sonoros de otras tres operaciones de esta envergadura en los últimos 19 meses.
El caso Faycán, que se abrió el 1 de marzo de 2006, está en construcción, es decir, que siguen las investigaciones policiales y el secreto de sumario en torno a unas diligencias en las que hay unas cuatro decenas de involucrados, entre los que aparecen el ex alcalde de Telde, Francisco Valido (Partido Popular), varios ediles y ex ediles del mismo partido, empresarios y empleados municipales. La operación Paraíso se conoció el pasado verano y, por el momento, hay seis detenidos por supuestos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros delitos. El ex edil Pacuco Guedes y el empresario local Alejandro Navarro ingresaron en prisión. El 23 de octubre, por último, la Guardia Civil ejecutaba en Santa Brígida los arrestos de seis personas entre los que se encontraban dos ex alcaldes (Carmelo Vega y Antonio Díaz), un ex concejal (Luis Troya) y tres trabajadores municipales, al parecer, por su posible implicación en los delitos de exacción ilegal y fraude, falsedad documental, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos. Lo de casi siempre en estos casos.
Lo peor de todo es que da la sensación, a priori, de que en el futuro van a seguir apareciendo sospechas regadas por todo el archipiélago canario. En el borde occidental, por ejemplo, se conoce que la Justicia ha metido el bisturí en los expedientes de Las Teresitas a ver si consigue dar con algo raro. Frente a las páginas y crónicas televisivas y radiofónicas que no paran de bombardearnos con claves de todos estos casos (Faycán, Las Teresitas, Paraíso, Góndola, Brisan…), el ciudadano de a pie se muestra enérgico e indiferente casi en un cincuenta por ciento. Unos no lo dudan a la hora de decir que hay que llegar hasta las últimas consecuencias, mientras que otros viven ajenos a esta realidad, quizás por los agobios que les causa el día a día de ese mes y porque se van a quedar en números rojos.
Sucesos: año trágico
Si en el doble análisis de Justicia y Seguridad nos adentramos en el tema de los sucesos, un nombre destaca, lamentablemente, con luz propia: el de Yéremi Vargas, el pequeño de siete años desaparecido el 11 de marzo de 2007 en la localidad grancanaria de Vecindario. Este caso, cuya investigación parece haber entrado en un callejón sin salida, sacó del olvido la ausencia de Sara Morales, la niña grancanaria de 14 años cuyo rastro se perdió el 30 de julio de 2006 cerca de un cíber próximo al barrio de Escaleritas (Las Palmas de Gran Canaria) al que solía acudir para chatear. Ha sido nuestro caso Madeleine, aunque con una menor explotación mediática.
La Guardia Civil capturó a un delincuente común de 27 años, que posteriormente puso en libertad con cargos el juez que analizó las diligencias policiales, por intentar beneficiarse económicamente de un drama familiar que al día de hoy todavía mantiene en vilo a la sociedad canaria: telefoneó un par de veces al entorno de Yéremi para solicitar seis mil euros a cambio de su liberación. Canalladas como ésta, no tan graves quizás, se han dado varias a lo largo de una investigación que parece haber entrado en un callejón sin salida. Y eso que en este caso se alistaron expertos de la Unidad Central Operativa (OCU). El mismo equipo del instituto armado que en el mes de agosto voló a Tenerife para participar en la investigación por la desaparición de la adolescente Fernanda Fabiola Urzúa Marín en el núcleo aronero de El Fraile. Héctor Fabio Francisco Giraldo, un colombiano de 28 años, especialista en la construcción de los cimientos para el montaje de invernaderos, confesó que había matado a la menor de origen chileno.
Pero la crónica negra de 2007 en Canarias ha tenido varios episodios repletos de una dureza extrema. Uno de los más impactantes se desencadenó en las primeras horas de la tarde del 10 de febrero en el municipio de Los Silos. Veintinueve excursionistas intentaban atravesar un túnel que conectaba Cuevas Negras con un paraje conocido como Piedra de los Cochinos (Los Silos). Un posible error de orientación precipitó un drama que rozó una tragedia de mayores proporciones. Seis muertos, cinco chicos y una chica de entre 22 y 35 años, once ingresos hospitalarios por dolencias relacionadas con insuficiencias respiratorias y una docena de supervivientes con ánimo seriamente tocado fue el dantesco parte de incidencias. “La gente se desmayaba y apenas teníamos fuerzas para salir a rastras”, relató uno de los rescatados en la madrugada de un domingo que no será fácil de olvidar.
Secuestros en tierra y aire
Los que sí se llevaron un gran susto fueron unos vecinos laguneros de la calle Núñez de la Peña, los más próximos a la pensión que fue asaltada la madrugada del 21 de enero por policías nacionales del Grupo de Operaciones Especiales (Geos) que llegaron desde la capital de España para abortar el secuestro de un ciudadano italiano que vive en Los Realejos. Uno de los doce rumanos -la mayoría con formación militar y antecedentes delictivos- detenidos resultó herido leve en el tiroteo. Este éxito policial se fraguó, en un primer nivel, gracias a los contactos entre diplomáticos españoles y rumanos, quienes compartieron datos sobre la formación de un grupo -donde se incluían varios mercenarios- que se estaba organizando para actuar en Tenerife. La autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión de diez de los doce implicados.
La identidad de Mohamed Ould Adberramán cobró mucho protagonismo en los medios de comunicación canarios en la segunda quincena de febrero, justo la jornada en la que se conoció que un Boeing 737 de Air Mauritania que cubría la ruta Nuakchot-Gran Canaria acababa de ser tomado a la fuerza -tenía un arma de fuego corta- por un ciudadano marroquí de unos treinta años. El comandante dejó caer el avión sobre la pista de Gando con cierta brusquedad para forzar el resbalón del pirata aéreo y que uno de los miembros de la tripulación se pudiera arrojar sobre éste. Dicen que la cara es el reflejo del alma, pero en la de Hohamed Ould sólo se apreciaban -el día que fue llevado a los juzgados a declarar- la hartada de golpes que le dieron en cabina justo antes de quedar bajo custodia policial. “No soy un terrorista, yo sólo quería volar a París”, declaró camino de la prisión de El Salto del Negro.
Otra incidencia aeronáutica fue noticia a finales de marzo. Sucedió hace 30 años, pero las imágenes de los dos jumbos (KLM y Pan-Am) destrozados sobre la pista central de Los Rodeos, reducidos a un amasijo de hierros y cientos de bolas de fuego, continúan frescas en la mente de millones de personas en todo el mundo. La que sigue siendo la catástrofe aérea más descomunal del planeta tierra se cobró 583 vidas (560 pasajeros y 23 tripulantes). “La primera pregunta que me hice fue por qué yo me había salvado y otros no”, me contó Robert Bragg, aquel día copiloto del Boeing 747 de la Pan-Am, durante una visita que hizo a la Isla hace algo más de tres años. “La hermosura del monumento de la Mesa Mota nos recuerda lo frágil que es la vida”, comentó Leo Van Wijk, director-gerente de la aerolínea holandesa KLM, el 27 de marzo durante un emotivo discurso en el Auditorio de Tenerife.
“Esto no puede seguir así, hay que respetar la vida”. Este comentario lo firmó el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura Clavell, en una conferencia de prensa en la que compareció para dar detalles de la muerte violenta de dos mujeres en Los Realejos y en Barranco Grande. Y es que la violencia doméstica es, sin duda, uno de los venenos más letales que se le ha inyectado a una sociedad donde abundan los informes policiales por malos tratos. ¿Un antídoto? Respeto, tolerancia y, sobre todo, diálogo… supongo. Los alijos de drogas en aguas próximas a canarias, redadas en la red contra la pornografía infantil o contra la explotación sexual de mujeres han mantenido muy entretenidos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante el presente año.
Siete días bajo el fuego
Los incendios de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y La Palma ocuparon grandes espacios en las páginas y crónicas (radiofónicas y televisivas) de sucesos. Pero fue justo entre los días 27 de julio y el 3 de agosto, cuando el verano de 2007 agarraba las temperaturas más elevadas, cuando Canarias estuvo al rojo vivo. Una semana bajo el fuego que dejó al descubierto lo frágil que es la naturaleza y, a su vez, las miserias que esconden algunas personas en un interior. Juan Antonio Navarro Armas, de 37 años, ingresó en la cárcel señalado como el posible pirómano que alimentó el gran incendio de Gran Canaria. Dicen que en su discurso ante los investigadores de la Guardia Civil supuestamente argumentó que tenía miedo de perder su trabajo como agente forestal. Una situación parecida se dio en Tenerife, aunque aún no se ha cerrado ningún arresto. Las llamas destruyeron más de 34.000 hectáreas de monte en las dos islas que son capitales de provincias. Una imagen vía satélite en la que se observaba una gruesa humareda sobre el Archipiélago encendió las alarmas sobre la lejanía respecto a la Península Ibérica, las limitaciones técnicas en la lucha contra incendios que existen en Canarias y la escasa conciencia medioambiental que tienen algunos trastornados.
Algunas cifras
La tasa de criminalidad relativa (infracciones penales por casa mil habitantes) se incrementó durante 2006 en un 7,7% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras que descendió en un 1,4% en la de Las palmas, según los datos del Ministerio del Interior. En la provincia tinerfeña, la tasa de criminalidad alcanzó los 58,8 delitos por mil habitantes, mientras que ese índice era de 51,1 puntos en 2005. Mientras, en la provincia oriental se alcanzaron los 50,5 puntos, lo que supone un descenso respecto a los 51,9 delitos por mil habitantes registrados en el año 2005.
