No se estaría en un error si se dijera que la producción audiovisual en Canarias ha variado sustancialmente respecto a cómo estaba hace sólo un año. Aun así, lo cierto es que tampoco se ha tejido una industria potente con capacidad como para ofertar algo que vaya más allá que el consumo local o, a lo sumo, regional.
Un análisis más preciso del panorama audiovisual obliga a abordar la producción televisiva en las Islas desde, al menos, tres frentes: resolución del concurso de la Televisión Digital Terrestre (TDT); producciones audiovisuales privadas, e, inevitablemente, la proyección a corto y medio plazo de las dos televisiones públicas del Archipiélago (TVE-Canarias y Televisión Canaria).
La adjudicación de las TDT indirectas (privadas) de ámbito regional levantó las críticas más airadas en Gran Canaria, concretamente de Editorial Prensa Canaria, que se quedó fuera de este reparto, al que sí accedieron Antena 3 y Radio Popular-COPE. En este particular, destacan algunas manifestaciones realizadas por los perjudicados, que no entendían cómo las asignaciones regionales fueron para dos empresas foráneas -aunque la primera de ellas absolutamente consolidada en las Islas-, y no dejaba de causar cierta perplejidad que el reparto lo hubiera hecho “un gobierno nacionalista”.
La compensación vendría luego en la concesión de las privadas insulares y comarcales, donde con la intención de contentar a “casi todos” el Gobierno otorgó más de una licencia de explotación comarcal a varias empresas concursantes, de manera que la realidad del ámbito insular ha quedado más o menos salvada en la práctica. Ahora habrá que esperar aproximadamente un año para ver de qué manera se inserta en las preferencias de los telespectadores de las Islas el desmesurado número de televisiones comarcales que inundarán el espacio radioeléctrico.
Esta debiera ser una buena noticia para el sector audiovisual de Canarias, ya que se supone que no todas las televisiones tendrán capacidad para generar sus propios contenidos y tendrán que recurrir a productos televisivos ideados por diversos sellos productores. Y es de suponer, también, que la competencia por hacerse con un buen trozo del pastel publicitario, que es el que hay y habrá de repartirse, forzará a las cadenas privadas de la TDT a adquirir contenidos de calidad y que deben cumplir en un porcentaje elevado con la condición de
canariedad exigida en el concurso de méritos.
Capitulo aparte merecen las dos televisiones públicas que operan en el Archipiélago, es decir, Televisión Española en Canarias (TVE-C) y Televisión Canaria (TvC). En el primer caso, y tras sufrir un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) excesivamente duro con Canarias y particularmente con Tenerife, en el mes de octubre se confirmaba una buena noticia, ya que el Consejo de Administración del ente público del Estado se reunía en Santa Cruz de Tenerife y confirmaba que se efectuarían cinco horas más de desconexiones con la programación nacional, algo que por un lado mueve la producción audiovisual propia y, por el otro, se consigue corregir la hora de diferencia con respecto a la Península, precisamente para hacer coincidir los horarios de máxima protección infantil con lo dispuesto en el Código de Autorregulación, que en la mayoría de las ocasiones es poco seguido por quienes lo firmaron. Aún así, disponer de cinco horas más de programas propios hará que la productora de TVE creada al efecto en las Islas tenga trabajo y permita a los empleados del ente público tener una asignación y una ocupación específicas en el nuevo organigrama.
La televisión canaria
En el caso del ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC), el análisis se complica. La fórmula mixta, a la luz de los últimos acontecimientos propiciados -por la solicitud del Gobierno al Consejo de Administración para que gestione directamente los programas y la publicidad-, demuestra que no es el mejor modelo para relanzar y ahorrar en Televisión Canaria. Y es algo que parece obvio, ya que hasta ahora Socater, que seguirá gestionando los informativos, se encargaba también de estas dos áreas, con lo que el ente le pagaba por programas que no producía pero a los que les daba la cobertura como intermediario.
Otra de las críticas, incluso de los propios trabajadores de Socater (explicitadas en huelgas, dos en nueve años), es que el peso de cualquier cadena pública, su médula espinal, son los servicios informativos. Y no parece muy coherente que precisamente la parte más elemental del servicio público que debe cumplir la cadena autonómica descanse en manos privadas. ¿Alguien puede asegurar que queda a salvo este concepto si se produce un conflicto de intereses entre lo público y lo privado? Pero en cualquier caso, a lo mejor este cambio de posición del Gobierno, pidiéndole a la televisión autonómica que sea quien contrate los programas de manera directa (con lo que los contribuyentes nos ahorramos al intermediario) y gestione la publicidad (hasta ahora en otras manos en un 95%), puede conducir a que ese 33% más de presupuesto que destina Paulino Rivero al ente RTVC sirva para algo.
Al menos debería servir para que algún programa (además de En clave de Ja) tenga una sólida presencia en los hogares canarios. En el capítulo de informativos, baste un ejemplo: el Telenoticias 1, presentado y dirigido por el jefe de Informativos de la cadena, Miguel Ángel Daswani, es el menos visto de Canarias, por detrás incluso de su segunda edición, una redifusión sólo aderezada con lo poco nuevo que ocurre entre la sobremesa y las primeras horas de la tarde. En definitiva, o cambia la tendencia de repetir lo que ya emiten las cadenas generalistas -que lo hacen mucho mejor, para qué engañarnos- y entra un poco de aire fresco en esta casa nuestra (si es que en algún momento lo ha sido) o lo del tejido audiovisual en las Islas seguirá siendo un sueño, una frase para una valla publicitaria con aquello de “Canarias, plató natural”.
