La Ley Orgánica de Educación prometía ser el asunto educativo del año 2007. Todo apuntaba a que su desarrollo en Canarias ocuparía la atención de la comunidad educativa. Pero Isaac Godoy, el consejero del área en el último gobierno de Adán Martín, logró con sus enfrentamientos con la comunidad educativa que, al final, la LOE fuera lo menos importante.
Isaac Godoy protagonizó encuentros y desencuentros con los profesores, restó importancia al temor por el aumento de la violencia en las aulas (“al fin y al cabo, a todos nos quitaban el bocadillo en el colegio”, según dijo en varias ocasiones) y alardeó del gran avance en los resultados educativos, a pesar de que el Archipiélago sigue a la cabeza -o a la cola, según se mire- del Estado en fracaso escolar. Pero Godoy sólo era el consejero, el responsable de casi 250.000 niños y jóvenes, que deben ser al fin y al cabo los protagonistas de un resumen del año educativo.
Los estudiantes viven ajenos a lo problemas que se desatan en sus colegios e institutos, no entienden de leyes ni normas, pero son, por ejemplo, los que comparten clase con chicos de otras nacionalidades, razas o culturas. Según los datos del Ministerio de Educación, alrededor del siete por ciento del alumnado matriculado en Canarias es extranjero, en su mayoría procedentes de Latinoamérica. Y son tan poco habituales los programas que fomentan la multiculturalidad o que potencian el respeto a la diversidad, que aquel centro que lo desarrolla capta la atención de toda la sociedad por llevar a cabo algo que en realidad debería ser cotidiano.
A pesar de que el aumento de la inmigración se ha visto en las aulas, no es el dato demográfico más preocupante desde el punto de vista de necesidades educativas. Según las estimaciones de la Consejería de Educación, la movilidad de la población hacia la zona sur de las Islas hace necesario un aumento de infraestructuras educativas, que el curso 2006-07 se concretó en la puesta en marcha de seis nuevos centros educativos y la ampliación de otros 23 colegios e institutos. Sin embargo, siguen sin ser suficientes. Y aún son frecuentes las demandas de la comunidad educativa de creación de más centros.
Entre estos cambios poblacionales, saltó la alarma por el aumento de los episodios de violencia escolar. Las historias de niños que padecen acoso por parte de sus compañeros y las de profesores que reciben palizas dentro de su centro saltaron a las páginas de los medios de comunicación, aunque con menos intensidad que en el resto del Estado. Aún así, el debate era permanente y la búsqueda de soluciones se convirtió en una de las principales exigencias de padres y docentes. Como respuesta, y a instancias del Parlamento de Canarias, la Consejería de Educación desarrolló el proyecto ICO de prevención del acoso escolar y que consistía principalmente en la puesta en marcha de un teléfono de atención a alumnos y padres, con el objetivo de resolver dudas, investigar los posibles casos y, en su caso, prestar atención tanto a las víctimas y sus familias como al propio centro escolar y los posibles agresores.
Lo que la portavoz socialista de Educación en el Parlamento, Dolores Padrón, denominó en su momento “teléfono amigo”, al final no dio el resultado previsto por Isaac Godoy y, bien porque no son numerosos los casos de violencia escolar en el Archipiélago o bien porque el proyecto ICO no era la manera de prevenirlo, el caso es que durante todo el curso escolar no se ofrecieron datos de las llamadas ni de los casos detectados durante su implantación.
Pero no sólo son destacables las noticias negativas en la gestión de Isaac Godoy al frente de este área, puesto que el consejero logró al menos poner en marcha algunas iniciativas para mejorar el sistema educativa, tales como el uso gratuito de libros de texto en algunos cursos de Primaria, la convocatoria de ayudas a las asociaciones de padres para apertura temprana de aulas o la firma de un protocolo de gestión de las escuelas unitarias, consensuado entre todos los agentes de la comunidad educativa.
En medio de tanta polémica social, y después de que pasara casi desapercibido el despido de casi 70 docentes de Formación Profesional, el consejero de Educación tuvo que enfrentarse a otra situación más que conflictiva: los profesores del sistema educativo no universitario de Canarias decidieron reivindicar su homologación salarial con el resto de funcionarios de la misma categoría y titulación y, como no podía ser de otra manera, esta demanda se saldó con varias jornadas de huelga. Con un seguimiento de entre el 90 y el 65 por ciento, los docentes dejaron las aulas vacías y salieron a la calle en abril y mayo de 2007. Durante casi dos meses, las diez centrales sindicales del sistema educativo unieron sus fuerzas en una alianza sin precedentes para negociar con la Administración educativa una mejora de sus salarios de cerca de 300 euros por profesor.
Sin embargo, la unidad sindical encontró un muro infranqueable en Isaac Godoy, que por ese entonces formaba parte de la lista electoral de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que en todo momento se negó a la negociación “por no hipotecar al próximo Gobierno”, según argumentó. El consejero se sabía fuera de la Administración educativa y se despidió de su cargo con la ruptura de las negociaciones por falta de acercamiento… y con miles de docentes sin dar clase y confiando esperanzados en un cambio de gobierno que supiera dar respuesta a sus demandas.
Y así fue como, después de las elecciones del 27-M, Milagros Luis Brito tomó posesión como nueva consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias: con continuas exigencias de ampliación de infraestructuras, reiteradas críticas a la gestión de CC en el sistema educativo, con los profesores en pie de guerra con la amenaza de seguir exigiendo su homologación salarial y con el fantasma de la polémica puesta en marcha de una nueva asignatura de obligatorio cumplimiento según la LOE, Educación para la Ciudadanía (que tendrá que esperar para impartirse en las Islas).
Con todo ello contaba la consejera el día que juró su cargo y nombró a su nuevo equipo, pero lo que ni siquiera podría intuir Milagros Luis es que, precisamente ese día, comenzaría una nueva batalla con los profesores. Después de numerosas reclamaciones, la Dirección General de Personal decidió suspender el proceso de las oposiciones al cuerpo de maestro en la especialidad de Infantil, dejando a 275 docentes ubicados en una plaza pero con total incertidumbre sobre lo que sucedería. Tras revisar el procedimiento y ante la expectación de los más de 1.800 profesores que se presentaron a las oposiciones, los servicios jurídicos de la Administración educativa tomaron una decisión sobre el problema: reconociendo diferentes irregularidades acontecidas durante la corrección de los exámenes, se procedería a volver a calificar las pruebas escritas y repetir las orales.
Esta polémica decisión de la Consejería de Educación provocó incontables reacciones entre los afectados y sus representantes sindicales, apuntando muchos de ellos a un nuevo conflicto judicial, que podría incluso dar por anulado el proceso de las oposiciones. Aunque habrá que esperar, al igual que con otros muchos asuntos, para ver cómo se resuelven todos estos problemas del sistema educativo canario. Que no son pocos.
