Se intuía la crisis, pero faltaba el detonante. Y éste llegó en pleno verano, en medio de unas alegres vacaciones en el Archipiélago, en la que la población residente, de las más endeudadas de España, seguía pidiendo créditos para su descanso estival. Y es que, en el aspecto económico, no ha habido buenas noticias para Canarias.
En realidad, hacía tres años que el euribor, el índice de referencia más utilizado por la banca, no había hecho más que subir. Más o menos desde el comienzo de la campaña de Irak, esa que impulsaron Bush y Aznar, y que acabó con la era del petróleo barato. Y a partir de ahí ha habido efectos retardados en la llegada de la ola de restricciones bancarias como no se había visto desde principios de los años 90. El binomio turismo-construcción seguía funcionando en las Islas a pleno rendimiento, aunque bien es verdad que la moratoria a la construcción turística y a los planes parciales había levantado ciertas ampollas en las patronales de la construcción.
Inmediatamente llegó la verdadera moratoria turística en forma de menos visitantes. Así, el año 2007 se cerrará en Canarias con unos 300.000 turistas de menos, cuando además se observa una continua caída de las pernoctaciones turísticas, de las estancias medias y del gasto medio por visitante. Total, una crisis turística en toda regla para la que los poderes públicos no estaban preparados y mucho menos los empresarios del sector y que evidencia que los países tradicionalmente emisores de turistas a las Islas tampoco les va bien económicamente.
No se trata de hastío por Canarias, de que las Islas no son el paraíso turístico que era. Nada de eso. Canarias sigue siendo imbatible en temporada de invierno y líder indiscutible en turismo de media distancia, muy lejos de cualquier mercado. Otra cosa es que a los británicos, a los alemanes, a los escandinavos, a italianos y franceses también les haya afectado la crisis. Los efectos han sido graduales, pero agudizados año a año. Pero ni con menos construcción y con una evidente sobreoferta turística se dieron las condiciones de ajuste del mercado canario.
Ni bajaron los precios alojativos, ni bajaron los precios de la construcción, ni se restringió el crédito bancario a los promotores y a la adquisición de viviendas. Todo seguía igual. Todo, menos el ajuste trimestral de unos créditos que subían al mismo ritmo que lo hacía la inflación, en una liturgia ya conocida del banco emisor europeo, que daba el consabido disgusto del cuartillo de punto al alza. Todo sea por contener una inflación que se resiste del 3,5%.
Un panorama que no dio más de sí en verano. Se acabó el petróleo barato, que a finales de este año ya iba rumbo de los 100 dólares el barril; se acabó el dinero barato, con unos tipos de interés al alza de forma sostenida; la inflación se volvía incontenible; las empresas perdían competitividad; las familias estaban a tope en deudas… y faltaba el empujoncito estival que paradójicamente no llegó con el devenir normal del proceso, sino desde el exterior, concretamente de los Estados Unidos.
Las hipotecas subprime, entendidas por aquellas que tienen poco o ningún respaldo detrás más que la confianza en el cliente, entraron en crisis en los Estados Unidos, justo por las mismas razones de sobreendeudamiento que tienen las familias en Canarias, sólo que las garantías en las Islas son otras, concretamente garantías hipotecarias sólidas. La caída de algún que otro banco y el posible traslado del pánico bursátil a las subprime llevó a una nueva alarma bancaria, ésta ya en todo el Estado, que ha dejado el crédito restringido a la mínima expresión.
Lo dice la banca: no hay dinero. Se ha cerrado definitivamente, por lo menos a corto plazo, el grifo del dinero. Y a partir de ahora, las familias van a tener que apretarse el cinturón de verdad. Y de verdad que los datos de paro de este fin de año son más que elocuentes: se alcanzan los 140.000 desempleados registrados en las oficinas de empleo de las Islas y se amplía la brecha de tasa de paro entre Canarias y el Estado en más de un 4%.
La crisis en el mercado crediticio ha paralizado la construcción, cuya patronal ha tenido que firmar no menos de 2.000 finiquitos de despido, en un escenario que poco tiene que ver con la imagen del vergel de la construcción que se suele mantener en la retina. No menos de una decena de constructoras, algunas de ellas grandes y emblemáticas, entran en la nueva suspensión de pagos, la Ley Concursal; y casi todas, la mayoría, buscan a final de este año apoyo bancario para aguantar en estos momentos. La crisis es particularmente grave en el Sur de Tenerife, con un municipio, como Arona, cuyo último equipo de gobierno ha estado desfilando por los juzgados precisamente acusado de otorgar licencias de construcción con inusual alegría, dicho esto con ánimo de no entrar en lo que sería otro capítulo de este año 2007.
Lo cierto es que, como pasando del blanco al negro en un minuto, la zona de mayor pujanza constructora, el Sur de Tenerife, no ofrece licencias de construcción, no las concede y los planes generales municipales se encuentran paralizados, lo que ha agravado aún más la situación de las constructoras. Hay que tener en cuenta que el sector de la construcción, unido al turismo, los dos que entraron en crisis, pueden contener por sí sólo el 40% del PIB canario; y el resto de sectores, sobre todo los servicios, están ligados en una gran parte a la marcha general de los dos motores de la economía isleña. Sería ocioso valorar que también la crisis afecta al consumo y al comercio por igual, por la simple razón de la falta de liquidez de las familias canarias.
El Gobierno de Canarias se estrena en la tarea de hacer frente a una crisis que no se recuerda ni por su gravedad, ni por sus efectos, ni por su incidencia en el empleo. Y tras su toma de posesión en verano, ha centrado su actividad en asegurar un Régimen Económico y Fiscal para Canarias que será una continuidad hasta 2013, año de cuentas nuevas en la Unión Europea y que seguro afectará al Archipiélago, con una anunciada reducción de fondos, producto del efecto renta, que es el que se supone de una renta per cápita en Canarias que supera al 75% de la renta media comunitaria.
No hay recetas milagrosas ante un panorama como el descrito al principio y los poderes públicos pocas herramientas tienen en sus manos que no pasen por asistir a lo que se avecina y parchear donde se pueda, bien reorganizando subsidios, asegurando precios públicos o simplemente inyectando fondos. Pero todo ello supone un mayor gasto, en medio de unos impuestos, los indirectos, cuya recaudación mengua, puesto que dependen de la marcha económica y obligan a acudir a la deuda, justo cuando los márgenes de endeudamiento han pasado de estrechos a nulos.
Crisis pues en lo privado y crisis en lo público. Para Canarias las soluciones tienen que llegar de fuera, con una Europa que pueda, recuperada Alemania, volver a enviar turistas que gasten, cerrada la puerta a las ayudas con fondos comunitarios y con el modelo de la financiación de las comunidades autónomas por recomponer, tras la salida de Cataluña del sistema. En el aspecto económico, pocas o ninguna han sido buenas noticias para Canarias. Y para el año que viene las previsiones más realistas apuntan a un ahondamiento en la crisis, por más que los presupuestos autonómicos se presenten como anticíclicos, como una premonición de que el ciclo que viene es en cuesta abajo.
