Los jóvenes africanos sueñan con Canarias

Los jóvenes africanos sueñan con conseguir en Europa el futuro que no les ofrece su país natal. Además, ellos son la única esperanza para cada uno de esos países. Esta realidad es la causa del éxodo clandestino de cientos de menores de edad de origen subsahariano que se embarcan en cayucos hacia la costa europea más cercana, el Archipiélago.

Canarias tutelaba en octubre de 2007 a unos 800 menores extranjeros no acompañados, un número similar al de septiembre de 2006, cuando el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, visitó el Archipiélago para aplacar el enfado del Gobierno canario por “encontrarse solo” en la acogida de los niños que llegaban a decenas en los cayucos. Para contentar a Ejecutivo Autónomo, Caldera anunció en rueda de Prensa que en unos quince días serían trasladados a la Península 500 de esos chicos, con el fin de que en las Islas permanecieran los 300 que, en opinión del Gobierno canario, se pueden integrar en las Islas sin problemas.

Debido a la constante llegada de menores en las pateras y cayucos durante 2006, el Gobierno canario abrió centros de acogida de emergencia en Tenerife y en Las Palmas, que fueron ampliados con el tiempo a pesar de ser instalados como temporales. El entonces presidente del Gobierno canario, Adán Martín, exigió que el Ejecutivo central constituyera un gabinete de crisis sobre la inmigración que llega a las Islas por mar, ya que la situación era “muy crítica”, al tiempo que demandó un reparto de los menores extranjeros con otras comunidades autónomas. En agosto de 2006, Adán Martín advirtió de que la llegada de más de 16.000 inmigrantes a Canarias desde el principio de ese año se debería considerar “un problema de todo el Estado español” y también de Europa.

En opinión de Martín, “si llegaran a las costas de la Península habrían sentido el problema de manera más cercana”. En ese momento, el presidente canario incidió en la necesidad de repartir de manera proporcional entre todas las comunidades autónomas a los menores acogidos en Canarias, ya que los recursos autonómicos “están desbordados, al acoger actualmente Canarias a 649 menores, con un coste anual mínimo de 18 millones de euros”. En definitiva, Martín tradujo a números este drama humano y hasta precisó que el coste era de 30.000 euros al año por menor.

Repatriaciones… y llegadas

Y así, entre quejas, reclamaciones y respuestas acabó el año 2006 sin que el Gobierno central cumpliera totalmente su promesa. En el último trimestre de ese año fueron trasladados a la Península por el ministerio de Jesús Caldera un total de 231 menores desde Canarias. Aunque, al tiempo, seguían llegando más y más menores. Así, en febrero de 2007, el centro de emergencia de La Esperanza, en Tenerife, amplió sus instalaciones con la reforma y apertura de un nuevo módulo para proporcionar una mejor acogida a los casi 200 chicos que vivían allí.

Mientras tanto, las derivaciones se van produciendo a cuentagotas, en pequeños grupos que no superan las diez personas y, en muchas ocasiones, con el rechazo de las comunidades de acogida, en especial las presididas por el Partido Popular. Un ritmo muy similar al de las constantes llegadas de menores en los cayucos. Por este motivo, seis meses más tarde, Canarias acogía todavía a más de 700 menores extranjeros no acompañados, el doble del cupo fijado con el Estado. Es una historia sin fin que se cuenta entre quejas, reproches, acusaciones y cifras hasta el punto de que a veces olvidamos que detrás de cada número hay un ser humano.

Polémica política

El desacuerdo entre los gobiernos central y autonómico sobre la problemática de los menores inmigrantes no acompañados se puso de manifiesto cuando desde Madrid se criticó al Gobierno canario y se le pidió “más colaboración para que las cosas salgan bien, y menos quejas”, alegando que el Gobierno estatal estaba realizando un gran esfuerzo en materia de menores. Por el contrario, el Gobierno de Canarias replicó duramente al Ejecutivo central, poniendo en cuestión su política de inmigración, concretamente la relacionada con los menores, “porque no apoya económicamente a Canarias, que gasta 15 millones de euros en la acogida y tutela de los menores extranjeros”. Así, en la boca de los responsables del Gobierno canario apareció la sentencia: “El Estado no cumple”, mientras que desde Madrid se respondía que ya se había dado cumplimento a la promesa de Caldera, “porque son casi 500 los menores que han salido de las Islas”. Lejos de entenderse entre ambos, y más lejos aún de buscar una solución, esta cuestión resultó ser otro motivo de enfrentamiento político.

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