Las diferentes encuestas y análisis sobre la situación de los servicios sanitarios en España colocan a Canarias en el vagón de cola, pero no son sólo los estudios los que constatan esta realidad. Profesionales y usuarios del sistema denuncian de forma recurrente y desde hace años esta situación, sobre la que también ha llamado la atención el Diputado del Común.
Los problemas son siempre los mismos: listas de espera demasiado abultadas, que obligan a los pacientes a esperar meses, incluso años, por una operación o por una cita con el especialista; falta de profesionales, que hace que la administración se vea obligada a contratar a médicos sin la especialidad necesaria para el puesto que van a desempeñar; y el colapso de los servicios de urgencias, son algunos de ellos. Mientras las deficiencias se mantienen sin que aparezca una receta mágica que les ponga remedio, y haciendo que los canarios tengan un servicio de peor calidad que el de la mayoría de las Comunidades Autónomas, las personas encargadas de hacerles frente cambian.
Precisamente, 2007 fue un año de relevo en el que a la vez que Adán Martín le daba el testigo de la Presidencia a Paulino Rivero, María del Mar Julios le cedía a Mercedes Roldós el de la Consejería de Sanidad. Igual que cuatro años antes, el recién nombrado presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ratificaba en su discurso de investidura su compromiso por mejorar la sanidad en las Islas. Y, una vez más, volvía a citar los mismos obstáculos y casi las mismas soluciones como claves en la mejora del sistema: desarrollo de las infraestructuras, profesionalización de la gestión, exigir más recursos a Madrid y aumentar la oferta formativa de profesionales de la medicina tanto desde las facultades como de las plazas de Médicos Internos Residentes que cada año ofrece el Ministerio.
Recetas que tanto Rivero como la consejera del ramo tendrán que afrontar en los próximos tres años. Aunque mal empiezan las cosas, si se tiene en cuenta que Roldós se estrenó con la polémica dimisión a principios de agosto del gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Juan José Afonso, al negarse éste a admitir que le impusieran desde la Consejería de Sanidad parte de su equipo; y luego, celebró sus primeros 100 días de gestión con el cese a petición propia del recién estrenado director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Ignacio Abásolo.
Como cada año electoral, el año en que se realizó en Canarias el primer trasplante renal de donante vivo, lo fue también de confrontaciones, de huelgas y manifestaciones: unas se solucionaron rápido o quedaron en el simple testimonio de una queja, pero otras estuvieron coleando de primavera a otoño. Conflictos laborales que desvían el interés y, en muchos casos, recursos de lo realmente importante: la salud de los canarios, que tienen uno de los mayores índices de obesidad infantil del país y las mayores tasas de complicaciones derivadas de una diabetes mal controlada, como son la insuficiencia renal (el número de personas en diálisis como consecuencia de esta enfermedad triplica la media nacional), retinopatía o ceguera, neuropatía y enfermedad cardiovascular, entre otras.
Hubo movilizaciones como la que en marzo promovió UGT bajo el lema Tenerife por la salud, a la que se sumaron otras organizaciones sindicales, partidos políticos y movimientos vecinales para exigir una sanidad digna. La convocatoria consiguió reunir a miles de personas en la capital tinerfeña, que exigían una atención de calidad, a pesar de que fue duramente criticada por los que consideraban que respondía a intereses electoralistas. Esta protesta no fue más allá ni tuvo consecuencias, pero otras luchas, como las que protagonizó el personal del Servicio Canario de la Salud desde principios de año para exigir mejoras laborales, concluía en febrero con la firma de un acuerdo que fue calificado de “histórico” en el que se reconocía a este colectivo la jornada de 35 horas semanales, además de una serie de mejoras salariales. Todo ello, eso sí, después de varias semanas de negociación y de amenazas de huelga por parte de los sindicatos.
Transporte sanitario
Sin embargo, el conflicto laboral que más ruido hizo en 2007 fue el del sector del transporte sanitario. Después de que en 2004 protagonizaran una huelga salvaje, en 2007 los dos mil trabajadores de las ambulancias de Canarias volvieron a la carga para exigir la firma de un convenio colectivo regional que homologara sus retribuciones y condiciones laborales a la media nacional. Los paros comenzaron el 18 de abril de manera intermitente, pero al mes siguiente pasaron a ser indefinidos prolongándose, contra todo pronóstico y a pesar de la mediación de la Dirección General de Trabajo, más allá de las elecciones del 27 de mayo; lo que, con un Gobierno en funciones, significó su enquistamiento.
Paralelamente a la campaña electoral se sucedieron los despidos, las amenazas, las agresiones y los atentados contra las ambulancias, pero, sobre todo, unos 900 pacientes de rehabilitación diarios (un servicio que no se incluyó entre los mínimos) dejaban de ser trasladados a los centros sanitarios donde recibían tratamiento, perjudicando su recuperación e incrementando la lista de espera de esta especialidad. No fueron ellos los únicos perjudicados, pues el resto de usuarios habituales, como son los enfermos renales que deben acudir tres veces a la semana a sesiones de diálisis, tuvieron que soportar un servicio aún más deficiente del acostumbrado, pues durante los meses que duró la huelga los retrasos y el incumplimiento de los horarios empeoraron hasta el punto de comprometer su estado de salud.
De hecho, la situación de “grave perjuicio” que esta huelga estaba causando al servicio sanitario de las Islas obligó al Gobierno de Canarias a aprobar un laudo de obligado cumplimiento para ambas partes a principios del mes de agosto. Este documento puso fin a la huelga, pero su ejecución se convirtió también en motivo de disputa entre empresarios y trabajadores, que a finales de septiembre lograron un acuerdo definitivo que permitió respirar a la Administración.
No obstante, tras la resaca electoral y la calma veraniega, con el otoño comenzaron de nuevo a acumularse los conflictos sobre la mesa de la consejera, pues junto a la huelga de los médicos de Atención Primaria de Gran Canaria el 29 de octubre, que podría extenderse al resto del Archipiélago; se suman las protestas del personal de los grupos C, D y E del SCS (las categorías no sanitarias de la plantilla) contra una convocatoria de Oferta Pública de Empleo que desde su punto de vista pone en riesgo sus puestos de trabajo.
Así, a la vez que lidian con un sector que parece estar en permanente conflicto, los responsables del Servicio Canario de la Salud tratan de centrar sus objetivos en mejorar las infraestructuras sanitarias de las Islas, a través de la ejecución de numerosas obras en centros de salud y hospitales, y en reducir las listas de espera, para lo que duplicarán el presupuesto dedicado a ello. También trabajan en la incorporación del sistema sanitario a la tecnología del siglo XXI, para lo que han comenzado a distribuir la nueva tarjeta sanitaria entre los ciudadanos, a la vez que siguen implantando la historia clínica informatizada. Proceso este último que no ha estado exento de obstáculos en Tenerife, pues las dificultades y quebraderos de cabeza que este proceso está causando a los profesionales han sido reconocidas por la gerente del Área de Salud, que incluso asegura que ha estado a punto de tirar la toalla y volver a la historia en papel.
Esfuerzos que, por el momento, o no han obtenido los resultados deseados o éstos no se han reflejado como cabría esperar en un beneficio evidente para la sociedad, pues si bien gran parte de los ciudadanos de las Islas considera que no se está haciendo nada por reducir las listas de espera y que el sistema necesita cambios fundamentales (Barómetro Sanitario 2006), el Diputado del Común acusó a la Consejería de Sanidad en su Informe al Parlamento de Canarias 2006 de “no tener interés real” en solucionar los problemas.
