La Sanidad pública canaria y sus responsables tuvieron que enfrentarse en 2008, año en el que se recortaron los tiempos de espera, a una de las mayores crisis que se recuerdan después de que viera la luz un informe en el que se constataba una mortalidad “exageradamente elevada” en el servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC) durante los años 2005 y 2006, que había sido denunciada sin muchas alharacas varios años antes.
El caso HUC hizo que a los problemas de siempre de la Sanidad canaria, a finales de marzo se le sumaran los resultados de esta auditoría externa, encargada por el propio hospital a profesionales de reconocido prestigio tras la denuncia de uno de los cirujanos del servicio, que cifraba en varias decenas el número de muertes que podían haberse evitado. Entre una maraña de denuncias, celos profesionales y conflictos laborales dentro de la citada unidad hospitalaria (que se saldaron con el despido del cirujano que advirtió de los problemas), los responsables del hospital y de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se limitaron a subrayar que aquello era cosa del pasado. Cierto es que éste fue un problema heredado de la anterior legislatura, pero también hay que reconocer el hecho de que, ante una situación así, es imprescindible depurar responsabilidades.
Después de más de un año con el informe metido en un cajón y sin realizar cambios visibles en la dirección del servicio afectado, sólo cuando se hizo público el contenido de este documento, la gerencia del centro hospitalario tinerfeño se afanó en reunirse con jefes de servicio y representantes del comité de empresa para explicar las medidas que se habían puesto en marcha. Acciones que, según dijeron, habían dado logrado los resultados esperados. Mientras, desde la Consejería de Sanidad se subrayaba que todo aquello formaba parte de una maniobra política y que respondía a los deseos de vendetta de un médico que, por faltar a sus responsabilidades como tal, había sido expedientado y despedido.
Sin embargo, la realidad es que nadie hasta el momento ha dado explicaciones a los afectados: los pacientes que quedaron con secuelas, los familiares de los que fallecieron después de ser intervenidos a corazón abierto y, por supuesto, el resto de la sociedad canaria, que tiene derecho a saber cómo funcionan los hospitales públicos de las Islas. Lejos de eso, la Administración centró sus esfuerzos en tratar de parar la ola con el objetivo de evitar que la imagen del hospital se viera afectada, dejando a un lado lo realmente importante: los pacientes y sus familias. Este colectivo, tras agruparse en asociación, ha reclamado a la Consejería de Sanidad indemnizaciones millonarias que, de resolverse a su favor, deberán pagar todos los canarios.
Profesionalizar la gestión
Precisamente problemas como éste, y sobre todo su posible solución, señalan hacia uno de los objetivos que desde hace varias legislaturas se vienen planteando los responsables de la Sanidad pública en las Islas: la profesionalización de la gestión. Compromiso al que todos se suman pero que nunca llegan a materializar, a pesar de que, según todos los expertos, permitiría incrementar la calidad del servicio que recibe el ciudadano y alejaría las sospechas de arbitrariedad en muchas de las decisiones que se toman.
De hecho, los gerentes de los cuatro grandes hospitales públicos del Archipiélago y otros cargos intermedios de la Administración son nombrados o relegados de sus cargos en función del ciclo político, independientemente de su currículum o del balance que se pueda hacer de su gestión. Y ésta es una circunstancia que contradice el contenido del Pacto Social por la Sanidad, que firmaron los socios de Gobierno hace años y en el que se evidenciaba la necesidad de profesionalizar la gestión.
Pero al cierre de 2008 ésta no es la única asignatura pendiente de la Sanidad canaria, ya que además sus responsables han de articular las medidas necesarias para paliar el déficit de profesionales que hay en todo el país y que afecta de manera particular a Canarias, mejorar las redes de atención urgente y potenciar la prevención y con ella los hábitos de vida saludables en una población donde la incidencia de la diabetes, la obesidad o los problemas cardiovasculares adquieren un especial protagonismo.
Sobre la falta de médicos especialistas, que Mercedes Roldós ha llegado a cifrar en poco más de 300, los sindicatos lo tienen claro: hay que articular las acciones necesarias para hacer especialmente atractivo trabajar en las Islas. De esta forma, a la vez que se evita que los médicos que se forman en los hospitales del Archipiélago se vayan cuando concluya su periodo formativo, se fomentaría el que otros facultativos vengan a Canarias. Entre las medidas que apuntan subrayan la estabilización de los puestos de trabajo o la equiparación salarial con el resto de Comunidades Autónomas.
Pero no todo son cuestiones contractuales, pues muchos médicos dicen sentirse “ninguneados por la Administración”, quieren participar y que se escuchen sus opiniones. Serían consejos como el que dieron los especialistas de Medicina Nuclear cuando advirtieron en 2006 a los responsables políticos que comprar dos equipos de última generación para el diagnóstico de tumores cancerígenos no serviría de nada si en las Islas no se instalaba un aparato, llamado ciclotrón, que produce la sustancia radioactiva que les permite funcionar. Pese a ello, el Gobierno de Canarias ordenó la compra de dos de estas cámaras PET (siglas en inglés de Tomografía por Emisión de Positrones) por cuatro millones de euros, que aún hoy están infrautilizadas por la dificultades para obtener este radiofármaco que tiene una vida útil de horas.
Los ciudadanos perciben también cierto grado de ineficacia en los servicios de urgencias hospitalarios. Estas unidades se desbordan cada vez más a menudo, obligando a los enfermos a pasar varios días en los pasillos de urgencias, cuando la recomendación es que no permanezcan allí más de 24 horas; y mientras, los profesionales trabajan a un ritmo muy superior del recomendable. El colapso en los servicios de urgencias ha dejado de ser noticia por lo habitual que resulta y los profesionales apuntan como una de las causas a la mala utilización que se hace de ellos por parte de los usuarios, aunque no la única, ya que también parece evidente la necesidad de reestructurar los servicios de urgencias extrahospitalarios con el fin de descargar de trabajo a los primeros.
Luces y sombras
Coincidiendo con este planteamiento, en el acuerdo del 15 de febrero de 2008, que firmaron todos los sindicatos y que fue calificado de histórico, se pactó la creación de una mesa de trabajo para reordenar las urgencias. Sin embargo, a finales de año, desde la Consejería de Sanidad se ha anunciado la decisión de volver a dejar aparcado este proyecto a la espera de un plan nacional y por la falta de recursos económicos acuciada por la actual crisis económica.
De esta forma, la reordenación de las urgencias quedará en 2008 una vez más en el tintero, igual que el tercer Plan de Salud de Canarias, que se está elaborando desde el principio de la legislatura y que tiene el triste precedente del fracaso de su predecesor, que vio cómo se caducaba su vigencia sin haber sido aprobado por el Parlamento. No obstante, el Plan de Salud Bucodental sí salió adelante en 2008. Una iniciativa tildada de básica por los especialistas, pues tras ser rubricado por los colegios profesionales de ambas provincias facilitará que todos los niños de Canarias, independientemente de la situación económica de sus familias, puedan ir al dentista gratis.
Asimismo, durante 2008 la Consejería de Sanidad parece haber comenzado a lograr uno de sus principales objetivos, la reducción de las listas de espera. Roldós ha cifrado este descenso en un 11%, cifra que el PSOE niega. Pero lejos de las habituales guerras de cifras entre políticos, lo que parece claro es que la sensación de ciudadanos y profesionales es que algo está cambiando. Aunque todavía queda mucho camino que recorrer, pues hay especialidades para las que se da cita a un año vista, en otras, las quirúrgicas, se ha logrado reducir los tiempos de espera gracias a la apertura de los quirófanos por las tardes y al desvío de los pacientes a las clínicas concertadas… aunque esta medida que ha sido duramente criticada por un sector de los profesionales y por la oposición, quienes entienden que el actual Gobierno de Canarias está primando a la sanidad privada a costa de la pública.
