Hablar del año 2008 en el sistema educativo no universitario de Canarias implica, ineludiblemente, hacer referencia al conflicto que ha mantenido durante meses el profesorado en demanda de su homologación salarial con el resto de funcionarios de la Comunidad Autónoma. El conflicto, que arrancó en marzo de 2007, fue el centro de todas las miradas durante casi todo el año y se convirtió en protagonista de cada uno de los asuntos de relevancia del sistema escolar.
El año 2008 prometía ser tranquilo. Un preacuerdo firmado a finales del año anterior entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y seis de las organizaciones sindicales que convocaron la movilización hacía pensar que la consejera, Milagros Luis Brito, había logrado un hito al acabar con la huelga. Finalmente, tal y como establecía el propio documento, se hizo necesaria la validación del profesorado de los términos del preacuerdo firmado por sus sindicatos. Y entonces saltó la sorpresa: los docentes rechazaron en referéndum el acuerdo, que recogía una mejora salarial vinculada al logro de objetivos y basada en sexenios docentes.
Cerca de un 80 por ciento del profesorado dijo “no” a esta propuesta, que se saldó con la división sindical y con los cuatro sindicatos que no firmaron el acuerdo con Luis Brito constituidos en comité de huelga. Varias convocatorias de paro se sucedieron durante el final del curso 2007/08, con seguimiento dispar y con las consiguientes y habituales manifestaciones, que paralizaron el tráfico de las capitales de las Islas en más de una ocasión. Las cuatro organizaciones sindicales que rechazaron el acuerdo con la Consejería (EA–Canarias, STEC, UCPL y UGT) buscaron todas las fórmulas posibles para defender sus exigencias, frente a una consejera que rechazó una y otra vez la homologación del profesorado.
Tal fue el enfado y desesperación que provocó la actitud de Milagros Luis entre los docentes, que incluso uno de estos profesionales optó por una huelga de hambre que secundó durante varios días “en contra del desprestigio al que se está sometiendo al colectivo”, según argumentó. Al final, el año académico concluyó en medio de un conflicto cada vez más enquistado y con una promesa del propio presidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, que anunció en el seno del Parlamento de Canarias la puesta en marcha de una serie de actuaciones en aras de mejorar la calidad del sistema educativo.
Acogida temprana y refuerzo
Varias fueron las propuestas del Gobierno regional en ese sentido, pero dos de ellas se tornaron en eje de las críticas del profesorado, que pese a definirlas como positivas, rechazó la fórmula elegida para implantarlas. Tanto la acogida temprana en aulas como el refuerzo educativo de tarde requerían el compromiso del profesorado para llevarse a cabo, una situación que fue entendida por los sindicatos como una estrategia de la Consejería de Educación para dividir al colectivo, máxime teniendo en cuenta que se pagarían las horas extras al personal que, voluntariamente, optara por realizarlas.
Al final, pocos fueron los docentes que se prestaron a realizar esta medida, que bien entrado el curso 2008/09 seguían sin estar implantadas, pese a los esfuerzos de una Administración educativa totalmente entregada al mandato presidencial. Y en uno de los casos, el obstáculo a salvar no era sólo la oposición del profesorado, puesto que el personal laboral que presta sus servicios en los comedores escolares de la Consejería de Educación también presionó en contra de la medida de acogida temprana, esgrimiendo que eran ellos los que debían realizarla y no los docentes.
Precisamente, el servicio de comedor escolar fue otro de los grandes protagonistas del año, aunque en esta ocasión no se puede culpar a la Consejería de Educación del caos que se organizó. El proceso de promoción interna del personal laboral del Gobierno de Canarias obligó a numerosos centros escolares a comenzar las clases sin todos los vigilantes de comedor y auxiliares de cocina nombrados, lo que evidentemente provocó el malestar y enfado entre padres y madres, que en algunos casos llegaron a hacerse cargo del servicio como protesta simbólica.
En ese entonces, lo que las familias no intuían era que aún les tocaría volver a enfrentarse a la Administración educativa, en este caso a raíz del uso gratuito de los libros de texto. El sistema de entrega a través de tarjetas nominales conllevó el retraso de la llegada de los libros a los alumnos y provocó que todos los estudiantes de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria recibieran sus clases con fotocopias hasta bien entrado el curso académico.
Al final, las buenas medidas implantadas en el sistema educativo no universitario de Canarias, en pro de la mejora de la calidad de la educación, no se saldaron con el éxito que Milagros Luis Brito esperaba. Eso sí, al menos pudo concluir 2008 con el final, de momento, de la huelga por la homologación. ¿La razón del fin de las movilizaciones? Pues que, durante el último trimestre del año, el comité de huelga analizó el seguimiento del profesorado de las medidas de presión planteadas e incluyó en su sondeo la valoración que hacían los docentes ante una inminente convocatoria de huelga. El resultado de esta encuesta –unido a la información que apunta a que la Administración habría descontado a los profesores alrededor de ocho millones de euros por el seguimiento de los paros– provocó la disolución del propio comité de huelga y una división más entre los sindicatos.
Además, la homologación docente llegó incluso a los tribunales. En primer lugar, de la mano de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que reclama ante la Justicia la deuda en la que se argumenta la huelga por la homologación y cuya primera vista se desarrollará en enero de 2010; y después, por una querella interpuesta por el entonces comité de huelga a la propia consejera –al entender que vulneraba el derecho a la huelga– y que finalmente fue desestimada.
Las novedades de la loe
Al margen de los conflictos, el sistema educativo esperaba el pasado año por las novedades que implantaría la Ley Orgánica de Educación (LOE), que pese a arrancar durante 2007, reservó para el año 2008 los elementos de mayor relevancia. Y ahí destacaban, por un lado, la puesta en marcha de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), destinados a aquellos estudiantes que por circunstancias personales no estaban capacitados o motivados para culminar la educación obligatoria; y por otro, la introducción en el currículum de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía. Ambas novedades se convirtieron en centro de las miradas.
Mientras los PCPI despertaron las críticas de los sindicatos, al llevar aparejado la supresión del programa de tutorías de jóvenes, la nueva materia no generó apenas crispación entre la comunidad educativa, aunque cerca de 120 familias decidieron presentar la objeción de conciencia de sus hijos. En ese sentido, los servicios jurídicos de la Consejería de Educación fueron tajantes: no cabe la objeción a la materia, que por su carácter obligatorio debían recibir todos los estudiantes.
Entre lo más positivo del año, cabe destacar la constitución de una Mesa por la Calidad, que nace con vocación de permanencia y reúne a representantes de todos los sectores de la comunidad escolar. Entre los logros de esta Mesa se encuentra la puesta en marcha de un plan de sustituciones para agilizar la incorporación temporal de un docente en la plaza de otro que cause baja. Entre las medidas más aplaudidas se incluyen también un plan de formación para las familias o el impulso para el aprendizaje de idiomas, aunque finalizado 2008 sigue siendo pronto para valorar su impacto en el sistema educativo de Canarias.
