El Gobierno de Canarias, apoyado por CC y PP, ha optado, como muchos esperaban, por dar marcha atrás, y de qué manera, en su visión sobre la ordenación del territorio y del turismo. Y lo ha hecho casi sin dejar adeptos a su alrededor en relación con el proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, que así se llama el retoño.
El Ejecutivo autónomo pudo elegir dos caminos, incluso uno intermedio, en su teórica apuesta por la sostenibilidad en las islas: la opción de desarrollar de una vez, sin más retrasos y de forma certera (con voluntad política clara), la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias (Ley 19/2003, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias, en abril de 2003) o la finalmente elegida de dar un paso atrás, de recoger velas y de apostar por la desregulación en los procesos de ordenación del territorio y de la principal actividad económica del Archipiélago: el turismo.
En abril de 2003, tras casi cuatro años de reflexión y de participación pública, CC, PSOE y PP estuvieron de acuerdo en atornillar y así lo reflejaron con la aprobación de la Ley de Directrices en el Parlamento. Ahora, cinco años después, CC y PP, los partidos que respaldan al Gobierno, se han vuelto a unir pero para hacer justo lo contrario: desatornillar. O sea, desmontar o desarmar, aligerar o desregular y, en parte, ceder control público sobre decisiones de ordenación espacial o territorial. Sin más.
A las formaciones políticas CC y PP se les notaba que no andaban muy a gusto con el soporte jurídico de la Ley de Directrices, pese a que apostaron por ella en abril de 2003 (con Román Rodríguez de presidente, su principal valedor político), y ahora han decidido (con algo de retraso y con un freno previo, duradero y sospechoso al desarrollo de la Ley 19/2003) desandar el poco camino recorrido por la que pronto pasará a ser vieja Ley de Directrices.
Para regresar al punto de desregulación que propone el citado proyecto de ley, el Gobierno presidido por Paulino Rivero ha elegido la vía rápida (Ley de Medidas Urgentes) y ha negado la participación pública y ciudadana en relación con la nueva propuesta legal, que acabará, si alguien antes no lo remedia (CC y PP tienen mayoría suficiente en el Parlamento para sacarla adelante), con aspectos clave de la Ley de Directrices.
Nuevo punto de partida
Si bien el proceso de participación fue bien trabajado para lograr la consolidación de la Ley de Directrices, lo mismo no se puede decir de lo ocurrido con el proyecto de Ley de Medidas Urgentes, con lo que se ha pasado de abrir puertas al consenso a cerrarlas de par en par. Éste, sin duda, es uno de los grandes fracasos del proceso normativo que Paulino Rivero incluso ha sido capaz de catalogar, no sin el uso de la demagogia, como la herramienta creada por el Gobierno para que “los canarios puedan comer”, reza un titular de prensa. Tal aforismo deja entrever una apuesta por el cemento, en vez de por el talento. El presidente siempre ha utilizado la expresión inversa (“menos cemento y más talento”), un mensaje que ahora, él mismo y sin recato, contradice.
La respuesta pública e institucional vinculada a la iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno de Canarias para modificar, entre otras, la Ley de Directrices no ha podido ser peor para los intereses del Ejecutivo: éste ha logrado un amplio consenso, quizá antes nunca visto en las islas, en contra de aspectos clave del proyecto de Ley de Medidas Urgentes (aprobado el 7 de octubre pasado por el Consejo de Gobierno y ya remitido al Parlamento de Canarias) y además ha desencadenado el cese del arquitecto y urbanista Faustino García Márquez como director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra el Cambio Climático, organismo dependiente de Presidencia del Gobierno, del propio Paulino Rivero, y creado para dar solidez a una teórica apuesta por el desarrollo sostenible en Canarias.
El proyecto de Ley de Medidas Urgentes ha conseguido integrar en la misma masa crítica a cabildos, organizaciones empresariales, movimientos ecologistas, colegios profesionales, técnicos, especialistas universitarios y oposición política, en especial el PSOE. ¡Casi nada! Parece que el consenso en este asunto sólo existe entre las fuerzas que gobiernan, entre CC y PP, y quizá esto sea así, aparte de por la escasa participación pública, por el hecho de que lo propuesto por el Gobierno, tal y como se analizará más adelante, resulta insostenible para Canarias; o sea, no responde, ni por asomo, a la proclamada voluntad del Ejecutivo autónomo y de su presidente de apostar con rotundidad por el desarrollo sostenible verdadero. Más parece todo lo contrario.
Cambios de gran calado
Quizá una de las cosas que peor se han asimilado y entendido del proyecto de Ley de Medidas Urgentes es la desprotección del suelo rústico y lo permisible que se es en relación con los nuevos consumos insostenibles de territorio. Además se produce, tal y como subraya el especialista Faustino García Márquez, el levantamiento, de facto, de la moratoria turística, pues no se fija límite cuantitativo alguno al crecimiento de plazas de alojamiento turístico en Canarias (sí existe en la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, para las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura).
Para García Márquez, también hay otros peligros: los relativos a la filosofía del que pretende ser nuevo texto legal, que distorsionan el principio de unidad normativa, algo que ha imperado de forma histórica. Esto ocurre porque el texto aprobado por el Consejo de Gobierno el 7 de octubre pasado y ya remitido al Parlamento de Canarias incluye nuevos supuestos que no se apoyan en la existencia de un planeamiento previo que legitime tales actuaciones.
Si se quiere ahondar en algunos detalles, el texto avalado por el Gobierno de Paulino Rivero permite la construcción de hoteles de cinco estrellas, sin límite de plazas, si funcionan como hoteles escuela durante seis años, lo que significa, de hecho, acabar con la moratoria turística, que representaba una limitación cuantitativa al crecimiento de la oferta de alojamiento y que ahora se quiere hacer desaparecer. También hay que destacar, en el mismo ámbito, la facilidad que se da en el citado proyecto de ley a la creación de nuevas plazas de alojamiento como compensación a la rehabilitación.
Igual de duros con el Gobierno han sido los arquitectos canarios. El órgano colegial que agrupa a estos profesionales (COAC) entiende que el Ejecutivo autónomo, “con el pretexto de fomentar el desarrollo sostenible”, ha construido un proyecto de ley que es “esencialmente económico, a través del que se pretenden facilitar actuaciones directas sobre el territorio que conducen a un mayor consumo de suelo, sobre todo en el ámbito rústico, con una trascendencia territorial profunda y renunciando a la planificación y a un modelo integrado de desarrollo”. Y prosiguen: el proyecto de Ley de Medidas Urgentes es un texto “con escaso rigor legal que cuenta con numerosas imprecisiones y que somete la aplicación de la mayoría de sus determinaciones básicas a un futuro desarrollo reglamentario, con lo que esas acciones estarán sujetas a nuevos y largos procesos de desarrollo, incluso a procesos de planeamiento inapropiados. Ello contradice la pretendida dinamización económica” en la que se ampara el Gobierno de Canarias.
Pero esto no es todo, ya que también señalan que el proyecto de ley “contiene, de forma implícita, una renuncia a la planificación como herramienta para la ordenación del territorio e incorpora una serie de medidas cuya aplicación va a suponer la apertura de la colonización, sin garantías, del suelo rústico”. Además, sostienen, la propuesta del Gobierno “está llena de figuras especiales que son utilizadas para actuar al margen del planeamiento, para urbanizar y para construir a golpe de actuaciones singulares en el suelo rústico”. Por ejemplo, “se posibilitan procesos de urbanización de carácter industrial en esa clase de suelo que colisionan con la finalidad de preservarlo del proceso urbanizador, tal y como recomienda la Ley de Ordenación del Territorio”.En relación con la rehabilitación del espacio turístico, el COAC apuesta por que “ésta tenga un enfoque integral y a la vez diferencial por ámbitos”. Esto “no puede conseguirse sin que haya un bloque de medidas en materia turística y económica que garantice la viabilidad de la adaptación de las empresas a las necesidades de calidad en la oferta turística”. Para lograr el efectivo impulso de la rehabilitación turística, “deben activarse medidas eficaces y hay que alejarse de la autorización de nuevos crecimientos innecesarios que no garantizan los fines perseguidos”. Por ello, “es preocupante la función asumida por este proyecto de ley de dar cobertura legal indiscriminada a diversos tipos de actuaciones, entre ellas las explotaciones ganaderas irregulares o los establecimientos de alojamiento turístico en explotación y no reglados”, sostiene la comunicación del COAC.
Y así se podría seguir, con la existencia de pequeños matices y de orientaciones específicas, como es lógico, con opiniones críticas de las patronales turísticas, de los ecologistas, de los cabildos, de la oposición, de profesores de las universidades… Y también así se puede llegar a la conclusión de que este proyecto de ley sólo gusta al Gobierno, a CC y al PP, lo que implica que la sociedad canaria, de manera clara, ha concedido al Ejecutivo autónomo otro suspenso en desarrollo sostenible, el segundo consecutivo. Queda el trámite parlamentario para cambiar las cosas, también es verdad, pero mucho tendrían que cambiar para convertir lo malo en fórmula de consenso. Con este nuevo suspenso, con este proyecto de ley, Canarias se vuelve a alejar del desarrollo sostenible: da un paso atrás, más allá de la Ley de Directrices. Es lo que suelen hacer los cangrejos.
