2008 ha sido un año marcado por la crisis económica mundial. Una coyuntura que afecta de forma clara y rotunda a Estados Unidos y la Unión Europea y que por tanto perjudica significativamente a Canarias, ya que dependemos de las economías sobrantes que los europeos dedican al ocio. La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, como departamento encargado de impulsar las políticas sociales del Gobierno de Canarias, afronta este momento económico desde la tremenda preocupación por fomentar políticas de atención a las familias que están o pueden verse afectadas por esta coyuntura. Todos sabemos que estamos en una época en la que debemos apretarnos el cinturón, pero existen familias que ni siquiera tienen la posibilidad de apretarlo más.
Para un responsable político, como para cualquier persona, es muy duro comprobar que convive en una sociedad donde hay personas que no pueden acceder a los mismos bienes que la mayoría. Estoy segura de que, aunque en distintos escenarios, todas y todos buscamos nuevas fórmulas que mejoren el sistema de igualdad de oportunidades, así como abrir el abanico de posibilidades en materia de protección social de las personas con mayor fragilidad. Desde mi departamento hemos centrado nuestros esfuerzos en apoyar a estas familias, y lo estamos haciendo principalmente mediante dos herramientas de una tremenda potencia que nos han permitido adelantarnos a la desaceleración económica: la ley de prestación canaria de inserción y las políticas de vivienda.
A través de la Ley de Prestación estamos apoyando a más de 2.000 familias en riesgo de exclusión en el 2008. Para el presente año hemos incrementado el presupuesto para las ayudas económicas de la prestación en un 67 % y así poder apoyar a más familias, aquellas que al perder su puesto de trabajo y sin poder ocupar otro, pierdan también el subsidio por desempleo. La bondad de esta ley es que abre otra oportunidad, ya que la ayuda económica va aparejada a un itinerario de inserción, por lo que las personas pueden aprovechar esta crisis para formarse, mejorar sus habilidades sociales e incluso ingresar en programas para abandonar las toxicomanías. Estoy muy orgullosa de esta ley, porque está a la vanguardia del Estado y es una ventana abierta al futuro.
La otra gran herramienta que manejamos son las políticas de vivienda. Y aquí nos encontramos de forma destacada a la cabeza del Estado Español. El 70 por ciento del presupuesto del Plan Canario de Vivienda es presupuesto canario. Este Plan ha supuesto, entre otros resultados, poder llegar a 90.000 familias en sus diferentes modalidades de compra, alquiler, rehabilitación, autoconstrucción o acceso al suelo. Como consecuencia de estas medidas el precio de la vivienda en el Archipiélago, con los problemas de suelo que tenemos, está por debajo de la media del Estado. Somos la única comunidad que construye directamente viviendas en régimen de alquiler para las familias con pocos ingresos, por lo que los hogares canarios son los que menos dinero deben dedicar a la vivienda de todo el Estado. Ese Plan de Vivienda nos ha permitido iniciar una línea pionera en el Estado, que otorga ayudas para el pago del agua, la luz o incluso el alquiler a aquellas familias amenazadas por desahucio debido a la crisis. En menos de seis meses hemos podido apoyar a 9.000 familias que podrán seguir manteniendo sus casas gracias al apoyo del Gobierno de Canarias.
Es difícil condensar en apenas unas líneas las competencias de esta Consejería, pero no puedo dejar de valorar, desgraciadamente, otro año más y ya se cumple una década, lo que ha supuesto para Canarias la inmigración clandestina procedente del continente africano; y muy especialmente, en lo que se refiere a los niños. Nuestra tierra se ha convertido en la voz de los niños inmigrantes en el mundo. Hemos demostrado con creces nuestra solidaridad, nuestra acogida y hemos potenciado su integración, pero Canarias ya no puede más y nuestro territorio no permite su integración plena. Queremos, a los que ya están aquí, buscarles un futuro en territorio peninsular y para ello estamos trabajando, para que el Estado asuma su responsabilidad y las comunidades autónomas nos apoyen con su solidaridad.
En 2008 nos hemos volcado en sensibilizar a la comunidad internacional, porque Canarias no quiere acostumbrarse a este drama. Ya son 6.000 niños los que han atravesado el Atlántico en condiciones infrahumanas y queremos que no salga ni uno más. Nuestros esfuerzos se centran ahora en que la nueva modificación de la Ley de Extranjería incluya un estatuto jurídico del niño inmigrante y en reivindicar los esfuerzos diplomáticos y de cooperación necesarios por parte de España y la Unión Europea, para que los países emisores protejan a su infancia y no consientan que el futuro de África abandone su país o muera en el mar.
No puedo finalizar este análisis sin sumarme al llanto de las familias que han perdido a su madre, hija o hermana víctimas de la violencia machista. Diciembre ha sido un mes negro con seis muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. 2008 acaba con ocho víctimas mortales, pero son muchas más las que sufren la tortura en silencio. Y para ellas va mi llamamiento: hay otra vida y nosotros te ayudaremos a empezar de nuevo. Y a la sociedad canaria hay que decirle que la violencia no es asunto de unos pocos, es un asunto de todos y todas. Y nuestro deber como ciudadanos de bien es denunciarla. No podemos dejar todo el peso de la denuncia en manos de las propias víctimas. Juntos podemos, si somos capaces de creer en un mundo en que todas y todos debemos tener los mismos derechos.
