Los esfuerzos que hemos hecho han valido la pena, han generado resultados y hoy empezamos a cosechar frutos. El turismo, nuestro gran aliado de siempre, vuelve a ser el instrumento económico que permite a Canarias iniciar la remontada antes que la mayoría de las comunidades autónomas.
En una hipotética encuesta en la que se entrevistase a los canarios sobre la mejor palabra para definir los últimos años desde el punto de vista económico, estoy convencido de que la ganadora sería crisis, por mayoría abrumadora. Sin embargo, los que creemos en la capacidad de aprendizaje y de reacción de las personas y de las sociedades preferimos elegir cambio. La VII Legislatura ha sido la del cambio. Probablemente demasiado brusco y bastante forzado, pero un cambio imprescindible en la mentalidad individual y colectiva. La dureza de las condiciones económicas que nos ha tocado vivir desde 2007 hasta ahora nos obliga a todos a asumir que pocas cosas volverán a ser como fueron antes. El futuro será tal y como seamos capaces de producirlo nosotros mismos, con nuestro trabajo, nuestra imaginación y nuestro esfuerzo.
Más allá de cambiar las normas de control de las entidades financieras, la forma de consumir desmesurada de los ciudadanos, el volumen de recursos empleados en la gestión de las administraciones o los modos de solicitar subvenciones y ayudas públicas, espero que las estrecheces que todos estamos pasando en los últimos tiempos estén sirviendo de verdad para que ese cambio de mentalidad sea profundo y se asiente en el interior de cada persona, al margen de su ocupación. De no ser así, es posible que en 10, 20 ó 30 años nos veamos atrapados de nuevo en una burbuja de bienestar ficticio, sin verdadera conciencia de lo que cuesta mantenerlo.
El análisis de las cuentas públicas sirve para entender qué ha sucedido en esta Legislatura, tanto en el ámbito público como en el privado. La cuantía del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011 es casi la misma que la que se gestionó en 2007, programada justo antes del inicio de la crisis. Las principales diferencias en cuanto a gastos son que, en 2011, las necesidades de los ciudadanos, especialmente en las áreas vinculadas a políticas sociales, han aumentado respecto a 2007 precisamente por la caída de la economía y su principal consecuencia: el notable aumento del desempleo. En cuanto a ingresos, el elemento distintivo entre 2007 y 2011 es que hoy es imprescindible acudir al tope de nuevo endeudamiento permitido por las normas de estabilidad presupuestaria para poder financiar los servicios públicos en Canarias, mientras que en 2007 fue suficiente con los recursos públicos generados por ingresos vía impuestos y recursos provenientes de la Unión Europea y el Estado, sin depender de los bancos para nutrir las cuentas públicas.
Este recorte de fondos estatales y europeos, añadido a la presión externa sobre las cuentas de la comunidad autónoma, con elevadas exigencias y restricciones para el endeudamiento y el déficit público, han obligado a la Consejería de Economía y Hacienda a adoptar medidas duras, difíciles e imponer determinados sacrificios a los empleados públicos y a todos los ciudadanos y empresas. Los esfuerzos que hemos hecho han valido la pena, han generado resultados y hoy empezamos a cosechar algunos de esos frutos. El turismo, nuestro gran aliado de siempre, vuelve a ser el instrumento económico que permite a este archipiélago iniciar la remontada antes que la mayoría de las demás comunidades autónomas. Sin duda, la noticia del incremento de llegada de turistas debe ser el revulsivo que nos haga recobrar el ánimo, pero no debemos olvidar que la recuperación será lenta y que su reflejo en el descenso del desempleo será paulatino y aún con picos negativos por cuestiones estacionales.
La situación de las haciendas públicas también será difícil en 2012. Las organizaciones administrativas de los ayuntamientos, cabildos y del propio Gobierno deben asumir que han pasado por una crisis, entendida como cambio. Un cambio que aún no ha sido asimilado del todo por las personas y por la propia estructura, y que ha tenido escaso reflejo en las formas de hacer dentro de las administraciones. La afección de la crisis a las cuentas públicas es una oportunidad para dar un vuelco al modo de entender y prestar los servicios públicos. Mayor eficiencia, objetivos mejor planteados, más cercanía con el ciudadano, mejor atención y mayor aumento de la implicación de los trabajadores públicos. Una Administración Pública más ágil y flexible que resuelva y evite generar trabas innecesarias que desanimen a quienes tienen iniciativa y capacidad de riesgo.
Pero la concepción de la Administración Pública también debe cambiar desde el punto de vista del receptor de los servicios… Nada es gratis. Todo lo que hace un gobierno, un ayuntamiento o un cabildo cuesta dinero. El dinero de los ciudadanos, y como tales debemos ser responsables con el uso de lo público, porque pertenece a todos. Un mal uso de un servicio por parte de alguien puede poner en riesgo el acceso al mismo de quien realmente necesita esa ayuda o atención pública. El cambio debe ser global, de una y otra parte. Si queremos mantener nuestro apreciado estado de bienestar, todos debemos tomar conciencia de ello y, más allá de la propia conciencia, llevar a la práctica un comportamiento social responsable, solidario, coherente y honesto con uno mismo y con los demás.
Afrontemos con optimismo realista el futuro inmediato, sin olvidar lo aprendido estos años y abiertos a explorar nuevos caminos para construir una estructura económica y administrativa más sana, flexible, eficiente y capaz de responder con agilidad a las prioridades de cada momento. A mi entender, la única forma de lograr esa concienciación colectiva, profunda y duradera de toda la sociedad pasa por ejercer la actividad pública desde la más absoluta de las honestidades. Nuestra sociedad ya está madura para participar de forma activa en todo este cambio y para hacerlo sólo necesita que nosotros, los gestores públicos, les planteemos con claridad meridiana cuál es la situación real, cuáles los problemas, con qué recursos contamos para solucionarlos y qué soluciones les planteamos.
A partir de ahí, el diálogo y el consenso con y entre los propios ciudadanos habrán de convertirse en los pilares del desarrollo sólido y sostenible de Canarias.
