Educación pública, base del desarrollo

Al igual que en todas las casas cada familia ha priorizado sus gastos, el Gobierno de Canarias también lo ha hecho y ha destinado uno de cada cuatro euros al servicio público educativo. Porque la Educación es para el Gobierno de Canarias una prioridad política de primera magnitud.

El año 2010 no ha sido fácil. Nos ha tocado gestionar los destinos de Canarias en momentos de especial dificultad económica. A pesar de esto, el Gobierno de Canarias ha tenido claro los objetivos y su priorización para alcanzar las metas planteadas para La Europa del 2020. En el momento de crisis internacional que atravesamos, la Unión Europea estableció unas duras medidas de ajuste, de obligado cumplimiento para todos los países miembros y que el Estado español ha tenido que asumir. Medidas con repercusión en los Presupuestos del Ministerio de Educación y, también, en el Presupuesto de Canarias. Pero, aún así, el año 2010 ha empezado a arrojar datos para la esperanza. Aunque no tan rápido como me gustaría, los datos facilitados por el Ministerio de Educación evidencian la evolución positiva experimentada por nuestra Comunidad Autónoma en Educación; unos avances que han sido posibles gracias al esfuerzo y trabajo de todas y todos.

La realidad económica ha terminado por doblegarnos y empujarnos a un cambio de modelo de vida. Sin más alternativas. Y como en cada casa, cada familia ha priorizado sus gastos, el Gobierno de Canarias también. Por esa razón ha destinado uno de cada cuatro euros al servicio público educativo. Porque la Educación es para el Gobierno de Canarias una prioridad política de primera magnitud. Tiene la consideración de eje estratégico para afrontar el futuro de nuestra tierra, desde la calidad y competitividad, en el marco del conjunto del Estado y de Europa. Desde el comienzo de la legislatura el Gobierno se planteó una serie de objetivos que conllevaran elevar los niveles de éxito escolar, la reducción del abandono, y la reforma de la Formación Profesional. La sostenibilidad en condiciones de calidad del servicio público educativo es un aspecto esencial para este Gobierno y las personas usuarias del sistema educativo, nuestro referente en la actuación política.

Vivimos momentos de dificultades económicas para muchas personas, para muchas familias, para la sociedad en general. Momentos para responder a las demandas pero también, para el debate y la toma de decisiones. La sociedad moderna occidental en la historia reciente ha hecho una apuesta por alcanzar el llamado estado de bienestar. El conjunto de la sociedad se ha ido beneficiando de los logros en los diferentes ámbitos de la vida. En estos momentos, las personas con algún tipo de responsabilidad pública debemos garantizar que los servicios esenciales continúen avanzando en la calidad desde la sostenibilidad, desde la compensación social. Es todo un reto que estoy convencida podemos alcanzar. La apuesta por el rigor, por la austeridad, por la definición clara de objetivos son piezas esenciales para conseguir que la ciudadanía vea en los responsables públicos las respuestas a sus necesidades; la oportunidad para avanzar en su formación, formación que les permita un mejor desarrollo personal y profesional.

Este ha sido el último curso escolar de la legislatura y nos permite dibujar el nuevo panorama tras los cambios realizados: las medidas de calidad en avanzado estado de implantación; unas plantillas de los centros con mayores cotas de estabilidad; unos equipos directivos con la autonomía necesaria para adecuar la educación a su realidad concreta; con los contratos-programas para la mejora de los rendimientos escolares; unos servicios complementarios con garantías de continuidad; un plan de formación del profesorado para la constante actualización; y una reforma de la Formación Profesional que permita a nuestros jóvenes estar en mejores condiciones para la inclusión en el mercado laboral.

Nuestra premisa de análisis no nace desde la autocomplacencia, y sí desde el convencimiento que a pesar de la difícil coyuntura económica se pueden gestionar los recursos con rigor para seguir avanzando en la calidad. Planificar desde la austeridad y la claridad de objetivos nos permitirá alcanzar un sistema educativo competitivo y compensador de desigualdades. Nos queda mucho por hacer, pero hemos dado un giro a nuestro sistema educativo. Giro que Canarias precisa para su progreso y avance.

Y en ese giro quiero encuadrar los avances experimentados no por este Gobierno, sino por esta sociedad. Avances en la “Tasa de abandono educativo temprano”, definido como porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado la Educación Secundaria y donde Canarias ha dejado los puestos de cola para situarse en la media del Estado.

Avances como refleja la tasa bruta de población que se gradúa en Educación Secundaria Obligatoria. En el curso 2008/2009 por primera vez Canarias baja la barrera del 30% del fracaso escolar. La conclusión es evidente: nuestra Comunidad Autónoma mejora en un año 4,7 puntos. Pero es más, hemos pasado del 64,7% en el curso escolar 2006-2007 al 74,3% en el curso 2008-2009. Es decir, se puede afirmar que en dos cursos escolares hemos mejorado 10 puntos el éxito escolar. Los datos indican que vamos por el camino correcto. Estoy convencida de que con la aportación de ideas, el debate y el consenso, el progreso sería exponencial. Es preciso abordar el debate educativo desde el rigor, desde la objetividad de los datos estadísticos, desde la amplitud de miras y el consenso. De todos y cada uno de nosotras y nosotros depende que lo logremos.

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