Los recortes presupuestarios como consecuencia de la crisis económica están afectando mucho a los servicios públicos. A la sanidad, a los servicios sociales y, por supuesto, a la Educación. Se ha notado en los Presupuestos de Canarias para 2010 y, más crudamente, para 2011, con una reducción del 7,5% (más de 150 millones de euros) respecto al ejercicio anterior. Queda la incógnita de si habrá continuismo en esta situación.
La decisión sobre el futuro presupuestario de la educación pública se resolverá en función de las prioridades que establezca el Gobierno constituido en las Islas tras la cita electoral del 22 de mayo. Y también influirá la evolución de la situación económica, claro. No somos Finlandia, lo sé, un país con una renta per capita que supera los 44.000 dólares y que dedica algo más del 6% de su PIB a Educación. Canarias, con mucha menor renta, apenas invierte el 4% en esta materia. Con la diferencia, notable, de que los fineses tienen un sistema consolidado y con notable éxito escolar y nosotros nos encontramos a la cola de España y de la UE.
Por lo tanto, el que Finlandia aflojara un poco su impulso a la Educación puede tener consecuencias para su lugar de privilegio en el mundo educativo, pero que lo haga Canarias las tiene de forma exponencial, por el negativo punto de partida del Archipiélago. Los distintos informes que hemos conocido en la legislatura 2007-2011, tanto la evaluación del diagnóstico sobre competencias básicas como el PISA, nos sitúan en el vagón de cola estatal, junto a Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Ratio. En el Informe PISA 2009, Canarias aparece en la parte baja de la tabla junto a Andalucía, Baleares, Ceuta y Melilla. Sacamos 448 de media en comprensión lectora, 452 en ciencias y 435 en matemáticas, por debajo claramente de la media estatal y más lejos aún de los datos OCDE. El PISA 2009 destaca que en comprensión lectora Canarias tiene un 14% más de estudiantes con un nivel bajo de competencias y un 16% menos con nivel alto, siendo sólo un 33% de los alumnos los que alcanzan una competencia lectora igual o superior al promedio de la OCDE. En la anterior edición no participó nuestra Comunidad (este estudio es de carácter voluntario y realizarlo cuesta a la administración canaria alrededor de 30.000 euros) y en ésta se autoexcluyeron Extremadura, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana.
Respecto a la evaluación general del diagnóstico, el informe nos ofrece algunos elementos para la reflexión. Por un lado, el que Canarias aparezca entre las comunidades con ratios (alumnos por profesor) más elevadas. Así como de las que gasta menos por estudiante, 5.874 euros, sólo por encima de Andalucía (5.060), Murcia (5.521) y Comunidad Valenciana (5.738), en una lista que lideran País Vasco (9.835), Asturias (7.742) y Navarra (7.587). Asimismo, en nuestra Comunidad persisten enormes retrasos educativos del conjunto de la sociedad con relación a la media estatal; y un factor que sí parece influir mucho en la adquisición de competencias básicas y en los resultados escolares es el nivel educativo de las familias. Tenemos menos personas con secundaria postobligatoria y con titulaciones universitarias. Sólo un 45,9% de los ciudadanos y ciudadanas entre 25 y 64 años supera la barrera de la enseñanza obligatoria, cinco puntos por debajo de la media española, y lejos de Madrid (61,5%), País Vasco (63,8%) o Navarra (59,1%); y a casi 25 puntos de la media de los países de la OCDE.
El Archipiélago es, asimismo, de los territorios que cuentan con menor porcentaje de titulados en educación superior y doctorado, un dato que sólo es peor en Baleares, Ceuta y Melilla, Castilla La Mancha y Extremadura. Los avances experimentados tras la asunción de las competencias en Educación por la comunidad autónoma han sido insuficientes porque también es cierto que partíamos de una grave situación inicial, con altas cifras de analfabetismo entre la población y niveles de egresados universitarios muy por debajo de los de las otras comunidades. Pero el reconocimiento de ese lastre de partida no puede justificar que permanezcamos siempre entre el pelotón de los peores, como si de una maldición bíblica se tratara. Y, sobre todo, no puede llevar a la resignación. Cierto es que hay condicionantes que no se superan de la noche a la mañana, como el nivel de formación global de la población, que incide en las expectativas de futuro de los estudiantes.
Pero no es menos cierto que la sociedad en su conjunto debe exigir a los responsables políticos que coloquen a la Educación como prioridad en su acción, generando consensos, estableciendo prioridades y complicidades entre todos los sectores educativos; en primer lugar, el profesorado, imprescindible para abordar cualquier cambio y que debe asumir un papel de primer orden, desde el compromiso con su trascendental función social y la mejora en su formación permanente; sin olvidar a las familias, esenciales en la participación en los centros y en poner en valor la Educación para las jóvenes generaciones; y, por supuesto, el alumnado, que debe aprovechar las oportunidades que se les brindan para formarse como ciudadanos y profesionales en los más diversos ámbitos.
Preocupación secundaria. En los distintos estudios sociológicos que se realizan en esta tierra, la Educación aparece en un lugar secundario entre las preocupaciones de los hombres y mujeres de Canarias. Es un mal síntoma. Seguramente, una ciudadanía más implicada presionaría a los dirigentes políticos y obligaría a que la Educación sea eje de los programas y que su concreción práctica se lleve a cabo con recursos y con rigor, dando respuesta a nuestras actuales carencias y estableciendo una hoja de ruta, con decisiones a corto, medio y largo plazo, que nos posibilite salir del actual atolladero y mirar con esperanza el futuro.
En medio de ese páramo, resulta muy interesante la presentación en el Parlamento de una iniciativa popular de mejora de la Educación canaria, avalada por más de 35.000 firmas e impulsada por asociaciones de padres y madres de alumnos y colectivos docentes. Aunque los tiempos parlamentarios impidieron que se discutiera en la séptima legislatura, al tratarse de una iniciativa popular la propuesta no decae y su debate habrá de producirse en el nuevo período de sesiones. Constituirá una oportunidad para que debatiéndola y mejorándola, los grupos parlamentarios establezcan un gran acuerdo sobre la Educación, alejado de la retórica y centrado en abordar las grandes necesidades de un sistema que hace aguas por demasiadas partes de su casco. Creo que es una oportunidad única que no debemos desaprovechar.
Porque retrasar la toma de decisiones en torno a la adopción de medidas para la imprescindible mejora de nuestro sistema educativo, que posibilite a éste dar un salto cualitativo que nos acerque a los países más avanzados, sería una enorme irresponsabilidad que Canarias no puede permitirse. Porque, sin exageraciones, nos jugamos el futuro.
