Tras varios años de lucha, el Gobierno central ganó la batalla por el control aéreo, una confrontación con una parte de sus trabajadores, los controladores aéreos, que duraba demasiado. Para ello fue preciso cerrar el espacio aéreo español durante más de 24 horas, dejar cientos de aviones en tierra, militarizar al personal sublevado, movilizar al ejército, y que la policía entrase en las torres de los aeropuertos y en los centros de control.
El pasado mes de diciembre de 2010, España se quedó cerrada al exterior por aire. Fue la consecuencia de un conflicto laboral en el que ambas partes, el Ejecutivo y los trabajadores, llevaron al extremo sus posiciones. Las escaramuzas eran habituales pero en diciembre de 2009 ganaron en intensidad, después de que AENA anunciase que negociaría un nuevo convenio colectivo. Días más tardes, las Islas sufrían retrasos y la congestión del espacio aéreo. El ministro de Fomento, José Blanco, denunció entonces un intento de huelga encubierta de los controladores en el Archipiélago.
El 11 de enero de 2010, los trabajadores y el ente público se sentaron en Madrid para hablar de la negociación, mientras que Blanco presentaba en el Congreso de los Diputados su modelo de gestión aeroportuaria. Durante su intervención, centró la atención en el coste de las tasas aéreas, que quería rebajar un 15%, y pidió un esfuerzo a los controladores, a quienes culpó de ser los principales responsables. Por si fuera poco, reveló que la red nacional sólo tenía nueve aeropuertos rentables, entre ellos Tenerife Sur y Gran Canaria.
Los líderes de los controladores, reunidos en torno a la poderosa Unión Sindical de Controladores Aéreos, no supieron estar a la altura y cayeron en la estrategia del ministro, que poco a poco les fue ganando la partida de la opinión pública. El camino no fue fácil. José Blanco inició su ofensiva acusando al colectivo de tener sueldos de altura, llegando a cobrar hasta más de 600.000 euros al año, con pocos días de trabajo al mes. Acto seguido, justificó que se les aplicase una reducción del 40% del salario, dejándolo en torno a los 200.000 euros.
A continuación, recuperó las críticas de ser un gremio que dominaba el acceso a la profesión y que limitaba el número de operadores en servicio. Para él, esta situación obligaba a pagar horas extraordinarias a un precio desmedido, por lo que se habilitaría más personal. Incluso, expuso que el Gobierno preparaba a los controladores militares para sustituir a los civiles, por si fuese necesario, apercibiendo contra posibles movilizaciones. Por último, anunció que se prescindiría de los controladores en los aeropuertos con poco tráfico y que se desplazarían a los de más actividad, para pagar menos horas extras.
El resultado de todas estas acciones fue el previsto. Los controladores recurrieron a su arma tradicional, la huelga encubierta, con la que ralentizan las operaciones. Incluso, el colectivo hizo su propia interpretación de las horas máxima de trabajo al año y predijo que a finales de noviembre habría que cerrar algunas torres, como la de Santiago de Compostela, porque sus empleados habrían agotado su jornada anual. Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue el anuncio oficial de la privatización de AENA.
Fue suficiente para que los controladores, hartos de tanta conflictividad, comenzasen a abandonar sus puestos de trabajo, ¡oh casualidad!, justo el viernes en que comenzaba el puente de la Constitución, uno de los días con más tráfico aéreo. La consecuencia inicial fue la esperada por el gremio. Cundió el caos en los aeropuertos. Miles de ciudadanos esperaban en los aeropuertos sin saber qué pasaba y en el mejor de los casos optaban por quedarse sin vacaciones y regresar a casa. Otros, atrapados en el extranjero, buscaban la forma de volver al hogar.
Lo que no previeron es que, ante esta situación, el Ejecutivo terminara por declarar el estado de alarma, militarizando a los controladores; una acción extrema pero contundente. Los activistas volvieron a sus pantallas sabiendo que habían perdido la batalla por el control aéreo, mientras que el Gobierno sometía a uno de los gremios más privilegiados del país.
Paraíso aéreo
De no ser por las continuas protestas de los controladores, 2010 habría terminado como el año de la recuperación. El Archipiélago registró 10,5 millones de turistas, entre los que destaca un aumento de más de 400.000 extranjeros, casi un 5% más, tras dos años malos. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, atribuyó parte de la mejoría a la reducción de las tasas aéreas y solicitó a José Luis Rodríguez Zapatero su completa supresión en el Archipiélago. Justificó que esta medida había propiciado que aerolíneas como Ryanair ampliasen sus vuelos a las Islas.
Otro elemento que afectó fue el volcán islandés Eyjafjalla. El riesgo a que sus cenizas dañasen los motores o impidiese ver a los pilotos obligó a detener la actividad aérea en Europa entre el 14 y el 23 de abril, afectando a siete millones de personas. Canarias no sufrió directamente las consecuencias, pero sus turistas sí, que no podían viajar. Con el fin de reducir los inconvenientes, AENA activo gabinetes de crisis en los aeropuertos turísticos de las Islas. Cuando ya todo había pasado el turoperador Thomas Cook dio la sorpresa al descontar a los hoteleros un 5% de la factura de julio y agosto para compensar los costes que tuvo con motivo del volcán. De nada sirvieron las quejas de la patronal, que contó con el Gobierno canario y el Ministerio. La compañía británica se salió con la suya, no sin antes prometer que no volvería a repetir la medida y que compensaría a los hoteleros en 2011.
Entre tanto, La Gomera tuvo el honor de convertirse el 29 de julio en el primer aeropuerto de España en implantar un nuevo modelo denominado AFIS. A través de él, unos operarios, que no son controladores, dan información básica a los pilotos, como el tiempo, las incidencias y la presencia de otras aeronaves en la zona. AENA destacó que el nuevo sistema con los operarios AFIS es igual de seguro que con los controladores, pero con la ventaja de que cuesta hasta un 67% menos. De esta manera, el ente público espera reducir la factura de personal de 850.000 euros a 285.000, que es lo que percibirán los cinco empleados recién preparados. Eso sí, en El Hierro la implantación no fue tan fácil. El presidente del Cabildo, Tomás Padrón, se opuso y logró que AENA mantuviese a los controladores en las horas en las que hay vuelos comerciales y operadores AFIS al final del día.
Por su parte, el Gobierno canario también vivió su disputa aérea, aunque en esta ocasión el frente vino del lado de las compañías aéreas, que dijeron que había que cambiar la franquicia del equipaje. Hasta la fecha las aerolíneas entendían que un pasajero podía llevar sin sobrecoste un equipaje de hasta 23 kilos de peso, pero en febrero, Iberia dijo que 23 kilos sí, pero en una sola maleta. A cambio, ofreció que el exceso de equipaje se pagaría a la mitad de precio. El presidente del Ejecutivo autonómico, Paulino Rivero puso el grito en el cielo y llamó a la rebelión.
A Rivero le faltó poco para convocar una protesta en contra de la empresa, a la que acusó de atentar contra los intereses generales del Archipiélago. Por si quedaba alguna duda del malestar, el dirigente ordenó, como medida preventiva punitiva, que el Servicio de Defensa de la Competencia investigase el cambio de criterio. Sin embargo, el pitote quedó en poca cosa. Rivero habló con el presidente de Iberia, Antonio Vázquez, y se llegó a un acuerdo que reconoce, en opinión del Ejecutivo autonómico, las especificidades de las Islas. Desde entonces, los canarios pueden facturar hasta 32 kilos pagando 15 euros adicionales.
