La Justicia en Canarias no varía. Mantiene el mismo ritmo que hace uno, dos o cinco años. Con acumulación de causas porque por mucho que se resuelvan casos, se incoan más; con déficit de personal en los juzgados, amén de la gravedad de que más de la mitad sean funcionarios interinos; y con una carencia grave de jueces, juezas y fiscales, de los que casi dos de cada diez son sustitutos.
La situación de la Justicia en Canarias se repite. Y ello por no hablar de la sempiterna nueva reorganización de los juzgados, que se inició en 2003 y aún esta en proyectos pilotos. Lo cierto es que Canarias siguen liderando estadísticas negativas en un mundo judicial en el que abundan sustitutos que no son profesionales de carrera, lo que ralentiza la Justicia cuando no la entorpece directamente. La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha creado un programa de formación para esa abundante bolsa de trabajadores que no han pasado por una oposición, pero los representantes sindicales se quejan de que hay que seguir enseñándoles sobre la marcha, lo que les quita tiempo. “Es imposible agilizar las tramitaciones”, sostiene el presidente de la Junta de Personal de Santa Cruz de Tenerife, Gregorio Pérez Sosa.
La crisis económica se ha notado sobre todo en las jurisdicciones Social y Civil (Mercantil). En la primera se dirimen entre otros asuntos, los despidos que se creen nulos o improcedentes. Miles desde 2008. En la segunda se juzgan las suspensiones de pagos y quiebras y los impagos de empresas. Y según datos de la CEOE, cerca de 20.000 pequeñas y medianas empresas habían echado el cerrojazo en Canarias en 2009, muchas de ellas con deudas pendientes que acabaron en causas judiciales. De esas causas, 1.103 aún se estaban tramitando cuando comenzó 2010, según los últimos datos recogidos en Canarias por el Consejo General del Poder Judicial. Al acabar 2010, los asuntos mercantiles pendientes de sentencia eran 1.379. Por mucho que intenten correr, los únicos tres juzgados de lo mercantil en el Archipiélago no dan abasto. Más grave es la situación de los juzgados de lo Social. Los veinte que hay en Canarias (siete en la provincia tinerfeña y trece en la de Las Palmas), aglutinaban nada menos que 16.181 demandas pendientes de sentencia a finales de 2010, pero es que a lo largo de ese año les habían entrado otros 23.306 asuntos nuevos.
Proyectos paralizados
La crisis, que ha limitado la creación de nuevos órganos judiciales, también ha tenido una repercusión directa en esos dos ambiciosos proyectos que son los nuevos palacios de justicia de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Para éste último, al menos ha habido dinero en los últimos dos años, aunque poco, lo que ha permitido seguir con su construcción; pero del de Santa Cruz de Tenerife nada se sabe, salvo que hay una parcela definida y un proyecto arquitectónico aprobado, sin ningún presupuesto asignado para iniciar las obras de edificación.
Así que no se pueden crear más juzgados, no solo porque sean caros y no haya con qué dotarlos, sino porque ni siquiera hay espacio físico para ello, lo que lleva al alquiler de garajes, galerías comerciales y otros locales privados, que hay que adaptar para convertirlos en oficinas judiciales, lo que supone un gasto millonario (sólo adaptar la actual sede de los juzgados de lo Social en la capital tinerfeña supuso más de dos millones y medio de euros), a los que luego hay que añadir un chorreo mensual en alquileres que rebasa los 12 millones anuales. Con todo, los problemas que afectan al funcionamiento interno de la Justicia apenas han tenido repercusión en los medios de comunicación porque los sindicatos han estado tranquilos, pese al recorte de salarios en toda la función pública y la congelación de algunos complementos específicos.
Cohechos, prevaricaciones…
Sin embargo, los juzgados sí fueron noticia y llenaron portadas, o mejor dicho, lo fueron algunos casos que han acabado en juzgados de lo Penal después de las correspondientes denuncias por parte de las fiscalías de Anticorrupción y de las de Medio Ambiente y Contra la Ordenación del Territorio. Una de las denuncias más mediáticas y que recoge la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 2009 es la que interpuso en febrero de ese año Ben Magec-Ecologistas en Acción, con el Puerto de Granadilla como telón de fondo, por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y tráfico de influencias y prevaricación, que se sumaron a otros dos oficios que la Fiscalía General del Estado remitió a la de Santa Cruz de Tenerife por otras tantas denuncias por lo mismo firmadas por Izquierda Unida Canarias.
Lo que se denunció es cómo el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife llevaron a cabo, “de forma arbitraria e irregular” la descatalogación de las especies animales tanto marinas como terrestres que pudieran suponer una traba a la construcción del futuro puerto. Aún no ha acabado de enjuiciarse. También tuvo su eco mediático la imputación de toda la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona y varios de sus técnicos por una posible prevaricación urbanística continuada, debida a la supuesta concesión de licencias de obras, prórrogas de licencias y otras autorizaciones administrativas concedidas con los informes negativos de sus servicios jurídicos. Tampoco ha terminado de enjuiciarse.
Más repercusión aún tuvo (y tiene) el caso Las Teresitas, con 13 imputados que en total suman 28 imputaciones por prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. La causa de la multimillonaria operación de compra-venta de los terrenos del frente de playa y fincas aledañas, que después fueron recalificados, y que investiga la magistrada de la Sala de lo Penal del TSJC Carla Bellini desde hace ya seis años, lejos de estar conclusa parece el cuento de nunca acabar. Así, en febrero de 2010 se añadieron tres nuevas imputaciones por cohecho a tres ex concejales del Ayuntamiento chicharrero.
Tragedias por resolver
De la misma manera, llenó portadas en 2010 el caso Aitana, una tragedia que conmovió a toda la sociedad canaria y que puso en entredicho la forma de actuar de algunos medios de comunicación, que se rebozaron en la morbosidad y lincharon psicológicamente al que se suponía autor de la violación y muerte de una niña de tres años, hija de su pareja. Cuatro días más tarde, el acusado Diego P.V. fue puesto en libertad porque las dos autopsias que le hicieron a la pequeña descartaron los malos tratos y la agresión sexual. Los forenses concluyeron que el fallecimiento se debió a una caída días antes. Este caso ha sido reabierto en 2011.
Sin embargo, uno de los casos más llamativos de los últimos meses, y que lejos de estar cerrado no ha hecho más que comenzar, es el caso de la Casa Cuna, que arrancó en junio de 2010 con la denuncia de un menor de ese centro por los abusos sexuales continuados que le infringía un cuidador. La denuncia de ese menor animó a otros dos jóvenes, ahora adultos, a denunciar que ellos también sufrieron abusos sexuales por parte del mismo acusado desde hacía más de dos décadas. La denuncia por los abusos sexuales, que se sigue en el juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, dio paso a una riada de denuncias por malos tratos en esa institución, algunos de los cuales se remontan en el tiempo hasta el Franquismo. Muchos casos son espeluznantes.
Esos malos tratos a su vez destaparon la entrega en adopciones sin ningún control de bebés y niños a familias no solo de Canarias, sino también de la Península, en una supuesta trama de niños robados que las fiscalías provinciales investigan en la actualidad. El testimonio de la tinerfeña Liberia Hernández es conmovedor. Fue entregada una familia de Alcoy, en Alicante, cuando tenía ocho años. Lo recuerda todo, los malos tratos que asegura haber sufrido cuando estaba acogida en el Hogar Sagrada Familia de Ofra, y los que recibió después en la casa de sus padres adoptivos. Su madre estuvo 20 años preguntando por su hija. Pudo reencontrarse con ella dos años antes de morir.
Violencia de género
Y puestos a tocar el doloroso capítulo de los malos tratos, Canarias sigue a la cabeza en violencia de género y doméstica. Solamente en los juzgados especializados de la provincia tinerfeña se registraron 5.082 asuntos a lo largo de 2010. Es la tercera provincia con más malos tratos conocidos de toda España. En el conjunto del Archipiélago fueron 10.893 los asuntos incoados por violencia machista, a los que hay que añadir 1.337 que seguían en trámite, aunque también es cierto que se resolvieron 10.950 casos. Esa cifra en absoluto representa la realidad, ya que muchas víctimas renuncian al proceso judicial a mitad de camino. Y algunas, tristemente, acaban muertas.
