De nuevo toca hacer el siempre difícil balance de lo acontecido a lo largo del 2010 en Canarias vinculado al Medio Ambiente, un año que continúa una tendencia negativa, paralela a la gran depresión económica que padece España, pero que en el Archipiélago es aún más sangrante. Esta crisis que se prolonga desde hace tres años convierte al Medio Ambiente en no pocas ocasiones en algo prescindible, cuando no un obstáculo, en aras del desarrollo económico.
La disminución en la importancia del Medio Ambiente es una situación especialmente notoria en el acusado y progresivo descenso en los capítulos presupuestarios dedicados, por las diferentes administraciones públicas canarias, al apartado medioambiental. En ese sentido, es fiel reflejo de esta situación el sacrificio sistemático de la inmensa mayoría de los programas de Educación Ambiental, consumado a lo largo del 2010 en aras del ahorro, lo que supone un peligroso procedimiento cara al futuro de estas islas y de la escasa sensibilización ambiental de sus ciudadanos. Eso sí, el año 2010 fue un año benévolo meteorológicamente hablando, con una pluviometría abundante y un verano no muy caluroso, por lo que no se produjeron grandes incendios, lo que tras varios años de incidencias supuso un respiro para nuestras masas forestales.
En la vertiente recreativa y de uso público se está consolidando en estos años el desarrollo a escala insular de redes de senderos señalizados y homologados por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), merced a la financiación del programa Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) y otras administraciones canarias. La Palma fue la isla pionera en el desarrollo de una red insular. Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, cada una con sus singularidades y geografías diversas se han sumado a esta opción para atraer a un turismo diferente al de sol y playa, más concienciado y respetuoso no sólo con la naturaleza sino con la cultura local.
Espacios Naturales. En la actualidad, las islas tienen protegido su territorio desde medianías a cumbres en un todo casi continuo que facilita su conservación; sin embargo desde medianías hacia costas, los Espacios Naturales Protegidos son muy fragmentarios. Además, nunca se ha puesto en valor una política de creación de corredores ecológicos para la coherencia de la red de espacios en la zona baja y que se vinculen a ella las Administraciones, respetándola, de forma que las áreas protegidas no se conviertan en jardines ecológicos sin cohesión y sin vías para su supervivencia genética. Un hecho de trascendencia histórica fue la preparación para el traspaso de la gestión de los cuatro parques nacionales canarios: Teide, Caldera de Taburiente, Garajonay y Timanfaya a la Comunidad Autónoma, después de un largo proceso de negociación de las transferencias. Así, según reconocen fuentes ministeriales, han sido los parques mejor dotados económicamente de todo el estado en el proceso de transferencias en cuanto a los recursos cedidos por la administración. Otra cosa es cómo se gestionen.
No son pocas las voces autorizadas que cuestionan la idoneidad de acercar la gestión de estas joyas de la naturaleza al ciudadano, máxime cuando se trata de islas pequeñas, con escasos recursos y con fuertes presiones e intereses en sus límites. Si bien iba a ser el Gobierno de Canarias el encargado de la gestión, la presión política del Cabildo de Tenerife para hacerse cargo de la gestión del Parque Nacional del Teide hizo que el Gobierno de Canarias tuviera que modificar su plan inicial de asumir la gestión conjunta de los cuatro grandes espacios naturales y ceder, a principios del 2011, a los cabildos insulares que así lo deseen la posibilidad de gestionarlos. Aunque en Tenerife esto no tiene porque suponer un riesgo para la conservación, si lo es a todas luces en el resto de las islas (La Palma, La Gomera y Lanzarote), con una trayectoria histórica dudosa y escasamente comprometida en la protección de sus espacios naturales.
Catálogo de especies. Quizás la batalla ambiental más sangrante del pasado año (y de los últimos tiempos, al margen del propio Puerto de Granadilla) fue la que enfrentó duramente al Gobierno de Canarias con la práctica totalidad de la comunidad científica y universitaria del Archipiélago. Todo ocurrió tras la aprobación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas, promovida inequívocamente por los responsables políticos del Gobierno con el fin de eliminar las trabas legales para la construcción del Puerto de Granadilla y, de paso, otras infraestructuras y proyectos repartidos a lo largo de las siete islas. El catálogo debería haber sido mejor contrastado con la comunidad científica y la sociedad. Por desgracia, nunca se produjo un proceso de participación, Más bien al contrario, se trató de aprobar esta ley por la vía de urgencia y aguantando el temporal razonado y mediático de los opositores. Bastó con que los responsables políticos, conscientes de la aritmética parlamentaria y con la confianza de que estas maniobras “poco elegantes” a la larga no pasan factura en las urnas, hicieran oídos sordos al estruendo de la comunidad científica y universitaria, para conseguir sus objetivos.
Si este catálogo se hubiera realizado con el procedimiento lógico y habitual, se podrían haber dirimido (o incluso resuelto) algunos casos de especies a las que se desprotege o rebaja su nivel de protección, por estar implicados en procesos urbanísticos o de construcción de infraestructuras. Sí es cierto que algunas especies necesitaban que se actualizase su categoría de amenaza, lo que se ha efectuado con mayor o menor acierto por el nuevo catálogo y también hay que ser consciente de que no era lógico proteger tantas especies en Canarias. Esta protección supone obligar a dedicar fondos y esfuerzos administrativos en su protección, así como someter a prohibiciones o autorizaciones a los ciudadanos para proteger nada menos que 999 especies (antiguo catálogo), de las que no todas están necesitadas claramente de protección. Eso sí, inexplicable resulta el novedoso (siendo generosos con el termino) concepto recogido en esta ley bajo la categoría de “especies de Interés para los Ecosistemas Canarios”, que sólo se protegen cuando se encuentren dentro de un espacio natural protegido. Absurdo a todas luces, porque el espacio natural ya constituye un nivel de protección y es fuera de ellos donde deberían quedar protegidas. Esto es más importante aún en especies protegidas por la normativa europea (Directiva Hábitat).
En cuanto a la fuente de la polémica, la nueva catalogación de la seba (Cymodocea nodosa), sabemos que está influida por el futuro muelle de Granadilla y así lo reconoce públicamente el propio biólogo Antonio Machado, que ha participado en la elaboración del nuevo catálogo y es Director del Observatorio ambiental del Puerto de Granadilla. Ahora bien, los últimos datos de la especie que se van recogiendo no avisan de peligros ni declives serios. Al revés, han aumentado los descubrimientos de sebadales en los últimos años, aunque, por supuesto, la especie siempre tiene un riesgo. Se trata de efectuar seguimientos preventivos de sus poblaciones, pero parece lógico mantenerla por el momento en la categoría que propone el nuevo catálogo. Sin embargo, está por ver si hemos asistido al último capítulo del culebrón ambiental del Puerto de Granadilla. Casi seguro que no.
Cambio climático. La Agencia de Desarrollo Sostenible y Cambio climático, que empezó siendo la gran apuesta ambiental del Gobierno, se fue desdibujando progresivamente por la falta de definición de objetivos claros y la escasez de recursos por parte de la Presidencia del Gobierno. Ante esta situación, es normal que el grado de cumplimiento de su objetivo de coordinar política de sostenibilidad con todas las consejerías de la Comunidad Autónoma haya sido meramente testimonial. Y lo que es más grave, su supervivencia cara al futuro se encuentra amenazada, lo que constituiría un grave error. A partir del 2012 entrará en vigor toda la normativa europea, de obligado cumplimiento, que compromete a los países miembros a reducir sus emisiones de CO2 a la atmósfera, vinculada a los Acuerdos de Kyoto y Copenhague, y de conseguir reducir un 20 por ciento las emisiones en el 2020, así como que un 20 por ciento de la energía se produzca a través de las renovables. Como es normal, Canarias (al igual que España y muchos otros países europeos) va a llegar a estas fechas sin los deberes hechos y, seguramente, pidiendo prórrogas o moratorias.
La razón verdadera de este retraso será la apatía y falta de conocimiento de los responsables políticos en comenzar a desarrollar una verdadera política de adaptación a las nuevas exigencias comunitarias, reduciendo nuestras emisiones contaminantes, promoviendo una economía hipocarbónica, primero en los organismos públicos para luego extenderlos al sector privado. Nos encontramos en una encrucijada histórica a la que no le estamos dando la suficiente importancia y que supone todo un reto para nuestra sociedad, que debe concienciar a todos los sectores que la componen (políticos, empresarios, técnicos, etc.). Sin esta alianza y unidad de objetivos es imposible que alcancemos la meta de mejorar nuestra sostenibilidad. En ese sentido, tal y como se está haciendo en el resto de Europa, tanto las empresas como los organismos oficiales deben comenzar a analizar su huella de carbono; es decir, la cantidad de gases de efecto invernadero (CO2 y otros) que emiten a la atmósfera, para así poder desarrollar sistemas que la reduzcan, logrando a la vez bajar costes a medio y largo plazo.
Este proceso evaluatorio (y las auditorías energéticas) en plena expansión en las sociedades más desarrolladas de Europa, se encuentra todavía en pañales en nuestro Archipiélago. No hay que olvidar que la adaptación también se puede ver como una fuente de recursos económicos y de empleo, en un momento en que Canarias debe rellenar con soluciones sostenibles el gran socavón dejado en el tejido empresarial por el colapso del sector de la construcción y otros negocios insostenibles. En ese sentido, la adaptación de nuestro sistema productivo puede suponer una inmejorable herramienta comercial y promocional para nuestra principal fuente de riqueza, el turismo, así como nuestros productos (plátano, vino…), en un mercado cada vez más competitivo y donde cada territorio busca como diferenciarse positivamente del resto.
Energías renovables. Se ha producido un relativo incremento, a pesar del frenazo brusco que ha supuesto la drástica reducción de las ayudas estatales en energías fotovoltaicas. Resulta especialmente sangrante el retraso secular e histórico del Concurso Eólico del Gobierno de Canarias. Después del fiasco judicial del primero, el segundo se encuentra varado por varios recursos presentados en contra. Mientras tanto, el Archipiélago, un lugar privilegiado para el aprovechamiento de las energías renovables, acumula dos décadas de retraso respecto al resto de Europa. En estas condiciones, resulta muy complicado alcanzar los objetivos fijados por Bruselas de producción del 20 por ciento de la energía total a través de este tipo de energías. Mientras intentamos que se desarrollen los proyectos de energías renovables, hay que apostar de forma paralela (y de transición) por combustibles menos impactantes y contaminantes como el gas o el biodiesel. En ese sentido, potentes empresas del sector energético también se encuentran a la espera de
ver como se desarrolla el Puerto de Granadilla para promover fuertes inversiones en este campo.
Además, tenemos también iniciativas interesantes como el proyecto Gorona del viento, para convertir la isla de El Hierro en un espacio cien por cien sostenible, que se espera entre en funcionamiento a finales del 2011 (si otro proceso judicial que se ha abierto por posibles delitos contra los espacios naturales, la Red Natura 2000 y los bienes arqueológicos no viene a dar al traste con el proyecto). O el Mapa de azoteas de Lanzarote para su aprovechamiento para la instalación de placas fotovoltaicas. A pesar de esos casos, hemos de continuar insistiendo en depender cada vez menos de los combustibles fósiles. Así, hay que seguir los pasos internacionales en hidrógeno, pilas de combustible, vehículos eléctricos o energía del mar, tecnologías que se están abriendo camino a pasos agigantados en otros países avanzados y que aquí están en pañales o se miran como una extravagancia.
En resumen, demasiados frentes abiertos, muchas amenazas, reducción a cero de presupuestos ambientales y muy pocos pasos adelante por parte de las administraciones públicas a favor del Medio Ambiente. Uno de los objetivos del nuevo Gobierno salido de las elecciones del 2011 debería ser impulsar el sector medioambiental de una vez por todas, a través de su consideración como eje transversal de todas las políticas sectoriales, sin pensar que se trata de una moda ecologista pasajera, sino que es una meta de futuro inmediato, a la que tanto la dinámica de nuestro entorno natural y socioeconómico como la propia legislación comunitaria nos obligan a llegar. Es por ello, para concluir, que se necesita un mayor compromiso y una apuesta urgente y decidida por los recursos naturales y la sostenibilidad, que son el principal patrimonio de estas islas, no sólo porque le confieren singularidad y atractivo cara a nuestras fuentes de riqueza, sino también porque en el futuro inmediato pueden generar empleo y reducir nuestra dependencia energética a través del aprovechamiento de energías limpias y renovables.
