Los profesionales de la comunicación de Canarias, como parte del engranaje de esta sociedad, no han sido ajenos a la crisis del empleo que, pese a los discursos repletos de palabras vacías, se ha sufrido y sufre en el Archipiélago. Con casi 300.000 canarios sin trabajo -más allá de la creciente, insolidaria y ventajista economía sumergida que todos conocemos-, los trabajadores de los medios de comunicación no iban a ser una especie protegida frente a esta plaga.
La crisis del sector de los medios de comunicación, unida a la deficiente gestión de muchos empresarios y gerentes, se ha llevado por delante a medios informativos al completo. Mientras, a otros los ha dejado en el esqueleto mínimo indispensable para que sigan respirando. Y sobre todo, ha arrasado en el último año y medio con más de 200 puestos de trabajo, que se hunden unidos a las ilusiones, vocaciones y anhelos de esos profesionales. Una cuestión es modernizar, adaptar, reorientar, dimensionar las empresas de comunicación al evidente adelgazamiento del sector. Pero la receta no puede ser siempre la misma: el goteo interminable de la destrucción de un empleo que desaparece, que ni se recicla, ni se protege.
La ineficaz gestión de muchos rectores de los medios de comunicación está siendo un factor mucho más determinante que la propia crisis coyuntural de este negocio. Al final, con algunas decisiones erráticas y cortoplacistas, se logra que el funcionamiento correcto de los medios de comunicación sea inviable en términos de calidad del producto que ofrecen a la ciudadanía. Y en esa clave se engendra, anida, la segunda crisis del sector que ya estamos percibiendo y que como un tsunami viene creciendo desde lejos: la falta de credibilidad y el empobrecimiento del periodismo que ofrecemos a diario. Todo ello, unido a la deficiente adaptación tecnológica y profesional de los medios, pinta un panorama más que desolador.
Pero esta ceguera de muchas empresas de comunicación, esta falta de ideas, este entreguismo que fagocita al auténtico periodismo, exige la colaboración de más cómplices para esta muerte en silencio del sector. No se puede pretender mejorar el producto con un profesional de la comunicación cada día peor pagado, con jornadas laborales más extensas y con menos posibilidades para exigir sus derechos laborales, presionado por los poderes políticos y económicos para que no haga bien su trabajo. Y muchas veces también peor formado, todo un contrasentido dentro de esa excelencia que nos venden gobiernos e instituciones académicas.
La única consecuencia de todo ello es que el producto periodístico que sobrevive es, casi siempre, deficiente, sesgado y adulterado. La conclusión es una pérdida de valor del trabajo periodístico, que nadie parece estar interesado en cuantificar, y que contribuye a lastrar la supervivencia de las empresas dedicadas al sector de la comunicación. Al final, la destrucción de empleo ha golpeado a profesionales en todas las empresas de la comunicación de Canarias, desde las más sólidas hasta los últimos inventos mediáticos. Y principalmente en la parcela privada, pero también se está precarizando el trabajo en las sociedades públicas que se dedican a este sector, y en todas esas empresas que son subcontratadas con nuestro dinero para depauperar aún más esta profesión, ofreciendo salarios y condiciones de trabajo próximas al esclavismo y con una exigencia de disponibilidad total.
Y con esta idea arribo a otro eje de este diagnóstico somero y parcial, porque desde luego yo estoy del lado del ejercicio periodístico profesional, al servicio de los ciudadanos canarios que tienen el derecho constitucional a ser informados de una manera veraz y plural. Ante todo este panorama, las administraciones públicas del Archipiélago siguen mirando hacia otro lado, como si no pasara nada. Eso sí, hay que añadir que en estos momentos en los que el sector publicitario ha decaído hasta niveles insospechados desde el punto de vista de las empresas privadas, son los dineros de todos, pero que gestionan nuestros mandatarios, los que determinan las cuentas de resultado y la supervivencia de las empresas periodísticas.
La Administración se han convertido en el principal contratante, por la vía directa e indirecta, de la publicidad de la que viven los medios de comunicación. Esta posición, unida al carácter público de los fondos invertidos, podría haber sido la llave para frenar la sangría de despidos en este sector. Sin embargo, no ha sido así. Era tan sencillo como vincular las subvenciones habituales que reparten anualmente los organismos públicos entre los medios de comunicación (completada con el desarrollo y difusión de las campañas institucionales) al mantenimiento del empleo en las empresas beneficiadas de esos fondos y más aún si se les adjudican contratos públicos de prestación de servicios.
Esta herramienta, que se está utilizando en otros sectores económicos, parece no ser válida para el periodismo. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Será que no interesa proteger estos puestos de trabajo y que siempre es mejor mantener en el terreno de la docilidad a los periodistas tirando desde la correa de las empresas para las que trabajan? Una buena medida sería fiscalizar y abandonar esta política de subvenciones públicas al desempleo que se ha desarrollado en los medios de comunicación de Canarias.
Tampoco ayuda la conflictiva situación en la que se ha sumido al subsector de las televisiones locales de toda Canarias, que si bien en otras épocas, sobrevivían y generaban empleo, el judicializado y sentenciado concurso de adjudicación de la TDT provocó la desaparición de varias empresas, el endeudamiento brutal de las que podían seguir adelante y, en todos los casos, más despidos injustificados. Casos evidentes ocurrieron en Teidevisión-Canal 6, en el norte de Tenerife; o en El Día Televisión. Por resumir, el intento de ordenar el panorama audiovisual canario tiene hoy en día más sombras que luces, máxime cuando el propio Gobierno de Canarias mira para otro lado mientras, cada día, los ciudadanos somos testigos de cómo se incumple la legislación que ellos mismos impulsaron y las condiciones en las que la mayoría de las televisiones locales, que aún respiran, prestan este servicio.
Añádase el último jaque mate al sector, muy reciente, que supone la distribución, pendiente de confirmar oficialmente, de las 156 licencias de radio digital. El mero anuncio de los detalles de esta decisión ya pone con un pie en la calle a decenas de profesionales de las radios locales, además de lastrar su continuidad en las ondas. Los criterios del reparto serán objeto de estudio y de más de una reclamación, pero los periodistas, ante tanta decisión equivocada, como medida de solidaridad deberíamos examinar y cuestionar ambos procesos de adjudicación audiovisual.
Eso sí, la destrucción de empleo injustificada ya se han encadenado en los periódicos: primero, la aniquilación de La Gaceta de Canarias con 60 despidos; después, en El Día, más de 25. Mientras, Diario de Avisos ha pasado de una plantilla de 130 trabajadores, hace poco más de un año, a unos 75. Y en La Opinión de Tenerife, tras su ERE frustrado, ya ha perdido más de una docena de trabajadores; en La Provincia cayeron 28 empleados; y en Canarias 7 hubo una veintena de casos. Además, en el subsector de la prensa ha sido una constante el despido de profesionales formados, experimentados y con muchos años de trabajo a sus espaldas, a quienes como agradecimiento se les pone en la calle con lo justo. En las radios el golpe ha sido más controlado, pero se han vivido importantes crisis en empresas como la Radio El Día; y lo que parece que está por venir en la Cadena Ser en Canarias; también en agencias de información como ACN Press, logrando desarmar una empresa puntera y liquidando a más de 20 trabajadores.
En las televisiones, la sangría comenzó por Teidevisión-Canal 6, con casi 25 despidos en dos tandas, la mayoría improcedentes según los juzgados; y siguió en El Día Televisión, donde sin apenas ruido ni reacción, se exterminaron una docena de puestos de trabajo. También ocurrió algo similar en otras televisiones locales en las que la nula organización de los profesionales ha facilitado un goteo interminable de despidos pactados. Nos quieren dóciles, sin hacer preguntas incómodas, que actuemos como meros altavoces y propagandistas de sus mensajes y eso, por si alguien no se ha dado cuenta, no tiene nada que ver con el periodismo real que debe estar, por encima de todo, al servicio de la sociedad.
La defensa de los periodistas
¿Quién defiende a los periodistas profesionales ante tanta agresión empresarial y política? Pues desde luego, ni CCOO, ni UGT, ni el recién desembarcado CSIF, un sindicato vinculado al sector de los funcionarios. ¿Por qué? Pues evidente, porque para ellos el sector de la comunicación resulta estratégico debido a la doble presión a la que pueden someter a las empresas de comunicación utilizándonos para ello. Primero, a fuerza de lanzar a los empleados, la mayoría sin una conciencia sindical clara ni conocimiento de sus derechos, como arietes contra la empresa; y después, torciendo las voluntades para negociar a sus espaldas. Todo ello bajo el modus operandi de crear el conflicto y resolverlo pactando condiciones y prebendas con los administradores o gerentes de cada empresa. Además, no olvidemos que los sindicatos generalistas necesitan mantener abierta la puerta en los medios de comunicación para que se difundan sus intereses en otros sectores profesionales. Por eso, nunca nos defenderán como merecemos y necesitamos.
Y la lista de agravios y sinrazones que nos han llevado hasta el punto actual podría continuarse con: los esfuerzos de algunos para que nuestra profesión no esté regulada, al menos en unos mínimos; el incumplimiento legal para la creación de un organismo de control del sector audiovisual canario; las universidades que regalan becarios sin control a las empresas de comunicación… Este último ejemplo es un buena forma con la que los medios de comunicación consiguen mano de obra barata, incluso puede que gratis, para rellenar sus contenidos con alumnos bien intencionados pero dóciles ante el sistema establecido. Y a todo lo anterior hay que unir: la falta de corporativismo profesional o la escasa organización e implicación de los profesionales de la comunicación de Canarias en estructuras independientes y autónomas creadas para defendernos.
